Nuevo freno a la Ciudad de la Justicia de Valladolid: desierta la licitación porque la única oferta superaba el presupuesto

El proyecto para construir la Ciudad de la Justicia de Valladolid sufre un nuevo contratiempo. El proceso de licitación para las obras ha quedado desierto. La única empresa que concurrió al concurso, la valenciana Vilor, presentó una oferta económica que superaba el presupuesto de 42 millones de euros y, por tanto, fue declarada "nula". Esta circunstancia obliga al Ministerio de Justicia a reiniciar por completo el procedimiento de contratación.

Desde el departamento que dirige Félix Bolaños explican las causas que han motivado este escenario. “Tras la guerra en Irán, el conflicto se ha trasladado a los mercados y a las materias primas, lo que provoca tensiones en la cadena de suministro, con impacto en los costes de producción y transporte”. Además, apuntan que el cálculo económico del proyecto ya no se ajusta a la situación actual. “El precio de la obra estaba fijado en el año 2025 y, claro, la realidad ya no tiene nada que ver”.

Ahora, el Ministerio de Justicia debe seguir una nueva hoja de ruta. Los próximos pasos incluyen declarar formalmente la licitación desierta y proceder a una revisión y actualización del presupuesto base. Posteriormente, se necesitará la aprobación del nuevo proyecto de ejecución, la revisión de los pliegos, la autorización del Consejo de Ministros y la publicación de la nueva licitación. El objetivo es acelerar los trámites. “Queremos tener todo esto listo a finales de mayo o principios de junio”, señalan las mismas fuentes. Mientras avanza el proceso administrativo, anuncian que se realizarán otros trabajos sobre el terreno. “Vamos a ir haciendo catas y sondeos arqueológicos”.

Este incidente altera el cronograma inicial. La previsión era que las obras comenzaran antes del otoño de este año con un plazo de ejecución de 30 meses. Pese a este retraso, se mantiene el objetivo de que la nueva infraestructura judicial esté operativa en el año 2029.

El futuro campus es un proyecto esperado durante más de 15 años. Permitirá la unificación de los juzgados de jurisdicción civil y la reorganización de los 38 órganos judiciales de la ciudad en tres grandes sedes. El Tribunal de Justicia y la Audiencia Provincial permanecerán en la calle Angustias 21, los órganos penales en Angustias 40 y la jurisdicción civil se trasladará al nuevo edificio. Esta reunificación busca solucionar los problemas funcionales y de dispersión de sedes, además de eliminar el gasto anual de 1,2 millones de euros en arrendamientos.

El diseño del edificio es obra del estudio vallisoletano de Primitivo González. Contempla una superficie de más de 22.000 metros cuadrados en la plaza de San Pablo, junto al antiguo colegio El Salvador, que será demolido. El proyecto plantea un inmueble de hasta cuatro plantas de altura con una fachada de piedra caliza de Campaspero para integrarse en el entorno histórico del Palacio Real y el Palacio de Pimentel. En recuerdo del centro escolar, en la fachada se colocará una inscripción en bronce con el nombre de El Salvador y un balón de rugby.

El proyecto ha atravesado múltiples cambios y retrasos desde su origen. Fue el equipo de Gobierno del exalcalde y hoy ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien decidió en 2015 descartar la ubicación en una parcela del barrio Girón, una idea heredada de la etapa de Francisco Javier León de la Riva que no convencía a los agentes jurídicos. 

La apuesta de Puente fue mantener los juzgados en el centro de la ciudad para evitar el vaciamiento del casco histórico, lo que le llevó a negociar la compra del solar de El Salvador a la Sareb por 8,3 millones de euros y a cerrar un acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social para hacerse con parte del suelo del aparcamiento del antiguo Hospital Río Hortega, conocido como la residencia.