El Ayuntamiento de Valladolid recurre la resolución de Adif del convenio de integración ferroviaria y exige su paralización cautelar

La vigencia del convenio de integración ferroviaria de Valladolid se seguirá dirimiendo en los tribunales, especialmente después de que el Ayuntamiento haya recurrido la resolución adoptada el pasado 9 de diciembre por Adif y Adif Alta Velocidad, que entendían que existían diversos «incumplimientos» en el acuerdo tanto del Consistorio vallisoletano como de la Junta de Castilla y León.

Desde esa fecha, la corporación municipal disponía de plazo hasta el próximo lunes para interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo. Finalmente, y con un margen de cinco días antes de que expirara ese límite, el Ayuntamiento de Valladolid, a través de sus servicios jurídicos, presentó el recurso ante la Audiencia Nacional el pasado miércoles, solicitando además como medida cautelar la suspensión del acto impugnado, es decir, de la resolución que da por resuelto el convenio de 2017.

En su escrito de interposición, al que ha tenido acceso este periódico, el Ayuntamiento de Valladolid solicita como medida cautelar la suspensión del acto impugnado con el fin de evitar que, en el caso de una eventual sentencia estimatoria, tenga que soportar los «daños y perjuicios» derivados tanto de la paralización de las actuaciones previstas en el convenio como de la continuación de su ejecución al margen del mismo.

Entre los motivos concretos que el Consistorio aporta para demostrar que la suspensión es necesaria esgrime que la resolución del convenio formalizado para la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid «obliga a paralizar todas las actuaciones que se encuentran en ejecución», como por ejemplo la nueva estación de autobuses. Y, en algunos casos, concretamente aquellos en los que las actuaciones están a cargo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), al desaparecer el convenio desaparecería también la financiación.

En un segundo punto, el Ayuntamiento de Valladolid defiende la adopción de la medida cautelar en el bloqueo de aquellas actuaciones ejecutadas por la SVAV y que no se hayan entregado a sus socios en los términos previstos dentro del marco del convenio. Aquí se incluiría la segunda parte que queda por ejecutar del Nuevo Complejo Ferroviario, faltando de ejecutar la estación de mercancías, el traslado de REDALSA y el nuevo CTV.

Aunque no es una obra de construcción al uso, el tercer epígrafe incluye los terrenos ocupados por instalaciones ferroviarias, entre los que figuran los antiguos talleres de Renfe, en el Paseo de Farnesio, que fueron liberados físicamente pero no se ha formalizado la entrega legal a los socios de la SVAV ni se ha hecho la cesión oficial para urbanización o explotación. Y en caso de que la resolución por parte de Adif y Adif Alta Velocidad salga adelante, el Consistorio vallisoletano expone que «ya no podrán ser entregados» a la SVAV « para urbanizarlos y generar ingresos que financien la devolución del anticipo que las EPEs realizaron a la sociedad y la devolución de las aportaciones de los socios a dicha sociedad en concepto de préstamos participativos existiendo un riesgo real de que esos terrenos puedan ser destinados a otras finalidades o incluso enajenados a un tercero».

Además, el ente municipal refleja que la resolución del convenio de integración ferroviaria de Adif «hace desaparecer el objeto» de la SVAV, posibilitando su disolución.

Entre los hechos señalados en la petición de la medida cautelar se significan las actuaciones que preceden a la resolución impugnada y en el contexto en el que se dicta, haciendo referencia a la convocatoria de la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio, el pasado 24 de noviembre.

En esa sesión, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, explicó que el Ayuntamiento pretendía seguir defendiendo la viabilidad de un convenio con «largo camino que recorrer». Con independencia de las diferentes posiciones que cada una de las partes firmantes del convenio de 2017 mantienen respecto al tratamiento que debe darse a la transformación de la red ferroviaria de Valladolid, y al haber obras que ya cuentan con proyecto o que iban a tenerlo en un corto espacio de tiempo, el alcalde propuso que se dejase sobre la mesa el segundo punto del orden del día, el referido a la resolución del convenio. Todo ello teniendo en cuenta el resultado que se obtuviese de los estudios de tráfico que se iban a realizar valorando la incidencia que pueda tener su ejecución en la ordenación del tráfico de la ciudad y en el entorno de las obra. Pero la propuesta ni siquiera llegó a votación.

Por otro lado, también precede a la impugnación de la resolución «la posición actual de las partes firmantes del convenio respecto a la solución prevista en el mismo», de forma que tanto las EPEs y la SVAV no consideran el soterramiento como opción posible para transformar la red arterial ferroviaria vallisoletana al ser «inviable técnica y económica», según los informes remitidos por los técnicos de Adif.

En cambio, tanto el Ayuntamiento como la Junta entienden que «no puede descartarse la opción de soterramiento», pudiendo ser posible utilizando la técnica del «muro pantalla» con un «coste asumible por las partes», bajo previsión de su consultora contratada. Por ello, ambas administraciones solicitaron «diálogo» para determinar, mediante la realización de un estudio técnico independiente que se encargaría por la SVAV, si es posible técnicamente el soterramiento. No obstante, no se pudo materializar ya que la posición de las Adif, Adif Alta Velocidad y la SVAV fue inamovible: integración o nada.

Como muestra de que la posición de los dos entes públicos y de la SVAV «no es neutral», el Ayuntamiento de Valladolid denunció que la futura remodelación de la Estación de Valladolid-Campo Grande «dificulta de manera importante el soterramiento de parte del trazado de la red ferroviaria». Por ello, el Consistorio afirma que «la resolución del convenio no responde a una fundamentación sólida y consistente sino a una estrategia predeterminada», razonando al respecto que «desde que se hizo el requerimiento por incumplimiento hasta que se ha resuelto el convenio ha transcurrido algo más de un año resultando que en el mes de diciembre del año 2025 el estado de ejecución que presenta el convenio es muy positivo para las EPEs».

En esta línea, los incumplimientos que esgrime Transportes para resolver el convenio, como la obligación de abonar los 11 millones del mismo, no se consideran del mismo modo para el Ayuntamiento, que al respecto de ese préstamo –«aun admitiendo en hipótesis que se haya podido producir» dicho incumplimiento– señala que «no puede ser causa de resolución del convenio en cuanto que la falta de ingreso, atendiendo a la tesorería disponible de la SVAV (en torno a 100 millones de euros) no ha impedido a ésta incumplir sus fines».

«No solo no existen los incumplimientos, impedimentos y obstaculizaciones que se atribuyen al Ayuntamiento, sino que las EPEs tenían predeterminada la decisión de resolver el convenio porque en todo momento han tratado de imponer su postura sin valorar ni respetar las posturas de las otras partes, concretamente las del Ayuntamiento», concluye el Consistorio, que ahora aguarda la admisión de su recurso contra la resolución del convenio de integración ferroviaria.