Transportes pone fin a la integración de Valladolid por los "incumplimientos" de Ayuntamiento y Junta

«Persistiendo el incumplimiento de dos de las partes firmantes, se declara RESUELTO el Convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid de 20 de noviembre de 2017». Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y Adif Alta Velocidad denuncian el convenio de integración al entender que Ayuntamiento de Valladolid y Junta de Castilla y León están incumpliendo el acuerdo para llevar a cabo la integración ferroviaria en Valladolid.

El Ministerio de Transportes, a través de ambas entidades, sostiene y comunica a Ayuntamiento y Junta que el convenio suscrito hace ocho años está resuelto y ya no tiene vigencia. Esta posición se desgrana en la denuncia del convenio, firmada por el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, y que se remitirá al resto de miembros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV). En la última comisión de seguimiento el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias comunicó de forma verbal su intención de denunciar este convenio, pero Ayuntamiento y Junta reclamaron que se hiciera de forma oficial.

Este martes 9 de diciembre el presidente de Adif firma esta denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, al entender que existen diversos incumplimientos tanto del Ayuntamiento como de la Junta. En cuanto a los proyectos de integración, un punto de desencuentro entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (que apuesta por la integración) y el Consistorio (que defiende el soterramiento), se recogen diversas actuaciones. «En lo relativo al avance de los proyectos, no cabe duda de que el Ayuntamiento de Valladolid está incumpliendo de manera deliberada las obligaciones asumidas con el fin de impedir la realización del objeto del convenio, en lo relativo a las actuaciones de adaptación de la solución permeable ferrocarril ciudad». Es decir, de la integración ferroviaria. Así, en la denuncia del convenio Adif esgrime que «se está obstaculizando por el Ayuntamiento de Valladolid, en connivencia con la Junta de Castilla y León, la licitación de varios de los proyectos previstos en el convenio». En este punto cita diversos decisiones para que no se cumpla el convenio como la paralización de los tres pasos de Ariza (dos peatonales y ciclista y otra para vehículos), la actuación de mejora y ampliación del paso peatonal de San Isidro, la urbanización de la calle La Salud, el proyecto del paso inferior de Arco de Ladrillo y el proyecto de actuación del sector ‘integración ferroviaria’.

Ariza

En el caso de Ariza recuerda que el Ayuntamiento votó en contra en junio de este año para licitar los pasos «debido a la situación de movilidad de la ciudad de Valladolid, provocada principalmente por las obras en las calles Hípica, Daniel del Olmo y las de la futura estación». Así, el Consistorio se refirió a un «caos circulatorio» y en la última reunión de la SVAV defendió su postura con un informe provisional de tráfico que alertaba de colapso en la zona si se acometían a la vez Ariza y las obras de la estación de trenes.

A su vez, Adif menciona las obras de «urgencia» que realizó el Consistorio en Arco de Ladrillo y la negativa municipal a ejecutar en ese punto un paso subterráneo: «Es evidente que si el propósito del Ayuntamiento fuese cumplir el convenio de integración habría aprobado la licitación de las obras que consistían en la demolición del viaducto y la construcción de un paso deprimido en su lugar, con ahorro además de esas importantes sumas para las arcas públicas». Amayores afirma que el estado del viaducto es «lamentable». «Desde el punto de vista material, los antecedentes puestos de manifiesto ut supra ponen de manifiesto un incumplimiento reiterado y constante por parte del Ayuntamiento de Valladolid, de naturaleza tanto económica como técnica», defiende Adif sobre las últimas actuaciones del Consistorio en relación a la integración ferroviaria.

11 millones

Otro de los «incumplimientos» que llevan a Adif a declarar el convenio como resuelto son los 11 millones que debía aportar el Ayuntamiento en el año 2024 y que no realizó escudándose en el «silencio administrativo». «No puede haber silencio administrativo ya que no nos encontramos ante ningún procedimiento administrativo regulado por el derecho administrativo, ni en una relación de superioridad con el administrado; no existían tampoco obligación de resolver, ni puede darse contenido alguno al silencio, más que el desestimatorio», recoge Adif en su denuncia y añade que «resultaría naturalmente imposible entender producido el silencio administrativo porque las partes integrantes de esta comisión de seguimiento se pronunciaron sobre la petición del Ayuntamiento de Valladolid, votando expresamente en contra de la misma».

A su vez, recuerda que «lo verdaderamente acordado» en el Consejo de Administración de febrero de 2024 «fue la no modificación del calendario de las aportaciones económicas». «Son los socios los que deben asumir su obligación, suscribir sus correspondientes contratos -como así han hecho todos ellos- y cumplir con las aportaciones debidas según lo pactado en la adenda de 2022».

Sobre este mismo «incumplimiento», desde el Ministerio de Transportes se recoge en la denuncia un Decreto del Ayuntamiento de junio del presente año. En este documento el Consistorio aprueba «el pago parcial del desembolso comprometido del ejercicio 2024, por importe de 1.230.555,56 euros a favor de la sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.». 

«Se acuerda unilateralmente y sin autorización el fraccionamiento pago debido, evidenciando así la negativa consciente y deliberada a satisfacer las obligaciones comprometidas». Si bien, en la denuncia también se incluye que, tras un requerimiento, la «Junta de Castilla y León atendió en tiempo y forma» sus obligaciones y realizó una transferencia de 8,2 millones de euros. 

Estación de autobuses

En la misma línea, también apunta con incumplimientos a la Junta de Castilla y León, pero con la estación de autobuses que se debería ubicar en el recinto de los antiguos talleres de Renfe: «La administración autonómica no se limita a obstruir la realización de la nueva estación, omitiendo los pasos necesarios para ello, sino que en diciembre de 2024 licitó obras de renovación de la estación de autobuses actual, ubicada en suelos que deben ser objeto de cesión a la sociedad Valladolid Alta Velocidad, por importe de 5 millones de euros». Una renovación de la terminal de buses por parte de la Junta que para Adif es «una evidente muestra, una más, de falta de voluntad de cumplir el convenio»: «Se trata por tanto de una renovación completa del inmueble, obra que se acomete a pesar de haberse acordado la construcción de una nueva estación junto a la estación de trenes, en una evidente muestra, una más, de falta de voluntad de cumplir el convenio en este particular».

Esta decisión de Adif, que ya estaba anunciada, «será comunicada a la comisión de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, así como al resto de las partes firmantes». Asimismo, contra esta resolución se puede interponer un «recurso de reposición ante el Presidente de Adif en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación;o bien interponer directamente recursos contencioso administrativos ante los Juzgados Centrales de los Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses».

Cabe de esperar que la solución a este conflicto en torno a la vía del tren acabe en los tribunales. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ya anunció que acudirían a los juzgados al entender que no hay motivos para finalizar el convenio de integración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, también rechazo la resolución del convenio y defendió que «no hay causa» para cerrar este convenio entre Ministerio, Junta y Ayuntamiento.