Defensa cifra en 11 millones la venta al SEPES del cuartel de La Rubia tras dos años atascado

El acuerdo del Consejo de Ministros de mayo de 2023 para vender el acuartelamiento de La Rubia a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) hacía presagiar un rápido desarrollo residencial en este terreno que el Gobierno central había sacado dos veces a subasta sin haber despertado interés privado, pero están a punto de cumplirse dos años desde aquella decisión de ‘traspasar’ la propiedad entre departamentos públicos, de Defensa a Vivienda, y no hay ningún avance.

La operación no se ha materializado todavía porque no hay un proyecto en firme, alega el SEPES sobre la necesidad de que se desarrolle un «instrumento de planeamiento» que «permita avanzar en la actuación» y, aunque aclara que están «trabajando en el proceso de adscripción» de estos suelos ubicados en la carretera de Rueda, todavía no forman parte de su parque público y, por tanto, no los pueden gestionar.

Ni en el departamento de Vivienda y Agenda Urbana que capitanea la ministra Isabel Rodríguez, ni en el que lidera Margarita Robles despejan dudas sobre fechas, ni número de viviendas sociales que se podrían construir, ni modelo residencial. Lo único que aclara Defensa es que no tiene previsto volver a sacar los terrenos a subasta en busca de inversores porque «la propiedad está siendo estudiada por SEPES para su adquisición».

¿Cuánto tendrá que ‘desembolsar’ la entidad pública de suelo? Aún están en negociaciones, insisten desde ambos departamentos, pero hay una cifra sobre la mesa: «La última valoración que se ha remitido a SEPES es de once millones de euros aproximadamente», aclaran desde Defensa.

A pesar de que el acuerdo definitivo se está dilatando en Valladolid, parece que no hay marcha atrás en la decisión de «fomentar el desarrollo urbanístico y la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible o social» en terrenos en desuso del Ministerio de Defensa, como evidencia el hecho de que el Ejecutivo central haya rechazado la oferta de una empresa que quería comprar la parcela del acuartelamiento de La Rubia.

Fue el 6 de junio de 2023 cuando Defensa recibió la solicitud de venta directa de un particular por un importe de 7.452.853,87 euros –la misma cuantía que la fijada en la segunda subasta y que se declaró desierta, igual que la primera, lanzada por 8,28 millones–. Unos días después, el 23 de junio del citado año, comunicaron al solicitante que no se podía llevar a cabo la operación porque la propiedad estaba incluida en el acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de mayo de 2023 para su venta a la Entidad Pública Empresarial de Suelo, según explicaron desde el área de Margarita Robles.

Así que ahí continúan las instalaciones de la carretera de Rueda, a la espera de la rúbrica definitiva que les permitan emprender una nueva vida. El problema es que el paso del tiempo está haciendo mella en su estado de conservación y hay que atajar sus achaques para evitar que los problemas en su estructura puedan ocasionar daños a terceros.

Tal es el deterioro, que el Ayuntamiento de Valladolid emitió una orden de ejecución para que realizaran varias reparaciones en el recinto. En concreto, el Consistorio reclamó a Defensa que repararan la cubierta de una edificación, después de que también comunicaran la necesidad de arreglar una valla y parte de una garita. Según aclararon desde la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, solicitaron al Ministerio la reparación de elementos que se estaban desprendiendo porque existían riesgos para los viandantes.

En definitiva, la consecuencia de que se esté dilatando la venta del acuartelamiento al SEPES es que, además de dilatar el desarrollo urbanístico, su mantenimiento implica un perjuicio económico. Casi 115.500 euros de gastos para la conservación de un recinto que tiene los días contados.

A juicio del concejal de Vivienda del Consistorio vallisoletano, Ignacio Zarandona, esta parálisis evidencia una «falta de voluntad» por parte del Gobierno central para materializar este proyecto, que supondría un revulsivo para el barrio. Teniendo en cuenta que, aunque ahora mismo hay sitio para 340 viviendas, el Plan General de Ordenación Urbana se podría modificar para ampliar esta cifra. «Se pueden hacer reajustes para llegar a las 600», calculó el edil responsable del área urbanística de la ciudad.

Mientras, la asociación vecinal La Rubia ha programado una mesa redonda el próximo 24 de abril para «resolver dudas» y pedir a las autoridades competentes que les aclaren los planes de futuro en los terrenos de este acuartelamiento que acumula «más de diez años sin actividad». «Su desarrollo es fundamental porque ocupa un tercio de la superficie de nuestro barrio», remarcó el presidente del colectivo, José Luis Alonso, en referencia a las once hectáreas de extensión.

En ese encuentro del día 24, indicó Alonso, está previsto que participen un representante del Senado, el concejal de Urbanismo de Valladolid, el «experto en desamortizaciones militares» Federico Camarín y un representante de la asociación vecinal La Rubia, con una profesora de Arquitectura de la Universidad de Valladolid como m0deradora. Al encuentro también han invitado al subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, que siempre les ha reiterado el interés de Pedro Sánchez en este tipo de acciones para facilitar la construcción de viviendas sociales.

La asociación ha llegado incluso a escribir a la ministra Margarita Robles para mostrarles la «preocupación» de los vecinos por el «estado de abandono» de unas instalaciones que «amenazan peligro de ruina» y que, además, «están generando problemas de salud pública», pues han observado «con frecuencia [...] ratas de gran tamaño».

En su escrito solicitaron a la ministra Robles que se abran nuevas calles entre la carretera de Rueda y el callejón de la maestranza y que uno de los edificios del acuartelamiento se rehabilite para convertirlo en un centro cívico.