El Ayuntamiento de Valladolid solicitará al Gobierno central el desarrollo de Las Raposas para construir 2.000 viviendas

La mirada puesta en las vacaciones estivales marcó la última sesión ordinaria antes del parón de verano en el Ayuntamiento de Valladolid. Con un tono apagado y sin grandes asuntos, la corporación aprobó este lunes pedir al Gobierno de España que impulse el desarrollo del sector 14 Las Raposas para «agilizar» la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con el objetivo de facilitar la construcción de 2.000 viviendas, muchas de ellas «con algún régimen de protección pública», al oeste de Parquesol y en el límite del municipio de Arroyo de la Encomienda.

El Grupo Municipal Popular planteó esta moción para instar a Casa 47, propietaria del 70% de la superficie del sector, a promover su urbanización, lo que, según recoge la iniciativa, permitiría a la Entidad Estatal de Vivienda actuar «de forma fácil y rápida» en estos terrenos.

En este punto, el concejal de Vivienda y Urbanismo, Ignacio Zarandona, puso como ejemplo el desarrollo del antiguo acuartelamiento de La Rubia y la «buena gestión» del Ayuntamiento en este proyecto. Además, recalcó que «la vivienda se ha convertido en el principal problema para los españoles» y que las administraciones dentro de sus competencias deben dar una «respuesta eficaz» que permita que el mercado inmobiliario sea más accesible a todos los sectores de la población. 

El edil explicó que en diciembre de 2025 el Consejo de Ministros aprobó la reconversión de SEPES en Casa 47 y que esta entidad pasara a gestionar el «ciclo residencial completo», desde la compra y preparación del suelo hasta la edificación, entrega de llaves y la gestión del alquiler. Por todo ello, subrayó la «magnífica oportunidad» que supone este ámbito para cumplir con el compromiso constitucional de facilitar el acceso a un inmueble en «unos terrenos olvidados durante años».

Frente a esta postura, la concejala de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Cristina Colino, lamentó que esta petición no apareciera en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030 presentado hace unos meses y que el equipo de Gobierno calificó como «de mandato». «Esta petición no es política de vivienda, es propaganda», comentó antes de dejar claro que el desarrollo del sector «no es solo vivienda, sino vecindario». En esta misma línea se expresó el concejal socialista Martín Fernández Antolín, quien tildó de «delirante» la moción, ya que, según expuso, el Ayuntamiento puede modificar de oficio el PGOU. «Póngase a trabajar en la modificación del Plan General y luego llegue a un acuerdo con Casa 47 que sea lo más beneficioso posible para los vallisoletanos», requirió.

De la vivienda a la automoción. El ambiente se caldeó al pasar al apartado industrial, donde el choque entre las formaciones del propio equipo de Gobierno terminó de eclipsar el resto del orden del día. La tramitación para adaptar las 70 hectáreas en Palomares destinadas a la planta de baterías de Gotion quedó en pausa a la espera de completar los dictámenes técnicos y los informes de la Junta y el Ministerio de Transportes, escenario que trasladó la discusión al terreno político. 

La portavoz de VOX, Irene Carvajal, presentó una iniciativa para pedir «transparencia» al Gobierno central, cuestionando «qué compromisos y garantías exigirá el Gobierno de Sánchez a Gotion», además de pedir cuentas sobre si «se exigirá empleo de calidad, sueldos dignos y prioridad de trabajadores de Castilla y León y Valladolid». En este sentido, justificó la moción tras advertir el temor a que no se vigilen adecuadamente los requisitos medioambientales o los posibles riesgos de la planta de reciclaje de baterías, antes de apuntar: «Nos toman por tontos».

Estas objeciones provocaron que el Partido Popular se desmarcara de su socio de Gobierno, VOX, al rechazar su moción sobre Gotion. La propuesta decayó con los votos en contra de PP, PSOE y Valladolid Toma la Palabra –24 en total– frente a los tres votos a favor de los de Abascal. Posteriormente, la corporación rechazó también una propuesta del PSOE para crear una comisión especial sobre la gigafactoría, al garantizar el equipo de Gobierno que el asunto «se abordará en las ordinarias». 

