La Diputación contiene el despilfarro de Meseta Ski pero sigue en vía muerta

Una de cal y otra de arena. Es el resumen de la gestión de la Diputación de Valladolid con las maltrechas instalaciones, a medio construir, que iban a formar parte del proyecto ‘Meseta Ski’ en la pedanía tordesillana de Villavieja del Cerro. Por un lado, la Institución ya no se gasta la friolera de 65.000 euros anuales en vigilar los edificios inconclusos. Ha sustituido a los dos vigilantes que ejercían de centinelas del lugar –con una empresa contratada a tal efecto–, por un circuito de cámaras que reducen el presupuesto a poco más de 3.600 euros al año. Por otro, no termina de decidir qué destino dar a un complejo de inmuebles que tienen valor patrimonial, pero que duermen el sueño de los justos sine die.

‘Meseta Ski’, rebautizado con el nombre de ‘Meseta Sport’, ha venido siendo desde 2006 –cuando a alguien se le ocurrió la idea–, un dolor de cabeza para todos los presidentes de la Institución, desde el origen del proyecto con el veterano Ramiro Ruiz Medrano hasta el actual, Conrado Íscar, pasando por el hoy alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que también estuvo a las riendas de la Diputación ocho años. Un proyecto de una pista de ski seco que nació para lanzar el turismo en la comarca de Tordesillas; que comenzó con un presupuesto de 4 millones de euros pero que se fue incrementando, a medida que avanzaban las obras, hasta los 12 millones, para finalmente terminar inconcluso debido a sentencias urbanísticas contrarias, de un pleito que comenzaron grupos ecologistas y que obligaron a detener la intervención en el cerro y mutilar las pistas.

Con la judicialización de las obras, imputado, entre otros, quien fuera vicepresidente de la Diputación y presidente de la Sociedad Provincial para el Desarrollo de Valladolid (Sodeva), Alfonso Centeno, la Diputación optó por dar frenazo en seco. Carnero dejó meridianamente claro que no se haría nada mientras no hablaran los tribunales, y a esa decisión sigue apuntado el actual presidente. Ya solo queda que el Tribunal Supremo resuelva un recurso de Centeno, pero tanto se ha dejado el asunto en la nevera que se ha quedado congelado.

«En primer lugar, conviene señalar que el procedimiento judicial vinculado a este asunto continúa en tramitación y, a fecha de hoy, no existe una resolución firme», explica la Diputación de Valladolid en respuesta a este periódico. «Como es conocido, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó una sentencia que impone al señor Alfonso Centeno una pena de inhabilitación de nueve años y un mes. Dicha resolución fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por su representación legal, encontrándose actualmente pendiente de resolución».

«La Diputación de Valladolid ha mantenido durante todo este proceso una posición de máximo respeto hacia las decisiones de los órganos jurisdiccionales y considera necesario esperar a la conclusión definitiva de la vía judicial antes de adoptar cualquier decisión que pudiera verse afectada por el resultado de dicho procedimiento. En consecuencia, mientras no exista una sentencia firme, la Institución no contempla realizar valoraciones», añade. «Por otra parte, y al margen de la evolución del procedimiento judicial, la Diputación continúa desarrollando labores de análisis y evaluación interna respecto a las distintas alternativas que puedan resultar más adecuadas para el futuro de estas instalaciones, que, en su caso, será dado a conocer públicamente cuando las circunstancias lo permitan».

Conservación

Hasta ahí, ningún cambio. La novedad está en el ahorro del servicio de vigilancia: «La Diputación sigue atendiendo las actuaciones imprescindibles para garantizar la adecuada conservación y seguridad de las instalaciones. El coste de dichas tareas podría situarse en torno a los 250 euros mensuales más IVA».

El último gran gasto de la Diputación para la vigilancia del complejo, como avanzó este periódico, fue la formalización, el 16 de enero de 2024, del contrato adjudicado por acuerdo del consejo de administración de Sodeva a la licitadora Unium Servicios Auxiliares, SL por importe de 64.706,79 euros, IVA incluido, por el plazo de doce meses con posibilidad de prórroga por un periodo equivalente de doce meses adicionales.

Con fecha 19 de noviembre de 2024, el mismo consejo de administración de Sodeva acordó no prorrogar el contrato, extinguiéndose el mismo por su cumplimiento el 15 de enero de 2025. A partir de esa fecha las cámaras de seguridad tomaron el relevo a los vigilantes, con el consabido ahorro para las arcas de la institución provincial, desde esos 64.706,79 euros a tan solo 3.630, casi 20 veces menos.

Desde 2012 hasta el fin de 2024, la Diputación provincial se había gastado 700.000 euros en la vigilancia de Meseta Ski, o Meseta Sport. Tan grande fue el fiasco del proyecto que no solo hubo que cambiar el nombre de las instalaciones, sino también el nombre de la empresa pública promotora, dependiente de la Diputación. Aquella inicial ‘Sodeva’ se llama ahora ‘Valladolid Avanza’.

Con cambio de nombre o sin cambio de nombre, la oposición de la Corporación provincial, sobre todo de la izquierda, siempre ha utilizado el pinchazo del proyecto para torpedear todos los gobiernos provinciales presididos por el Partido Popular. PSOE y Toma la Palabra vienen pidiendo desde hace mucho tiempo la disolución de Sodeva.

Sin embargo, Sodeva, hoy Valladolid Avanza, sigue encargándose de la gestión de los centros turísticos de la Diputación (Museo del Pan de Mayorga, Museo del Vino de Peñafiel, Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana, Centro de Recepción de Viajeros del Canal de Castilla en Medina de Rioseco, Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras, Valle de los 6 Sentidos de Renedo, Villa del Libro de Urueña, Castillo de Fuensaldaña y Centro Provincial de Artesanía de Portillo), además del suelo industrial que promueve la Institución Provincial en el medio rural.

Esos 3.630 euros de coste de las cámaras de seguridad de Meseta Sport no salen, de hecho, de las arcas de la Diputación, sino de las de Sodeva (o ‘Valladolid Avanza’). Una herramienta, esta sociedad pública, que el Gobierno de la Institución considera que sigue siendo válida.

Efectuada ya la primera decisión del ahorro en la vigilancia, queda pendiente aún la mayor de las decisiones: qué hacer con los edificios sin uso de Villavieja del Cerro. El Gobierno provincial sigue dejándolo en el cajón, pues hasta ahora el asunto solo ha traído complicaciones. Por su parte, los grupos de la oposición no ayudan, ya que los portavoces no renuncian a tener un arma, cualquiera que sea, para atacar a Conrado Íscar y su equipo.

Quizá si todos los grupos buscaran una solución de consenso, no sería tan difícil encontrarle un ‘oficio’ para el complejo de Villavieja del Cerro. Uno que ninguno tuviese la tentación de usar como arma arrojadiza. Pero la vieja cortesía parlamentaria ya no se estila. Y así, lo que fue un rayo de esperanza para el turismo de una comarca sigue en vía muerta, durmiendo el sueño de los justos.