Mañueco sitúa la supresión de "todos" los peajes de Castilla y León entre las prioridades de la Junta y recrimina la falta de apoyo del Gobierno

Suprimir «todos» los peajes ubicados en Castilla y León es una de las prioridades de la Junta. Con esa contundencia lo señaló el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el pleno de las Cortes, donde dijo que por el momento se plantean la bonificación a los usuarios recurrentes ante la «respuesta nula» del Gobierno de España.

En estos términos se expresó el jefe del Ejecutivo autonómico durante el pleno ordinario que este jueves puso inicio a la legislatura de manera oficial. Lo hizo, además, en respuesta a la pregunta que le formuló la portavoz del Grupo Mixto, la leonesista Alicia Gallego, que precisamente le preguntó si cree que la Junta ha sido «suficientemente proactiva para la eliminación de los peajes de las autopistas AP-66 y AP-71».

«La supresión de todos los peajes de nuestra Comunidad es una de las prioridades que tenemos en el gobierno y una de las reclamaciones permanentes que hacemos al gobierno de nuestra nación», respondió en su intervención Mañueco, que reiteró al respecto que «la respuesta del gobierno de España ha sido absolutamente nula».

En todo caso, Mañueco destacó que la Junta de Castilla y León trabaja «para bonificar a los viajeros recurrentes en todos los peajes» de la Comunidad. «Considero que eso es ser proactivo», aseguró el jefe del Ejecutivo autonómico.

En el turno de dúplica, Gallego se refirió a ese afirmación de Mañueco de que la Junta está trabajando, pero espetó al presidente que en su Ejecutivo «la movilidad tiene muchas carencias»: «Autovías que no se hacen desde hace 20 años, un plan de carreteras caduco desde el año 2020 y una conservación deficitaria en las vías que le pertenecen», enumeró.

«La realidad», continuó la portavoz del Grupo Mixto, «es que en materia de autopistas la postura firme y decidida y siempre igual ha sido la de la UPL, que es la de la liberalización de las antes indicadas, la de la León-Asturias y la León-Astorga». Una reivindicación que, como recordó la dirigente leonesista, su partido viene haciendo desde el año 2016.

Gallego recordó que desde esa fecha Unión del Pueblo Leonés ha presentado en las Cortes ocho PNLs para la liberalización de la León-Asturias y la León-Astorga, de las cuales dos (en 2021 y 2024) se aprobaron si bien «no se hizo absolutamente nada, porque la realidad es que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista las han incluido en ese plan de abaratamiento de autopistas o las han liberado, generando un perjuicio evidente tanto económico como demográfico».

Así, citó a ambas formaciones como «responsables», frente a ejemplos de que la liberalización sí es posible en Cataluña, Alicante o Madrid, «con un agujero para el Estado de 1.400 millones de euros», informa Ical. Gallego censuró que «han condenado a León hasta el 2055 a pagar un peaje» y lamentó que la AP-71, ejecutada bajo el Gobierno de los ‘populares’ con Aznar, viva «el absurdo diario», al ser «una autopista vacía, costosa, mientras la N-120 tiene accidentes y lo que hace es extender la despoblación y someter a la desconexión de comarcas tan importantes como la del Órbigo, Maragatería o El Bierzo».

En cuanto a la conexión con Galicia por la AP-66, denunció que fue el PP quien prorrogó la concesión en 2020, pero al dictamen de la UE de que «era ilegal», y tras reconocer que «el ministro Puente está ausente y Sánchez no quiere», subrayó que «los que sufren pues son siempre los mismos». «Desde el 2024 vivimos desprendimientos, túneles cerrados y su inacción está afectando a la competitividad», apuntó antes de acusar a Fernández Mañueco de «falta de acción» que achacó a la «falta de liderazgo político de su Gobierno». «¿Va a haber una postura institucional de presión real y decidida para liberar ese peaje? No cartas, algo más. ¿Va a llevar a cabo una bonificación autonómica íntegra y sin exclusiones de todos los colectivos para amortiguar el impacto económico?», se preguntó pidiéndole «menos postureo y más acción».

