La sentencia del caso ataúdes de Valladolid, a punto: la Audiencia requiere a los damnificados para remitírsela

El caso ataúdes de Valladolid suma una nueva novedad judicial. La Audiencia Provincial está requiriendo a los perjudicados para recabar sus datos de contacto y poder comunicarles la sentencia de un procedimiento que investiga el fraude cometido durante años en el grupo funerario El Salvador y Funeraria Castellana, relacionado con la sustitución de féretros antes de las incineraciones para reutilizarlos y comercializarlos de nuevo.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid solicita a los destinatarios que faciliten una dirección desde la recepción de la comunicación", exponen. El objetivo es poder "notificarles la sentencia" que recaiga en el procedimiento, una vez que el tribunal resuelva la causa que ha sentado en el banquillo a 23 acusados, Según se puede ver en el  requerimiento emitido el siete de octubree de 2026 al que ha tenido acceso este periódico de manera exclusiva.

Los escritos identifican a sus destinatarios como posibles perjudicados en relación  al Caso . En ellos, la Audiencia señala que "en virtud de lo acordado en la fecha en el procedimiento de referencia se requiere a Vd. como posible perjudicado en relación al caso del Tanatorio El Salvador' a fin de que, "en plazo de tres días desde la recepción de la presente, facilite una dirección de correo electrónico, propia o de otro familiar, a efectos de poder notificarle la sentencia que recaiga en dicho procedimiento, de conformidad con lo previsto en la Ley".

Los requerimientos también detallan las vías para facilitar los datos solicitados. Entre las opciones, "enviar un correo electrónico a la dirección: sct.ap.valladolid@justicia.es" o "Llamar por teléfono a los números: 983 459 567 y 983 458 464". Asimismo, los destinatarios pueden acudir presencialmente a la sede de la "Audiencia Provincial de Valladolid, Sección Cuarta, situada en el Palacio de Justicia de la calle de las Angustias, número 21", explican.

La novedad llega después de que el juicio quedara visto para sentencia el 3 de junio de 2026, tras varios meses de sesiones en la Audiencia Provincial. El procedimiento reunió a 23 acusados, más de 200 testigos y numerosos peritos, y abordó los hechos ocurridos entre 1995 y 2015. La resolución deberá determinar las responsabilidades penales derivadas de las prácticas investigadas y pronunciarse sobre las peticiones formuladas por las acusaciones y las defensas.

La investigación comenzó a adquirir repercusión pública en enero de 2019 con la Operación Ignis, que puso el foco en las actividades de la funeraria El Salvador. Las diligencias policiales analizaron durante años la gestión de los féretros y las cremaciones, así como la documentación que podía acreditar las operaciones realizadas. El caso terminó convirtiéndose en una de las causas judiciales más relevantes de Valladolid por la duración de los hechos investigados, el número de personas procesadas y el impacto que tuvo entre las familias que contrataron los servicios funerarios.

La tesis de la Fiscalía sostiene que la operativa consistía en sustituir los féretros de mayor calidad contratados por las familias por otros más baratos o por estructuras destinadas a la cremación. Los ataúdes originales podían recuperarse después para volver al circuito comercial y venderse de nuevo. Las acusaciones defendieron durante el juicio que estas actuaciones se prolongaron durante años y que requerían la participación de diferentes trabajadores en los traslados y las operaciones realizadas en los crematorios.

Las cantidades económicas recogidas en el escrito de acusación alcanzaban varios millones de euros. La Fiscalía atribuía a las empresas investigadas un beneficio de 3.667.711 euros relacionado con los féretros y otros 381.056 euros por la reutilización de elementos florales. En conjunto, la cifra ascendía a 4.048.768,09 euros. Estas cantidades forman parte de las reclamaciones formuladas en el procedimiento y su alcance deberá quedar determinado por la resolución judicial.

Una de las piezas relevantes de la investigación fue la documentación recopilada por un extrabajador que reunió anotaciones, fotografías y otros materiales relacionados con las cremaciones. El conjunto incluía 26 libretas, archivadores, negativos y dispositivos de almacenamiento. La Policía examinó estos elementos para reconstruir las operaciones investigadas y contrastar la información con el resto de las diligencias practicadas durante la instrucción.

Durante el juicio, el inspector encargado de la investigación defendió que las sustituciones no podían realizarse sin la intervención de varias personas. La investigación también examinó los traslados de los fallecidos entre el tanatorio de Valladolid y el cementerio de Santovenia, donde, según la tesis acusatoria, se habrían producido parte de los cambios de féretros. Los informes policiales y las declaraciones de los testigos formaron parte de las pruebas analizadas durante la vista oral.

En sus conclusiones finales, la Fiscalía y las acusaciones particulares defendieron que el material reunido durante la investigación permitía acreditar los hechos y solicitaron condenas para los procesados.  Las acusaciones también cuestionaron las circunstancias en las que se llevaron a cabo determinadas cremaciones.La documentación recopilada durante las diligencias permitió a las partes plantear sus respectivas interpretaciones sobre las diferencias entre los servicios abonados y los procedimientos investigados.

Las defensas, por su parte, solicitaron la absolución de sus representados y cuestionaron la validez de determinadas pruebas. Algunos abogados reclamaron la nulidad de actuaciones y pusieron en duda la interpretación de las anotaciones y fotografías aportadas durante la investigación. También sostuvieron que el material presentado no permitía atribuir responsabilidad penal a todos los acusados. 

Durante las conclusiones finales, la Fiscalía modificó algunas de sus solicitudes respecto de determinados acusados, mientras que las defensas mantuvieron su petición de absolución. La Audiencia Provincial deberá resolver las cuestiones planteadas y determinar las responsabilidades que correspondan a cada uno de los procesados.

Por el momento, la principal novedad es que la Audiencia Provincial está recabando los datos necesarios para notificar la resolución a los perjudicados. Los requerimientos no adelantan el sentido de la sentencia ni permiten confirmar cuándo se hará pública, pero evidencian que el tribunal está realizando actuaciones para facilitar su comunicación. El contenido del fallo determinará finalmente las consecuencias judiciales de una causa que ha marcado durante años la actualidad judicial de Valladolid.