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El "único interés" de la Junta es el "cumplimiento de la normativa" en el vertedero de Santovenia

Carriedo recuerda que las instalaciones no son del Gobierno regional y que es el Ayuntamiento quien determina el cumplimiento de sus ordenanzas

Carlos Fernández Carriedo y Leticia García, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

Carlos Fernández Carriedo y Leticia García, comparecen en rueda de prensa posterior al Consejo de GobiernoICAL

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El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defendió hoy que el “único interés” de la Junta, en torno al vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga, es el “cumplimiento de la normativa ambiental”.

Carriedo respondía así ante una pregunta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, sobre la denuncia de Ecologistas en Acción, sobre la aprobación del Gobierno regional de la ampliación de estas instalaciones, que “no son de la Junta, sino de un particular”, dijo.

El consejero de Economía y Hacienda aclaró que al Ejecutivo autonómico le corresponden las autorizaciones de carácter ambiental, como la licencia o la revisión de la DIA, pero es el Ayuntamiento de la localidad el que se debe encargar de si cumple o no con sus ordenanzas, informa Ical. “Las autorizaciones que correspondan a la Junta se tramitarán profesionalmente, por técnicos, conforme a la ley”, concluyó.

La Junta de Castilla y León aprobó en la reunión del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio la declaración de impacto ambiental favorable para la ampliación de la capacidad del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga, en 125.000 metros cúbicos adicionales al millón de metros cúbicos de residuos ya vertidos, ampliación sólo pendiente de la aprobación de la autorización ambiental de la instalación.

Se produjeron también los votos en contra de de los vocales representantes de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y colegios oficiales de arquitectos de Castilla y León. Ecologistas denunció, además, el inaceptable trato de favor de la Junta de Castilla y León a la empresa Cetransa y el grupo Urbaser, que ya se beneficiaron en 2001 de una ley ''ad hoc'', declarada inconstitucional una década más tarde para mantener la actividad del vertedero, tras la sentencia del Tribunal Supremo que en 2000 anuló sus licencias municipales.

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