Puente se apresura en sentar a De la Riva en el banquillo por la comfort letter

«Es doloroso, pero hay que verlo con normalidad. Los alcaldes deben cumplir la ley en Cataluña y fuera de ella». Con esta afirmación el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, justifica el escrito de calificaciones del Ayuntamiento contra el ex regidor Francisco Javier León de la Riva, el concejal del PP, Alfredo Blanco, y ex edil de Urbanismo, Manuel Sánchez, por el caso de la comfort letter, el aval que De la Riva firmó para el crédito de 400 millones de euros del soterrameinto.

Un escrito en el que el Ayuntamiento se apresura en querer sentar en el banquillo a De la Riva, Alfredo Blanco y Manuel Sánchez y solicita ya la apertura de juicio oral contra el ex alcalde, Blanco y Sánchez.

En las calificaciones de acusación remitido al Juzgado de Instrucción número 4, además de pedir la apertura de juicio oral, solicita para el ex regidor tres añós de cárcel e inhabilitación de nueve años, por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Para el entonces concejal de Hacienda y hoy edil del grupo ‘popular’ en el Ayuntamiento del la capital vallisoletana, Alfredo Blanco, la asesoría jurídca del Consistorio reclama al Juzgado siete años de inhabilitación y otros tantos para quien ocupaba la cartera de Urbanismo y Movilidad, Manuel Sánchez, como supuestos autores de un delito de prevaricación pasiva o por omisión.

Y todo esto lo reclama el Ayuntamiento de Valladolid sin esperar siquiera a que la Audiencia Provincial de Valladolid resuelva los recursos presentados por los tres investigados, antes imputados. Quien sí aguardará a conocer la resolución de la Audiencia es la Fiscalía, quien aún no ha formulado sus calificaciones.

Peuente califica la petición realizada por el Ayuntamiento de tres años de cárcel para León de la Riva por el caso de las ‘comfort letter’, como «un paso más dentro del procedimiento», después de que la juez dictase hace unos dos meses el auto de imputación.

«El plazo vencía y había que presentar el escrito de acusación, igual que lo hará la Fiscalía esta semana. Estamos personados como acusación en el procedimiento y nuestra asesoría jurídica, haciendo uso de sus obligagaciones y derechos, ha formulado el escrito de acusación. No hay más», insiste el regidor vallisoletano.

Preguntado por si pedirán que Alfredo Blanco renuncie a su acta de concejal, indicóa que esta cuestión se verá más adelante, en función de cómo evolucionen los acontecimientos.

Mientras, el abogado de Javier León de la Riva y de Manuel Sánchez, José María Tejerina, califica de «pintoresco» que el servicio jurídico municipal corra tanto demasiado para airear su acusación contra De la Riva, sin esperar a que se hayan resuelto los recursos presentados por las defensas al auto de la jueza en el que se señalaba la imputación de los tres.

«No voy a decir que tenía que haber esperado, porque poner un recurso de apelación no tiene efecto suspensivo, pero sí es oportuno recordar que los recursos están para ser utilizados y para ser estimados. El auto de imputación está recurrido y será la Audiencia Provincial la que diga si el procedimiento sigue adelante o no», recalca el letrado del ex acalde, quien acto seguido señala: «Si ahora la Audiencia Provincial dice que no es delito lo que han cometido De la Riva, Sánchez o Blanco, el Ayuntamiento se queda con el escrito de calificación como si no lo hubiera hecho».

Sobre el fondo jurídico de los delitos de prevaricación y falsedad documental de los que se les acusa a sus defendidos y Javier León de la Riva, el abogado indica que el ex regidor vallisoletano firmó una carta de conformidad sin haberla sometido a la tramaitación administrativa. «Esto determina la nulidad de dicha carta, pero de ahí a que sea constitutivo de delito, hay un camino que recorrer. Y el sustento es que ‘el alcalde lo sabía porque lo publicó en el periódico. Esto es muy poco serio», afirma.

«Aún con un entendimiento muy primario del ‘dolo’. ¿Qué criminal es capaz de decir: ‘Yo tengo la conciencia y la voluntad de que estoy ciometiendo un delito’», clama Tejerina, quien lo califica directamente como «una majadería».