Ante ello, el líder del Ejecutivo autonómico explicó que «es evidente que el Gobierno de Sánchez no ha respondido» ante la «constante reclamación» de la Junta para la supresión de todos los peajes, por lo cual desde la Administración autonómica van a «trabajar para que en los presupuestos del 2027, para el año que viene, los conductores recurrentes tengan esa bonificación».

«Desde Castilla y León reclamamos la supresión de todos los peajes de la Comunidad, no solo de algunos. Aparte de la León-Asturias y la León-Astorga, tenemos también la conexión con Madrid, la de Ávila, la de Segovia, y la eliminación de esos peajes beneficiaría a gente de Salamanca, de Zamora, de Valladolid, de Palencia y del propio León, lógicamente», expuso.

Pero Fernández Mañueco no solo respondió a la pregunta de Alicia Gallego, sino que con anterioridad mantuvo también el habitual ‘cara a cara’ que marcará el inicio de los próximos plenos con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, en lo que fue un intercambio de reproches.

Por un lado, el presidente de la Junta acusó al líder de los socialistas autonómicos de «reírle las gracias» al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a quien Mañueco consideró «el sucesor de Sánchez», pese «al abandono y las chapuzas en los trenes y las autovías».

Pero no solo eso, sino que Mañueco también señaló al Gobierno por otras cuestiones ante las que, a su juicio, Carlos Martínez se puso «de perfil», como «el atraco que ha hecho el gobierno de España a Castilla y León con la financiación autonómica» o «los desprecios de la ministra de Sanidad que ha hecho a nuestros propios profesionales sanitarios».

En el mismo sentido, Mañueco también criticó a Martínez por su «obediencia debida hacia los de arriba», en alusión a la cúpula socialista de Ferraz tras dar la espalda a los ceutíes».

El portavoz socialista abrió su turno preguntando al presidente cómo estaba, para responderse que «descansado», algo por lo que se alegró. Además, aprovechó para felicitar a los senadores, en especial a Javier Maroto, exalcalde de Vitoria, vinculado a Segovia, ya que destacó que había aprobado el «test de arraigo» que exige VOX. También felicitó a Fernández Mañueco por garantizarse -dijo- la «seguridad jurídica» en los tribunales al lograr el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones una plaza de magistrado en la Audiencia Nacional. «Ole por la separación de poderes», agregó.

Tras escucharle, el presidente instó a Carlos Martínez a que asuma la derrota electoral el pasado 15 de marzo. «Cuánto antes lo haga será mejor para todos y también para usted», dijo. Además, aprovechó para detallar qué no hará para seguir en el poder ya que señaló no va a «pactar con los herederos de la banda terrorista ETA, ni a aprobar una ley de amnistía a los golpistas y tampoco romper la caja común de todos los españoles». «¿Les suena quién hace todo esto? ¿Les suena?», agregó dirgiéndose a la bancada socialista tras esta alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Igualmente, el jefe del Ejecutivo autonómico sostuvo que él cumple lo que promete, con «gestión eficaz» y de acuerdo al pacto de gobierno suscrito con Vox, que reiteró es «muy positivo». En poco más de dos meses, subrayó que se ha puesto en marcha la primera matrícula universitaria gratuita para empadronados, se han impulsado 36 nuevas rebajas fiscales, se han resuelto las ayudas al alquiler, «las más importantes en cuantía de toda la historia», se han convocado las ayudas para sacar el carnet de conducir y se trabaja en «una buena PAC» que recordó es «donde se la juega el campo».

PANCARTAS EN EL PLENO

Otro de los momentos clave en la sesión plenaria de ayer en las Cortes se produjo cuando la procuradora socialista Patricia Gómez preguntó a la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, si considera que la violencia doméstica y la violencia de género son lo mismo, al hilo del polémico protocolo de VIVA en Valladolid.

Durante la respuesta de Blanco, el presidente del Parlamento autonómico, Francisco Vázquez, expulsó del hemiciclo a un grupo de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid que enseñó pancartas con el mensaje ‘Violencia doméstica no es igual a violencia de género’.

Para justificar su decisión, Vázquez se refirió al artículo 106 del Reglamento de las Cortes, que contempla la expulsión inmediata de cualquier persona (sea o no procurador) que promueva un desorden grave de obra o de palabra en el recinto, en sesión o fuera de ella.