OKUPACIÓN
Los vecinos de Arroyo acusan a la Sareb de «defender la legalización de okupas»
La comunidad de Arroyovereda, con decenas de pisos okupados, exige al banco malo que deje de «premiar a personas que accedieron a estas viviendas por la fuerza»

Urbanización Arroyovereda con okupas en Arroyo
Ya son más de dos años con okupas como vecinos y la solución a este problema del día a día está lejos de llegar. La comunidad de Arroyovereda cuenta con 200 pisos «y en casi la mitad» hay personas okupas. La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) es la dueña de estos inmuebles y los propietarios lamentan la inacción de la sociedad:«No sabemos nada». Ante la situación que siguen afrontando, lanzan una recogida de firmas en la que critican duramente al ‘banco malo’: «Pedimos al Sareb que deje de respaldar la legalización de estas okupaciones».
Provincia
Detenido por amenazar a un sanitario del centro de salud de Cigales: "Si tuviera aquí una navaja, en vez de matar a ocho, mataría a nueve"
Diario de Valladolid | El Mundo
«Es una anomalía de nuestro sistema democrático premiar a unas personas que accedieron a estas viviendas por la fuerza sin respetar ningún procedimiento y que no cumplen con las normas más básicas de convivencia, mientras que el resto de propietarios e inquilinos nos vemos obligados a vivir sometidos y atemorizados por ellos», denuncian en su recogida de firmas que pretenden mandar al Ayuntamiento para que se trate en uno de los plenos municipales «y vaya más allá», según señalan a este periódico.
Cuando los vecinos de Arroyovereda hablan de «premiar» hacen referencia a que «unas 16 viviendas» se han destinado a alquiler social. Una cifra que no pueden comprobar por la «inacción de Sareb» y la falta de comunicación de la sociedad. «El Sareb nación para vender los activos inmobiliarios de entidades que se fueron a la quiebra, no para regalarlos; reclamamos que cumpla con su objetivo fundacional», señalan en relación a esos pisos destinados a alquiler social en la urbanización de lujo de Arroyo de la Encomienda. Unas viviendas que no están catalogadas como «Vivienda de Protección Oficial ni como suelo libre», según resaltan.
Una situación vecinal que no tiene fácil solución, a la vista del tiempo que llevan con esta problemática, y que se suma la deuda que tiene la Sareb con la comunidad, 50.000 euros en concepto de cuotas y derramas.
«No podemos seguir siendo testigos de la legalización de las okupaciones mediante la entrega de las viviendas okupadas a las mismas personas que accedieron por la fuerza, camuflándolo en la supuesta vulnerabilidad social de quienes se dedican a atentar contra la seguridad, la convivencia y el bienestar de quienes sí cumplimos con nuestras obligaciones», critican sobre las prácticas de la Sareb al dotar de viviendas sociales en este edificio y dejan claro que los okupas «son los delincuentes». «Nosotros somos los vulnerables y las únicas víctimas de esta situación para la que no vemos ninguna solución», sentencian.
Los vecinos de Arroyovereda lamentan la falta de comunicación de la Sareb: «No sabemos nada, (los pisos que poseen)iban a ser trasladados al SEPE». Un posible «cambio de propiedad» que tampoco agrada a los propietarios e inquilinos de la urbanización de la calle Monturiol de Arroyo.
Los problemas de convivencia lejos de terminar, continúan. «El coche lo dejan en medio de dos plazas», critican sobre algunos comportamientos de los okupas que dificultan la convivencia diaria. Unas complicaciones en el día a día que se replican en «trasteros o zonas comunes». Según ejemplifican, algunos «han instalado piscinas en los patios y terrazas» a pesar de estar prohibido porque daña al edificio. De la misma manera, la piscina y la pista de pádel comunitarias permanecen cerradas, aunque los propietarios aseguran que han visto a un okupa «intentar romper el candado a las nueve de la noche».
En su escrito de recogida de firmas, que presentarán en 15 días, también critican al Ejecutivo central:«Exigimos al Gobierno un cambio urgente en su política de vivienda que hoy protege al que incumple y okupa, y que abandona al que respeta la ley. No regalen viviendas a personas que se saltaron el sistema de protección social español y que eligieron el camino de la okupación». A mayores, también critican las actuaciones de la Justicia y reclaman que «agilice los procesos de desahucio para que las okupaciones no se conviertan en residencias permanentes al margen del sistema social».