Junta y Ayuntamiento defienden la continuidad de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad: "Nos vemos en los tribunales"

El Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León han formado este lunes un frente común contra la intención del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el exalcalde Óscar Puente, de liquidar la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), y han trasladado la batalla al terreno judicial. La advertencia la lanzó el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras un tenso Consejo de Administración que concluyó sin acuerdos: "En los tribunales nos veremos cuando proceda". 

El choque se produjo después de que el Ministerio, a través de Adif, manifestara su intención de convocar la Junta General de la sociedad con el único propósito de iniciar su liquidación. Una decisión que, tanto para el consejero como para el regidor Jesús Julio Carnero carece de todo fundamento. "¿Cuál es la causa jurídica de disolución y cuáles son los hechos que la justifican? No se nos ha dado respuesta", reprochó Suárez-Quiñones, quien denunció que Puente acudió a la reunión con el "único objetivo" de desmantelar la sociedad, a pesar de que esta "mantiene obras en marcha y un objeto social útil para Valladolid". Los motivos esgrimidos por Transportes, centrados en el impago de once millones de euros por parte del consistorio o una supuesta inacción, fueron calificados de "inconsistentes".

En una comparecencia conjunta en la Cúpula del Milenio, Carnero respaldó cada palabra del consejero y agradeció el "importantísimo y relevante papel" de la Junta. El regidor fue inflexible en su posición: "Nosotros no nos vamos a salir del convenio. Nosotros no vamos a salir de la sociedad". En este punto, defendió que la SVAV "tiene aún mucho trabajo por delante" y que, lejos de ser un ente paralizado, debe ser el vehículo para transitar del actual modelo de integración en superficie, que considera un fracaso, al anhelado soterramiento de las vías. "La integración no sirve a los vallisoletanos y por eso lo que queremos es transitar de la integración al soterramiento", afirmó.

Para evidenciar la debilidad de los argumentos del ministerio, el alcalde recordó que durante los mandatos de Óscar Puente al frente del Ayuntamiento "se aplazó hasta en tres ocasiones el pago" de esa misma deuda, sin que entonces se planteara una medida tan drástica. Carnero utilizó una metáfora para describir la situación actual de la sociedad: "Podremos ser un matrimonio que nos llevemos peor o mejor, en el cual no haya diálogo, pero aquí hay un matrimonio que se llama Sociedad Valladolid Alta Velocidad y un contrato matrimonial, que es el convenio. Y de ahí yo no me voy a mover".

El alcalde también anunció que convocará el próximo jueves la Mesa del Soterramiento para informar de la situación y criticó duramente lo que percibe como un trato discriminatorio hacia su ciudad. "Es una situación de imposición, de absoluta imposición e incomprensible hacia Valladolid, que no es equiparable al que se está dando en otras ciudades de España", lamentó, citando como ejemplo cercano el caso de Palencia. En este sentido, advirtió al Gobierno central que no aceptará presiones: "Al alcalde de Valladolid y a la ciudad de Valladolid no se le imponen las actuaciones a acometer por muy importantes que sean. No voy a consentir que nadie me marque los tiempos".

Carnero justificó su negativa a iniciar ahora los pasos subterráneos de la zona de Ariza por el inminente comienzo de las obras en la estación de tren, una actuación de "envergadura infame" que amenaza con generar un "bloqueo circulatorio". Según el alcalde, intervenir a la vez en la estación y en Ariza, en un tramo de apenas un kilómetro, "colapsaría la ciudad". "Y eso no lo voy a permitir", sentenció. Además, calificó de "incomprensible" y "absurdo" que el Ministerio de Transportes haya votado en contra de seguir adelante con el túnel de las calles Unión y Pelícano, un proyecto ya licitado y aprobado por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

El futuro se dirime ahora entre las salas de reuniones y los juzgados. Si el Ministerio de Transportes fuerza la votación en la Junta General de Accionistas, la Junta y el Ayuntamiento –que suman el 50% del capital– impedirán alcanzar la mayoría cualificada necesaria para la disolución. El siguiente paso, como admiten ambas partes, sería que el Gobierno acudiera al juzgado de lo Mercantil para que un juez decida. "Si ellos entienden que, una vez que no se haya disuelto la sociedad, quieren acudir a los tribunales mercantiles, están en su derecho", reconoció Carnero, dejando claro que el consistorio responderá en el mismo ámbito.

Mientras la batalla legal se prepara, el alcalde insiste en que la solución pasa por la negociación. "Llevo apelando históricamente al diálogo en este tema y, además, sin ningún tipo de imposición. Lo que tenemos que hacer es sentarnos y hablar claramente de cuáles son las opciones que tenemos cada una de las partes". Para Carnero, la necesidad de soterrar es más urgente que nunca, ahora que Valladolid está llamada a ser un nudo ferroviario "fundamental y esencial" del noroeste. "¿Qué quieren? ¿Qué sigan pasando las vías del tren por encima de nuestras vidas? Yo eso no lo voy a permitir", concluyó, con una promesa a sus ciudadanos: "El soterramiento se hará antes o después, que nadie lo dude".