La vida en la cárcel del asesino de India y Paloma: teleoperador de una firma externa

David Maroto Lentijo, de 47 años, condenado a prisión permanente revisable más otros 25 años más de cárcel por el asesinato de Paloma Pinedo (45 años) y la hija de ésta, India, de ocho, no ha empezado con mal pie a cumplir su larguísima condena, ya que le ha sido concedido, primero, ser ubicado en el módulo de respeto de la prisión de Segovia y, en segundo lugar el derecho a un trabajo retribuido como operador telefónico para una empresa externa, una compañía energética española, según informaron a esta diario fuentes penitenciarias.

La progresión de Maroto ha indignado sobremanera a la familia de las dos fallecidas por la celeridad de la concesión de estos dos puestos de cierto privilegio a alguien que acaba de empezar a purgar una estancia en prisión que no será menor de 25 años en el mejor de los casos.

«Por si fuera poco dolor haber sufrido la tragedia de los dos asesinatos, cada vez que conocemos nuevas decisiones de la Justicia y de Instituciones Penitenciarias recibimos una nueva decepción. Todo son vericuetos legales que favorecen siempre a Maroto. Lo siento, no estamos de acuerdo», expone a este diario Patricia Pinedo, hermana y tía de las asesinadas por Maroto en su domicilio del paseo de Zorrilla el 23 de enero de 2023.

Patricia se refiere a decisiones en la Audiencia de Valladolid durante el juicio con jurado (diciembre de 2024) que les molestó, como no poder acceder a la sala en determinadas sesiones y, sobre todo, la protección que realizó la Audiencia para que no se captara la imagen del acusado de Tudela de Duero, en su día transportista y empleado de la construcción. Todo ello después de haber visionado hasta documentales con imágenes de la vista oral de crímenes como el de Isabel Carrasco o el del cuádruple homicidio y descuartizamiento de Patrick Nogueira a sus tíos y primos en Pioz. En su etapa penitenciaria, han visto, con furia, cómo a David Maroto se le está alfombrando el camino para reducir días de condena.

Apodado ‘el dandi’

El reo tudelano, que llamó la atención en el juicio por sus jerséis finos de pico y la abundante gomina en su pelo injertado, prosigue en el penal de Perogordo con el mismo look, lo que le ha valido el apodo de ‘el dandi’ entre el resto de internos. Las fuentes consultadas reconocen que desde que llegó el 13 de julio de 2024, trasladado del centro penitenciario de Valladolid, ha tenido siempre un buen comportamiento (lo mismo que en Villanubla), un mérito que quizá le ha dado el pasaporte para estar alojado en el módulo de respeto.

No es fácil hacerse un hueco y es necesario el ‘ok’ de la Junta de Tratamiento. Los internos han de firmar un contrato de conducta según el cual se comprometen a obedecer las normas de convivencia y la disciplina de grupo, acudir a los programas de desintoxicación y formación, mantener una buena relación con sus compañeros, acatar sus responsabilidades, cuidar de su higiene personal así como de la limpieza de su entorno.

Entre sus compromisos están los de realizar una serie de actividades y mantener unas normas de conducta establecidas, de lo contrario son expulsados del citado módulo.

Con el ‘trampolín’ de estar en el módulo de respeto, los reos pueden dar el salto con mayor facilidad a los talleres productivos que también tienen su criba: los internos penados tienen preferencia ante los preventivos; dentro de una misma situación penitenciaria están por delante los internos con obligaciones familiares o los que necesitan ganar un dinero (Maroto fue condenado a pagar 323.000 euros de indemnización) y la antigüedad en prisión, capacidad laboral y conducta penitenciaria (buen comportamiento dentro de la prisión)

En el caso de Maroto su puesto es de operador de telefonía para dar servicio de atención al cliente de una compañía energética española. Este taller entró en servicio en la cárcel de Segovia (300 presos en la actualidad) a finales de 2022 y arrancó con veinte reclusos teleoperadores. Los de atención de llamadas para empresas externas son una pequeña parte (22%) de los talleres con remuneración de las cárceles españolas que gestiona el organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE).

Los grupos de talleres son tres: los de producción propia (artes gráficas, agropecuaria, carpintería, electricidad..); talleres de servicios penitenciarios, que engloban al 76% de los presos asalariados (alimentación, economatos, limpieza, lavandería, jardinería...) y los de colaboración con empresas externas con servicios como call center, pero también en trabajos reparación de maquinaria, entre otros.

Instituciones Penitenciarias (IIPP) publicó en junio de 2024 que había 11.375 internos empleados de los 55.000 que habitaban las cárceles del país, lo que implica que el 20% de los reclusos lleva a cabo algún tipo de trabajo en las cárceles españolas. Datos de IIPP de junio de 2o22 reflejaban que el sueldo medio de los trabajadores penitenciarios en aquel mes era de 300 euros mensuales. Aunque con grandes diferencias entre prisiones como la de Ocaña II, en Toledo, donde las retribuciones medias ascienden a los 464 euros, y la de Brieva, en Ávila, en la que bajaban hasta los 179 euros al mes. En el caso del penal de Segovia los 81 internos adscritos cobraron 200,5 euros al mes de media cada uno.

A la espera del recurso

Entre tanto, Maroto espera la celebración en el TSJ de Castilla y León de la vista del recurso la sentencia que le condenó a prisión permanente revisable y a otros 25 años de cárcel, una apelación que llega con la réplica de las acusaciones con escritos de oposición al recurso.

El condenado pide volver a la casilla de salida respecto a su propia calificación inicial de los hechos, cuando arrancó el juicio con jurado. Ésta, a su juicio, debería ser de homicidio de India con una condena de 13 años de prisión y de homicidio de Paloma con una pena de 12 años. Veinticinco años de cárcel en total.

Los argumentos de Maroto para intentar rebajar la pena inciden en que no tenía capacidad real para controlar sus actos. Todo ello debido a una supuesta ingesta de fentanilo, droga ‘zombi’ que le suministraron bajo engaño, deslizó el acusado en el juicio, en un bar de La Cistérniga.