La mayoría de los arquitectos que optan a la Ciudad de la Justicia de Valladolid apuesta por demoler El Salvador

La construcción de la Ciudad de la Justicia de Valladolid en el terreno que ocupa el colegio de El Salvador implicaría previsiblemente la desaparición del antiguo centro escolar porque el inmueble no goza de ningún tipo de protección urbanística y porque no resulta funcional para el nuevo uso que se pretende. Estas dos son las principales razones esgrimidas por la mayoría de los arquitectos que aspiran a diseñar las instalaciones y que, en sus propuestas, dejan claro que prefieren erigir un nuevo edificio según los requerimientos exigidos, a mantener en pie el actual intentando ajustar el espacio a las necesidades.

De los quince interesados en el procedimiento lanzado en octubre de 2024 por el Gobierno central para la redacción del proyecto y posterior dirección de obras, casi todas las mercantiles apuestan por la demolición total de la edificación, mientras que sólo un reducto propone otras opciones, como el ‘indulto’ de la fachada o la conservación de las dos primeras plantas. Únicamente una de las candidatas cree que el edificio debe mantenerse en su totalidad y ensalza que tiene un valor histórico equiparable al del resto de inmuebles de la plaza de San Pablo.

Pero el grueso se decanta por el derribo de la edificación, que tuvo un uso docente durante prácticamente un siglo, hasta que en 2003 dijo adiós a los últimos alumnos. «Inadecuación volumétrica y estructural para los nuevos usos judiciales», «imposibilidad de adaptación a los requerimientos», «falta de carácter y de valor artístico», «ausencia de protección y catalogación» o dificultades para implementar medidas de eficiencia energética son algunas de las expresiones utilizadas por las empresas postulantes para justificar la demolición.

Si hay diversidad de propuestas es porque el Ministerio de Justicia ofrecía esta posibilidad. «El antiguo colegio El Salvador podrá ser objeto de demolición total o parcial, debiendo en todo caso justificarse debidamente la solución adoptada», reflejaban los pliegos de la contratación. Y la balanza se ha inclinado por tirarla.

Eso sí, el hecho de que buena parte de los aspirantes a diseñar las dependencias judiciales prefiera reducir a escombros El Salvador y elaborar una composición nueva, no significa que finalmente se vaya a desmantelar, puesto que el procedimiento aún no se ha resuelto y habrá que esperar a que el Ministerio que dirige Félix Bolaños seleccione a la empresa que se encargue de redactar el proyecto para saber cuál será su destino. Puede que la elegida sea la que apueste por su conservación, que sea una que quiera mantener la fachada o quizá sea una que prefiera echarlo abajo. Si fuera por una cuestión de probabilidad, el último escenario es el que tiene más papeletas.

Pero todavía queda esperar. Y tener en cuenta que, en cualquiera de los casos, el diseño de la imagen exterior se coordinará con la Subdirección General de Obras y Patrimonio.

Por el momento, el primer paso en el proceso de resolución del contrato ha sido analizar la propuesta técnica presentada por cada uno de los quince licitadores, en la que las empresas no sólo tuvieron que especificar su solución arquitectónica, sino también la distribución de las dependencias, los esquemas de circulación dentro del edificio, la posibilidad de una construcción por fases, la organización de las obras, o la implementación de sistemas de eficiencia energética.

Sin olvidar que también han tenido que detallar la capacidad de ampliación futura, pues la intención del Gobierno central es construir ahora un edificio que cubra las necesidades de las próximas dos décadas y deja abierta la posibilidad de incrementar las dependencias dentro de unos años, en caso de que fuera necesario. Es decir, no se va a consumir toda la edificabilidad posible.

Teniendo en cuenta todo este desglose, en este primer apartado referido a la valoración técnica el aspirante que ha obtenido mayor puntuación (48 de 49 puntos posibles) es el Estudio González Arquitectos de Valladolid, que ya tiene experiencia en el diseño de dependencias judiciales y que recientemente se alzó como ganador del proyecto de rehabilitación del convento de Santa Catalina de Siena.

En los escasos detalles del procedimiento que desvela el Ministerio de Justicia sobre esta nueva sede que permitirá unificar los órganos judiciales –ahora dispersos por la ciudad– se observa que la propuesta de este estudio vallisoletano pasa por impulsar «una imagen con cierto carácter monumental» y «un concepto actual de palacio de justicia» utilizando «materiales locales como la piedra de Campaspero incorporada a un sistema constructivo actual de paneles de fachada».

El departamento de Bolaños califica la propuesta como «muy adecuada», en referencia a la estructuración del edificio en «varias piezas de tamaño reducido, conformando patios», lo que, valoran, «proporciona una diversidad de espacios que se adapta bien a los distintos usos y funciones, aportando flexibilidad a la hora de organizar espacios, con buenas condiciones de iluminación natural». Respecto a una hipotética ampliación futura, su propuesta es elevar una planta.

Aunque de momento el Estudio González Arquitectos se posicione en el podio del listado de los quince candidatos una vez analizada la oferta técnica, todavía faltan por estudiar el resto de criterios estipulados en los pliegos, entre ellos, la oferta económica. Es decir, el proceso de elección continúa y restan trámites hasta conocer a la adjudicataria.

En total, el Gobierno ha reservado una partida de 2,3 millones de euros para la redacción del proyecto y dirección de obras y después prevé un desembolso de 43 millones para ejecutar los trabajos, con el objetivo de que la ansiada Ciudad de la Justicia sea una realidad en 2029, según confirmó el propio ministro Bolaños en una reciente visita a la ciudad, realizada el pasado mes de enero.

La inversión global, en todo caso, estará supeditada a lo que la empresa de arquitectura que se alce con el contrato calcule en presupuesto de ejecución material cuando redacte el proyecto. La referencia del Ministerio son 26,88 millones de euros en este concepto, pero habría que sumar los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA.

También queda pendiente de concretar cuál será la superficie final del edificio, de nuevo a expensas de que se elija a proyecto ganador, si bien la referencia del Ministerio son 22.313 metros cuadrados, tal y como refleja la documentación. La mayoría correspondería con superficie construida sobre rasante y alrededor de 2.000 bajo rasante, sobre todo para destinarlo a aparcamiento.

La previsión es que las obras salgan a licitación a finales de este año o principios de 2026.