Durante el debate de esta última moción, el portavoz socialista, Pedro Herrero, recriminó al regidor que «tener en una comisión a todos los grupos municipales es tener al caballo de Troya dentro del Ayuntamiento» porque prefiere no compartir información, al tiempo que felicitó al alcalde: «Quiero felicitarle porque creemos que en la moción de sus socios de Gobierno ha hecho lo correcto, desmarcándose».

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, asumió la defensa de la postura del equipo de Gobierno tanto en la moción de VOX como en la del PSOE, hasta el punto de que la portavoz del Grupo Popular, Blanca Jiménez, se remitió a sus palabras. El regidor dejó claro que es tiempo de «arrimar el hombro» para llevar a «buen puerto» este proyecto desde la «más absoluta legalidad» y garantizó de forma rotunda la llegada de la multinacional: «Que a nadie le quepa la menor duda». 

Asimismo, felicitó a la corporación por la posibilidad de que este proyecto se materialice en Valladolid, «la mejor ciudad del mundo desde el punto de vista de la automoción», y aseguró, a título personal, que el futuro de la capital pasa por iniciativas industriales de esta envergadura. Carnero insistió en que ahora se impone la «discreción, la prudencia y la colaboración entre todos y para todos» e invitó a la corporación a sumarse al grupo de trabajo integrado por el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España y Gotion.

Tras cerrar la discusión sobre los asuntos del orden del día y antes de dar por concluida la sesión plenaria con la que la corporación despide la actividad hasta el próximo curso político, Carnero tuvo un guiño hacia los bomberos de Valladolid desplegados en el incendio de Ávila y envió un saludo de apoyo y solidaridad a todos los afectados.

Rechazan exigir a la Junta un nuevo centro de salud

El pleno ordinario del Ayuntamiento rechazó instar a la Junta de Castilla y León a construir un nuevo centro de salud en el barrio de Los Santos-Pilarica para atender la demanda de esta zona «en expansión». La iniciativa de Valladolid Toma la Palabra no logró prosperar ante el voto en contra del equipo de Gobierno, formado por PP y VOX, que declinó exigir esta dotación sanitaria a la Consejería de Sanidad tras defender que la planificación de las infraestructuras de atención primaria responde a los «criterios técnicos y presupuestarios» del Ejecutivo regional, mientras que los grupos de la oposición reclamaron la urgencia de dotar al vecindario de un «recurso asistencial propio» de cercanía.

Bonificación del 50% en el ICIO

El pleno ordinario del Ayuntamiento dio luz verde a la declaración de «especial interés o utilidad municipal» para siete proyectos de rehabilitación residencial, lo que permitirá a los promotores de las actuaciones beneficiarse de una deducción del 50% en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Estas intervenciones abarcan seis pisos distribuidos en edificios con más de cuatro décadas de antigüedad situados en las calles Acibelas, San Quirce, Concordia, Dos de Mayo (2) y Juan Agapito y Revilla, y la ampliación y acondicionamiento de la nueva Escuela de Diseño ESI. 

Con esta decisión, la corporación pretende abaratar los costes de las reformas para «incentivar la modernización» y el mantenimiento de las viviendas con mayor recorrido en el municipio, según recoge la nota de prensa del Ayuntamiento.

«Rehabilitar una vivienda supone recuperar patrimonio, mejorar nuestros barrios y ampliar las posibilidades de que más inmuebles puedan volver a ser habitados», señaló el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco.

En esta línea, el edil destacó en la misma nota de prensa la voluntad del consistorio de convertir las ventajas tributarias en un estímulo directo frente a las dificultades del mercado inmobiliario, antes de sostener que la medida sirve para «demostrar que las ordenanzas municipales también pueden ser una herramienta útil para afrontar el problema de la vivienda».

Para la concesión de este beneficio tributario, los expedientes examinados en el pleno ratificaron el cumplimiento de las condiciones fijadas en la normativa fiscal de la ciudad, en particular el requisito de antigüedad superior a los 40 años de la edificación.