La ARMH buscará con georradar las primeras fosas de la Guerra Civil en El Carmen de Valladolid

Aurelia Blanchard ejercía la docencia en Valladolid y, en 1919, se convirtió en la primera mujer en obtener una cátedra en una Escuela Normal en España. Era hermana de la pintora María Blanchard, destacada artista del círculo cubista en el que también figuraba Picasso. En agosto de 1936, la sacaron de su casa para asesinarla. En esas mismas fechas, una madre y su hija viajaron desde Medina de Rioseco hasta la capital con el objetivo de visitar al padre de familia en la cárcel. Nunca regresaron a su hogar. Las detuvieron y, desde entonces, se perdió su rastro.

Hoy, los indicios apuntan a que los restos de estas mujeres y de cerca de 200 personas yacen bajo la tierra de la sección civil del cementerio del Carmen. El registro de defunciones del camposanto anota la entrada de cadáveres sin identificar durante esos días de terror. Entre los papeles, figuran dos mujeres de edades compatibles con las de las vecinas de la Ciudad de los Almirantes, de 18 y 45 años. También aparece una mujer de 60 años. «La descripción de las ropas no encaja con la vestimenta de una campesina de la época, sino con alguien de una posición económica distinta y con otro tipo de moda», explica Julio del Olmo, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Valladolid, sobre la concordancia de las prendas con el perfil de la catedrática.

La entidad busca localizar las cuatro fosas de la Guerra Civil que aún están pendientes de intervención en el recinto. Para ello, avanza que un equipo de especialistas de la Universidad de Cantabria traerá tecnología de radar entre finales de julio y principios de agosto. «En vez de meter una máquina excavadora o el pico y la pala, procederemos con métodos no intrusivos», afirma Del Olmo antes de subrayar que «el georradar no localiza huesos, detecta alteraciones en la geología en un suelo que nunca ha sido movido».

La meta es ayudar a cerrar una herida abierta durante décadas. «En estos años hemos recuperado los cuerpos de 383 personas en seis fosas y nos faltan unas 200 víctimas en estas cuatro», asegura el portavoz de la agrupación. El área de búsqueda se sitúa a poca distancia de la puerta principal. «Unos 20 o 30 metros antes de acabar el paseo de cipreses, a la derecha, se abre una zona amplia donde prácticamente no hay enterramientos», describe Del Olmo. En ese lugar aparecen sepulturas aisladas con símbolos ajenos a la tradición católica, como triángulos de metal. «Ese es el cementerio civil, que en su día estaba separado por una tapia y después se tiró», relata. Este trabajo persigue localizar el lugar donde fueron enterradas las víctimas de estos «asesinatos extrajudiciales». El coste de esta intervención, según calcula, ronda los 3.000 euros y contará con el apoyo de voluntarios de la asociación.

El procedimiento administrativo ya está en marcha. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) del 28 de mayo publicó el expediente de la Dirección General de Relaciones Institucionales. El documento somete la solicitud de autorización a exposición pública por un plazo de 20 días hábiles. «La Junta ha admitido la petición de búsqueda, no de exhumación, y el primer paso administrativo es la apertura de este trámite de información pública», aclara Julio del Olmo. Tras este tiempo de rigor, el Consejo Técnico del Gobierno autonómico evaluará el informe para aprobar la intervención definitiva. «Este organismo cuenta con personal de archivos, de patrimonio y de entidades de memoria histórica».

La historia de la represión en Valladolid arroja cifras escalofriantes. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica tiene constancia de la entrada en el cementerio del Carmen de alrededor de 1.000 represaliados. Los documentos del archivo atestiguan que casi 600 víctimas terminaron en una decena de fosas comunes. El origen de los hallazgos anteriores surgió por los testimonios de familias sobre el cuadro 58 del recinto. «A partir de la primera fosa, ampliamos el terreno y encontramos las demás en cascada», recuerda Del Olmo sobre los trabajos del año 2017.

Las labores de identificación suponen retos de máxima dificultad ante el contexto de la época. El presidente de la asociación vallisoletana recalca la brutalidad de los crímenes al margen de la ley: «Son asesinatos extrajudiciales y obviamente el responsable no deja señales del lugar de los cuerpos», lamenta. Además, reflexiona sobre las muertes masivas de agosto y septiembre de 1936. «Es un momento de extensión del terror tan enorme que la mayor parte de los familiares nunca supieron dónde habían enterrado a los suyos», añade. Este hecho supuso una barrera infranqueable para las familias a la hora de reclamar los cuerpos en el depósito de cadáveres ante el miedo a posibles represalias. «Muchos cadáveres iban a una fosa común y entraban en los libros de registro como desconocidos», relata con tristeza. En ocasiones aisladas logran aciertos que permiten cerrar el duelo a sus familias. Julio del Olmo recuerda el caso de 14 víctimas de la localidad palentina de Castromocho. «Una mujer llevaba una medalla de cofradía, lo que permitió tirar del hilo hasta localizar a una hija de 93 años; las pruebas de ADN confirmaron la identidad», relata con orgullo.

Pese a los obstáculos burocráticos y temporales, la entidad mantiene intacto su compromiso. «Nuestra asociación es de familiares de víctimas, no somos una organización de arqueología, ni de un partido, ni de un sindicato», defiende el representante de la ARMH de Valladolid, antes de rechazar las acusaciones de quienes sostienen que estas iniciativas «reabren heridas del pasado». En este punto, relata una visita reciente a la basílica de Atocha en Madrid, donde observó monumentos del año 2007 con dedicatorias a curas víctimas de la Guerra Civil. «Me parece perfecto, lo que no puede ser es que los mismos que avalan la beatificación de religiosos asesinados consideren que buscar a los defensores de la democracia es revolver», asevera. De igual manera, rechaza que a las víctimas de la República se les niegue el trato de dignidad: «No hay ninguna diferencia entre un religioso y un zapatero, todos son personas», concluye.