La fiscal pide 9 años de cárcel y 27 de inhabilitación para De la Riva por el aval del soterramiento de Valladolid

Nueve años de cárcel y 27 de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, por los delitos de prevaricación y falsedad documental en el caso del aval del soterramiento. Eso es lo que la Fiscalía de Valladolid acaba de pedir en su escrito de acusación contra el ex alcalde Francisco Javier León de la Riva.

En sus calificaciones por el caso de la 'confort letter', además de solicitar la apertura de juicio oral, el Ministerio Fiscal imputa al ex regidor tres delitos de falsedad documental, uno por cada una de los avales que firmó, con tres años de prisión por cada uno de ellos. Además, entiende que Javier León de la Riva  ha cometido otros tres delitos de prevaricación, para los que solicita 24 años de inhabilitación para ejercer cargo público, a razón de 8 años por cada uno de ellos.

Esta es, precisamente, la condena que la fiscal reclama al Juzgado de Instrucción número 4 de la capital vallisoletana, que instruye la causa por el aval bancario que firmó De la Riva, según él mismo ha reconocido en sus diferentes declaraciones ante el Juzgado, para los 400 millones de euros de deuda por el soterramiento, para el concejal del PP, Alfredo Blanco, y para el ex edil Manuel Sánchez. A ambos, les imputa tres delitos de prevaricación.

El escrito de la fiscal recoge textualmente: "A Francisco Javier León de la Riva, tres penas de ocho años de inhabilitación especial para el cargo de concejal, por su participación en los delitos de prevaricación, y tres penas de tres años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, multa de ocho meses, con cuota diaria de treinta euros, y responsabilidad subsidiaria conforme el artículo 53 del Código Penal, e inhabilitación especial para el cargo de concejal por tiempo de tres años, por los tres delitos de falsedad documental.

A Alfredo Blanco Montero, tres penas de ocho años de inhabilitación especial para el cargo de concejal, por los delitos de prevaricación que se le atribuye.

A Manuel Sánchez Fernández, tres penas de ocho años de inhabilitación especial para el cargo de concejal, por los delitos de prevaricación de que se le acusa".

Además, y a diferencia del Ayuntamiento de Valladolid, la Fiscalía ya ha respondido a los recursos presentados por los tres acusados y en su escrito exige que se rechacen