Las defensas de los trabajadores del caso ataúdes reclaman la absolución de los acusados por "falta de pruebas"

Las defensas de los trabajadores acusados en el ‘caso ataúdes’ reclamaron hoy la absolución para sus clientes y argumentaron que no existe ninguna prueba objetiva contra ellos, a la vez que coincidieron en destacar que todo el caso se basa en las “mentiras” y “fotomontajes” de Justo Martín, al que acusaron de mantener una relación “enfermiza de odio” contra el fundador y dueño del grupo funerario El Salvador, Ignacio Morchón Alonso, que fue deteriorándose para acabar en amenazas e intentos de “chantaje”.

Además, coincidieron en apuntar que en ningún momento la Policía Nacional investigó a los trabajadores para corroborar los hechos, ya que desde el principio dio por buenas las anotaciones de Justo Martín, a pesar de que la mismas no coincidieran con el listado de turnos intervenido en las oficinas. Así, se explicó que hubo casos en los que se pudo demostrar que las anotaciones de Justo Martín eran falsas, ya que personas a las que acusaba de participar en cambiazos en días concretos, se encontraban en esas fechas de viaje fuera de Valladolid, informa Ical.

Los abogados también argumentaron que Justo Martín actuó con ánimo de venganza contra Ignacio Morchón Alonso, por envidia y por no querer contratar a sus hijos, a la vez que le tildaron de “profesional de la mentira” y de ser una persona “atormentada” y “amargada”, y la única culpable de hacer revivir el dolor por la pérdida de ser querido gracias a sus “fotomontajes” con los cadáveres. Incluso alguno de los letrados apuntaron que acabó con su vida al llegar un momento en el que no pudo soportar “el peso de su mentira”.

En este sentido, además de recordar que Justo Martín fue condenado por intentar chantajear a Ignacio Morchón Alonso, los letrados lamentaron que la Policía Nacional diera “presunción de veracidad” a su testimonio y a sus anotaciones. Incluso, uno de los abogados apuntó que Ignacio Morchón, como se demuestra al denunciar a Justo Martín por chantaje, “no tenía nada que ocultar”.

Al mismo tiempo, acusaron al Ministerio Fiscal de intentar hacer una “imputación colectiva” y descartaron, tal y como sostienen las acusaciones, que exista un delito de pertenencia a organización criminal. Así, apuntaron que en ningún caso se ha demostrado que los trabajadores acusados hubieran logrado algún tipo de incentivo o remuneración, ya que lo único que recibieron de forma lineal a lo largo de toda su vida laboral fue la nómina.

Uno de los letrados también hizo referencia a la “condena mediática” que desde hace siete años vienen sufriendo los trabajadores que fueron detenidos en su día y que se enfrentan a penas que oscilan entre los dos y los nueve años de cárcel, y reclamó “valentía” al tribunal para dictar una sentencia justa en un caso en el que los acusados ya ha sido condenados por la opinión pública de Valladolid. Así, lamentó que la prensa acompañara a la Policía Nacional durante los registros a las dependencias del Grupo El Salvador.