Sáez Aguado confía en que la sentencia del Supremo ayude a clarificar las reclamaciones individuales

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, confió hoy en que la sentencia del Tribunal Supremo, que avala el Plan de Ordenación de Recursos Humanos en materia de prolongación del servicio activo, sirva para clarificar los pronunciamientos judiciales sobre las reclamaciones individuales que han presentado los profesionales a los que se les ha denegado la permanencia en el sistema sanitario al alcanzar la edad máxima de jubilación.

En declaraciones a Ical, Sáez Aguado mostró la “satisfacción” que ha provocado el fallo del alto tribunal, que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), contra la que el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos presentó un recurso de casación, que ha sido rechazado, tanto sobre la competencia del consejero para la aprobación del Plan, como sobre la no vulneración de la normativa europea, española y autonómica y la discriminación que sufrían los sanitarios.

Asimismo, el consejero destacó que la sentencia clarifica la validez del plan de Castilla y León, mientras los tribunales han tumbado otros programas similares puestos en marcha por los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Baleares. Además, destacó que ayudará a equipar la jurisdicción de las salas de lo contencioso administrativo de Burgos y Valladolid, ya que mientras la primera falla habitualmente a favor de la Junta, la segunda lo hace sobre los beneficiarios.

También explicó la contradicción generada por la sala de Valladolid que considera que el gerente regional de Salud o el secretario de la Consejería de Sanidad no es competente para firmar la comunicación de la jubilación y requiere que sea el propio consejero quien estampe su rúbrica.

Al respecto, Sáez Aguado destacó que la sentencia determina que no se trata de jubilaciones “forzosas”, sino de aplicar la edad máxima de jubilación y de autorizar las prolongaciones en el servicio activo. Remarcó que el Plan ha promovido un cambio de cultura entre los profesionales ya que consideraban su continuidad en el sistema como un derecho, no como una “decisión que toma la administración” por la falta de sustitutos, por ser un profesional que realiza una técnica determinada o porque dirige un proyecto de investigación relevante.

Finalmente, señaló que la ordenación de recursos ha permitido acabar con problemas como la “descompensación” de las plantillas, que recordó se producía cuando los profesionales de más edad se acogían a su derecho de no realizar guardias, lo que obligaba a la administración a contratar personal para cubrirlas, lo que señaló suponía tener equipos “duplicados”.