«Si la nuera del jefe supiera que también nos mandó cambiar la caja de su padre...»

«Los hijos son todos cómplices», sentencia Justo M. G., el extrabajador de la funeraria El Salvador de Valladolid, que intentó chantajear a los Morchón y destapó el escándalo de la presunta estafa de los ataúdes, que afecta al menos a 6.054 personas.

«Esto lo sabe toda la plantilla, desde las oficinas hasta el último enterrador. El 95% de la plantilla ha intervenido en los robos y cambios de cajas», asegura Justo M. G. en un documento que dejó escrito en una memoria USB de la que se incautó la Policía Nacional y al que ha tenido acceso en exclusiva este diario.

La única que quizá se ‘salve’ es la mujer del hijo de los Morchón, según el extrabajador, que es señalada como una víctima de esta estafa a gran escala. «Si supiera que cuando incineramos a su padre también nos mandó cambiar la caja... Porque dijo, palabras textuales: ‘Para lo que voy a cobrar...’. Aunque me extraña que no se la cobraran. En fin, me gustaría que lo supiera, porque es la única persona amable de toda la familia».

El ex empleado, jubilado desde 2015, trabajó en la empresa funeraria durante veinte años, en los que recopiló datos e imágenes sobre el cambio de cajas. Sin embargo, una vez jubilado, en enero de 2016 y en marzo de 2017, escribió esta ‘carta’ dedicada a la familia Morchón Vaquero, en la que señala a los familiares que trabajan en la fábrica como cabecillas de los delitos.

Además, garantiza que después de su desvinculación de la funeraria se han seguido cambiando «la mayoría de las cajas, coronas y centros». «Las mañas no se pierden cuando se es tan avaricioso», sentencia el ‘chivato’ de la estafa de los ataúdes, Justo M. G..

En un intento por redimirse, el extrabajador de El Salvador asegura que «todos» son «un poco culpables» por no haberlo denunciado, pero se excusa con un «no hay trabajo y hay que salir adelante». «Nadie sabe el sufrimiento que es trabajar así, como que fueras un... no sé expresarlo», indica en el escrito, poco antes de pedir disculpas a todos los afectados. «Siento mucho haber sido tan cobarde y no haberlo denunciado ni yo ni ningún compañero», lamenta a pesar de que no lo denunció públicamente, si no que utilizó esa documentación que poseía para intentar extorsionar a la familia Morchón Vaquero durante meses.

Justo M. G. explica que durante sus primeros años en la funeraria, trabajó como auxiliar administrativo y recepcionista, por lo que no entraba al horno crematorio, «pues no era de la familia o de los obreros de confianza». «Yo me imaginaba lo que pasaba dentro del horno, pero hasta que no entré, no pude dar fe de ello. Se cambiaban o robaban las cajas en las que venía el difunto», relata el ex empleado, imputado en el caso.

También reconoce que los trabajadores no recibían una retribución ‘extra’ por mover los cuerpos a ataúdes de restos y dar ‘el cambiazo’ a las familia, o por incinerar los cadáveres únicamente con el sudario. Justo M. G. asegura que las cajas se escondían en la sala de embalsamar para subir la furgoneta a por ellas por la tarde, bajar al tanatorio y volver a venderlas». En esta misma línea se han pronunciado ya algunos testigos. Precisamente este viernes prestaba declaración una testigo del caso, que trabajó en la cafetería y en la venta de flores de la empresa en 2005 y 2006, quien afirmó que llegó a ver el mismo ataúd –uno «espectacular» como los de los americanos– tres veces.

Ya son 25 los investigados –de una plantilla de 70 empleados–, entre los que se encuentran el propietario de la funeraria, Ignacio Morchón Alonso, de 74 años, y su hijo Ignacio, de 47 años, ambos en prisión, porque el hijo prefirió no pagar la fianza de 800.000 euros y quedarse con su padre, en prisión sin fianza. Los delitos por los que se les investigan son estafa continuada y organización criminal.

Según Justo M. G., Ignacio Morchón Alonso habría «presionado» a los empleados, «imponiéndoles la sustitución sistemática de los féretros, haciéndoles saber que de otro modo estarían en peligro sus puestos de trabajo».

La Policía apunta en su atestado que podría tratase de una «estafa a gran escala» a particulares y aseguradoras, con las que «un gran número» de fallecidos tendrían pólizas de deceso. «Es altamente improbable que un único empleado, de forma sistemática y sin que nadie de la empresa se hubiera percatado, desarrollara esa tarea», indica. La Nacional tampoco ve «lógico» que este entramado haya sido «ideado, planificado y ejecutado» únicamente por los empleados y que la empresa desconozca estas manipulaciones y traslados «a plena luz del día».

«Se hace aún más difícil considerar que se produzca la reventa de los mismos a nuevos clientes sin que la dirección de la empresa tenga conocimiento de ello, lo que a priori se antoja, más que difícil, imposible», sentencian los agentes. «Sí es más razonable pensar que se trata de una actividad organizada, impulsada y supervisada por la dirección», concluyen.