El Ministerio incrementa en ocho millones el presupuesto para desatascar la Ciudad de la Justicia de Valladolid

El Ministerio de Justicia recibió este martes la autorización del Consejo de Ministros para sacar a concurso las obras de la Ciudad de la Justicia de Valladolid, con un incremento del 19% respecto al presupuesto inicial, después de que la dotación económica prevista resultara insuficiente y fuera necesario revisar al alza el coste del proyecto.

La decisión se produce después de que la empresa valenciana Vilor presentara una oferta que superaba el límite de 42 millones fijado en la licitación. Por este motivo, el Gobierno declaró nula la propuesta al exceder el presupuesto establecido.

Con este paso el departamento de Félix Bolaños se vio en la obligación de iniciar los trámites desde el principio con la intención de ajustar el pago a la realidad del mercado en un momento en el que el encarecimiento de los materiales de construcción por la guerra de Irán provocó tensiones en la cadena de suministro. Por todo ello, el Ministerio suma casi ocho millones de euros a los fondos, hasta alcanzar los 49,9 millones, con el propósito de garantizar la viabilidad del campus vallisoletano.

Además, según señalaron fuentes ministeriales cuando quedó desierta la licitación, la intención es acelerar los trámites para que las máquinas puedan entrar cuanto antes. No obstante, se mantiene el horizonte de 2029 para inaugurar las instalaciones.

La Ciudad de la Justicia albergará las 15 plazas judiciales de la Sección Civil, cinco de lo Social, dos de lo Mercantil, cuatro de lo Contencioso-Administrativo y la sección de Menores. También se trasladarán la Fiscalía de Valladolid y la de Menores, el Registro Civil, el Decanato y el Instituto de Medicina Legal, que contará con un acceso independiente. 

Una de las grandes novedades será un amplio salón de actos con entrada desde la calle, diseñado para acoger macrojuicios y evitar así traslados a la Feria de Valladolid, como ocurrió en octubre de 2024 en una vista oral con 63 acusados, más de 40 testigos y decenas de abogados. 

El proyecto incluye además salas para abogados y procuradores, una sala de lactancia y un aparcamiento subterráneo con 68 plazas, que se complementarán con las 164 del nuevo estacionamiento en superficie que ocupará la trasera del complejo, proyecto de urbanización que la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado mes de octubre.

Este diseño, que deja una reserva de más de 11.000 metros cuadrados para futuras ampliaciones, permitirá al Gobierno central "un ahorro de 1,2 millones de euros anuales en los alquileres que actualmente abona por diversas sedes", según precisó el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, el pasado mes de noviembre. Con la nueva configuración, se mantendrán en uso el edificio de la Audiencia Provincial y el de los juzgados de la calle Angustias, que previsiblemente acogerá los juzgados de Instrucción.

La propuesta arquitectónica, firmada por el estudio vallisoletano de Primitivo González, contempla la demolición completa del histórico inmueble de El Salvador para dar paso a "un moderno y amable campus" de 22.313 metros cuadrados. El diseño se articula en tres edificios conectados por pasarelas interiores, concebidos para "dialogar" con el entorno monumental de la plaza de San Pablo. La envolvente del complejo utilizará piedra caliza, en sintonía con la fachada de la iglesia de San Pablo, mientras que un torreón en la esquina con la calle San Quirce hará un "guiño" a los de los palacios Real y Pimentel. En recuerdo del centro escolar, en la fachada se colocará una inscripción en bronce con el nombre de El Salvador y un balón de rugby.

El primer paso será el derribo del colegio, que requerirá la autorización previa de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León al encontrarse dentro de la delimitación del Monumento Histórico-Artístico del Casco Antiguo de Valladolid, y una vez retirados los escombros, el calendario de las obras contempla dos meses más para el acondicionamiento del solar y la ejecución de la cimentación. La estructura del nuevo edificio no comenzará a ser visible hasta transcurridos cinco meses.

El proyecto ha atravesado múltiples cambios y retrasos desde su origen. Fue el equipo de Gobierno del exalcalde y hoy ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien decidió en 2015 descartar la ubicación en una parcela del barrio Girón, una propuesta heredada de la etapa de Francisco Javier León de la Riva que no convencía a los agentes jurídicos. Dicha parcela será cedida a la Junta para levantar 500 viviendas para jóvenes, según anunció el alcalde Jesús Julio Carnero.

La apuesta de Puente fue mantener los juzgados en el centro de la ciudad para evitar el vaciamiento del casco histórico, lo que le llevó a negociar la compra del solar de El Salvador a la Sareb por 8,3 millones y a cerrar un acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social para hacerse con parte del suelo del aparcamiento del antiguo hospital Río Hortega, conocido como la residencia.