Transportes pone fecha a la disolución de la integración ferroviaria en Valladolid

El principio del fin de la integración ferroviaria de Valladolid ya se vislumbra en el horizonte, salvo giro de última hora. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ha puesto fecha al inicio del proceso de disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), lo que supondrá el punto final al proyecto de integración del ferrocarril a su paso por la ciudad.

La del 24 de noviembre no será una reunión al uso. Se ha diseñado una hoja de ruta en tres fases para certificar la ruptura definitiva entre los socios, según fuentes consultadas por este periódico. Bajo la batuta del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, la comisión de seguimiento y el consejo de administración actuarán como preludio del momento clave: la junta general de accionistas. Será en ese 'cónclave' donde Adif, de la mano de Renfe, formalizará la petición de disolver la sociedad alegando el «incumplimiento» del convenio de 2017 por parte del Ayuntamiento y la Junta. 

El desenlace de la votación parece escrito de antemano. Se espera que las participaciones del Ministerio, a través de Adif y Renfe, sumen un 50% a favor de la disolución. Esta cifra previsiblemente la igualarán en sentido contrario el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta, ambos con un 25% del capital social cada uno. Este empate técnico, que refleja la parálisis de los órganos de gobierno de la entidad, dejará la decisión final en manos de la justicia. Tal y como anticipó Puente, Adif acudirá a la vía judicial para forzar la liquidación. «Procederemos inmediatamente a promover el correspondiente procedimiento ante el juzgado de lo Mercantil para concluir con esta situación», afirmó.

La decisión del Ministerio llega tras meses de un enfrentamiento cada vez más enconado. El detonante fue el bloqueo por parte del consistorio y del Gobierno autonómico a la licitación de las obras de los tres pasos proyectados en la zona de Ariza. Para el Ministerio, este proyecto era fundamental para mejorar la permeabilidad de la ciudad. La negativa de los socios locales fue calificada por Puente como una decisión que le causó un «profundo estupor», tomada sin ningún informe técnico que la avalara.

El argumento del equipo de gobierno municipal, liderado por Jesús Julio Carnero, es que la ejecución simultánea de las obras de Ariza y la nueva estación de tren provocaría un "colapso" en la movilidad. Una justificación que el ministro considera una «causa mutante», al recordar que se han esgrimido diferentes motivos a lo largo del tiempo para frenar los avances de la integración en superficie. «Llevamos un año solicitando un estudio. No lo hay. Y es evidente que no lo hay porque no puede haberlo, teniendo en cuenta que las obras de los tres pasos de Ariza se desarrollan precisamente en un lugar donde no hay circulación viaria», ironizó Puente.

Esta parálisis en proyectos clave llevó al Ministerio a una conclusión drástica. «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia», sentenció el ministro tras el último consejo de administración. El Gobierno entiende que la SVAV ya no puede cumplir el fin para el que fue creada, lo que justifica su extinción. La disolución de la sociedad abre un escenario de enorme complejidad, principalmente por la deuda de 400 millones de euros que arrastra. Este pasivo deberá repartirse entre los socios. «Habrá que distribuirla, de modo que cada parte asuma la responsabilidad que le corresponda», explicó Puente, quien advirtió que si no hay acuerdo en el reparto, será un juez quien decida qué cantidad debe afrontar cada administración.

Frente a esta postura, el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta han formado un frente común. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde Jesús Julio Carnero defienden que no existe causa jurídica para la disolución y ya han avisado de que la batalla se librará en los tribunales. Ambos insisten en que la sociedad debe seguir viva como el instrumento para transitar del actual modelo de integración, que consideran un "fracaso", hacia el soterramiento de las vías. «Nosotros no nos vamos a salir del convenio. Nosotros no vamos a salir de la sociedad», afirmó el regidor, quien insiste en que su objetivo es el diálogo para modificar el acuerdo de 2017 y recuperar el proyecto original de soterramiento.

Con la liquidación, proyectos como los pasos de Ariza o la demolición del viaducto de Arco de Ladrillo quedan cancelados. Sin embargo, el Ministerio ha garantizado que las grandes infraestructuras que dependen exclusivamente de Adif, como la nueva estación de trenes o la Variante Este de Mercancías, seguirán su curso.