El proyecto de los cuarteles de La Rubia de Valladolid mantiene 780 viviendas frente a la ampliación planteada por el Gobierno

Los antiguos cuarteles de La Rubia mantendrán el límite de 780 viviendas protegidas previsto para su transformación residencial. Sobre la mesa ha estado la posibilidad de declarar el ámbito como Área de Regeneración Urbana (ARU), una fórmula solicitada por Casa 47 –la entidad estatal de vivienda que adquirió los terrenos al Ministerio de Defensa en abril de este año y que está gestionando la operación– que permitiría superar la densidad ordinaria, pero que obliga a conservar al menos el 50% de las edificaciones existentes.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, explicó que esta posibilidad se estudió y se solicitó a la Junta de Castilla y León porque la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la que está trabajando el Ayuntamiento, con el objetivo de elevar las previsiones iniciales (200 pisos), establece una horquilla máxima de 70 viviendas por hectárea y demoler la mayoría de los edificios existentes.

«Lo que vamos a hacer es dejar dos piezas que dan a la carretera de Rueda, prácticamente testimoniales», subrayó antes de añadir que la razón es que «tienen cierto valor y pueden resultar útiles incluso para cuestiones vecinales».

El futuro residencial, al que aún le queda un largo trecho por recorrer para convertirse en realidad, se está diseñando mientras comienzan a despejarse los terrenos del antiguo acuartelamiento. La entidad estatal de vivienda ha puesto en marcha la contratación del proyecto de demolición, un paso previo a los derribos que deberá determinar cómo se ejecutarán los trabajos y cuál será su coste.

De hecho, ya está evaluando las propuestas de cuatro licitadores –Conegoal, Ingenia Soluciones para la Ingeniería, Ingeniería y Desarrollo Sostenible del Siglo XXI y el técnico José Antonio Meneses Navarro– para la redacción del proyecto de demolición, un contrato con un valor de 114.000 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses. La adjudicataria dispondrá de un plazo de 90 días naturales para redactar la documentación técnica necesaria que permita tramitar la licencia administrativa para el derribo.

Es importante señalar que el recinto reúne construcciones de muy distintos usos. El inventario preliminar recoge 62 edificios, entre ellos inmuebles de hasta tres plantas destinados a viviendas y dependencias para el personal, así como naves industriales que acogieron talleres y almacenes en las dependencias castrenses. También aparecen depósitos de combustible enterrados, al menos dos depósitos de agua, una galería de tiro, una piscina y varios cobertizos y cerramientos.

Los trabajos de demolición tendrán además que resolver la situación de algunos edificios cuyas fachadas forman parte del cerramiento exterior del antiguo cuartel. Antes de decidir su futuro será necesario estudiar su estabilidad. Si no puede garantizarse, se contempla la demolición completa de estos inmuebles, según recoge la información a la que ha tenido acceso este periódico.

Tampoco está claro todavía cuánto puede durar la intervención. Zarandona advirtió de que el recinto puede esconder «algunas dificultades» que solo se conocerán cuando comiencen los trabajos. «Han dado un plazo amplio porque ni nosotros ni ellos sabemos qué se van a encontrar». Entre las cuestiones pendientes está la antigua gasolinera y la posible existencia de residuos o productos que obliguen a actuar sobre los terrenos. «Puede ser que haya que intervenir en descontaminar suelos o no, pero eso hasta que no se empiece no se sabrá», insistió.

Mientras se prepara la intervención sobre los edificios, el Ayuntamiento continúa con la modificación del PGOU, que, según las previsiones municipales, tendrá su aprobación provisional en noviembre y la definitiva el año que viene. El objetivo es ordenar las casi 11 hectáreas del antiguo acuartelamiento y hacer posible su transformación urbanística con la meta de incrementar el parque público de vivienda.

El proyecto llega después de años de incertidumbre sobre el futuro del recinto. La entidad dependiente del departamento que gestiona Isabel Rodríguez formalizó la adquisición de los terrenos al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa por 8,4 millones. Antes, Defensa había intentado vender el suelo mediante dos subastas, inicialmente por 8,3 millones y posteriormente por 7,4 millones, sin encontrar comprador.

El cuartel permanece cerrado desde 2015, cuando la Agrupación de Apoyo Logístico 61 se trasladó a la base de El Empecinado, en Santovenia de Pisuerga. El recinto volvió a tener un uso militar puntual el pasado marzo, cuando una unidad del cuerpo de ingenieros realizó allí unas maniobras relacionadas con el desmontaje de estructuras metálicas.

Desde el ámbito vecinal, el presidente de la asociación de vecinos de La Rubia, José Luis Alonso, valoró de forma positiva la coordinación entre las administraciones para dar un uso residencial y dotacional a estos terrenos. «Los técnicos de la Concejalía de Urbanismo y de Casa 47 trabajan codo con codo para avanzar en este proyecto. La relación es excelente. Hay una colaboración muy intensa y dinámica», manifestó antes de indicar que este desarrollo es «clave» en la zona.

 «La Rubia carece de otras posibilidades de crecimiento al estar encajado entre la vía del tren y el río Pisuerga. Además, crecer de una forma racional pasa por aprovechar esos terrenos, que pueden dar al barrio otra vida y suponer una transformación tremenda. También pueden propiciar una transformación demográfica importante, ya que vendrá gente nueva a vivir al barrio, con un perfil multicultural. Creo que también será un espaldarazo económico, porque habrá que poner en marcha otra serie de servicios. En definitiva, es el futuro».