La trama de favor del guardia civil se centró en multas y contratos de obra

La presunta trama de favor del guardia civil J.C.C.D. con constructores, bodegueros y hosteleros de la provincia se centró en dos tipos de ‘ayudas’ a sus conocidos:modificar la identidad de los conductores en sanciones de tráfico a cambio de regalos y dinero que entregaban los empresarios al agente.

También, a cambio de dádivas, en contratos menores de obra pública en cuarteles de Guardia Civil de Castilla y León, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) tras concluir la ronda de declaraciones de los 18 investigados por sus contactos con el principal investigado, el agente J.C.C.D., relaciones externas de la Comandancia, que en la actualidad se encuentra en situación de baja.

El Juzgado de Instrucción 1 concluyó ayer la ronda de declaraciones de 18 investigados, a falta de una persona más, J.M.H.M. Todos ellos fueron interrogados dentro de un procedimiento abierto por delitos inicialmente de revelación de secretos, cohecho, falsedad, estafa, tráfico de influencias y prevaricación administrativa entre ellos y el guardia civil J.C.C.D. como principal implicado, que ya prestó declaración en su día en sede judicial en calidad de investigado.

«J.C.C.D. es quien presuntamente a cambio de dinero y regalos influía, o decía influir, en distintas administraciones y autoridades, incluso judiciales, para obtener beneficios a quienes acudían a él», señalaron las fuentes judiciales. El juez José María Crespo decidió el 17 de mayo citar a declarar al resto de los 18 investigados, relacionados con el mundo de la empresa, las bodegas, la hostelería y la construcción, por su posible participación en alguno o algunos de los delitos citados.

Dichas declaraciones han tenido lugar entre el miércoles día 4 y ayer día 5 de julio y se han basado en las conversaciones telefónicas que pinchó el Cuerpo Nacional de Policía al teléfono del guardia civil J.C.C.D. inicialmente por la ‘Operación Rosado’ por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y colaboración con banda criminal.

Esta investigación –sustanciada el 22 de marzo con 47 detenciones de individuos relacionados con el clan de los Varela del barrio España– dio paso a esta segunda centrada en trato de favores cuando la Policía, con el teléfono ya abierto a todas sus comunicaciones, descubrió que el agente hacía las veces de presunto ‘conseguidor’ en la Comandancia a cambio de agasajos.

Ayer fue el turno de investigados como la propia mujer del agente, que declaró por espacio de cuatro minutos; de un agente de seguros gestor de siniestros y de otros seis más, que fueron pasando de forma celérica para responder ante juez, a falta de fiscal. «No sé por qué estoy aquí. Solo estuve en una comida donde se mencionó un nombre», susurró uno de los declarantes que trató, sin éxito, de calificarse como mero ‘testigo’.

Todos acudieron con abogado, a excepción de uno al que se le ofreció letrado de oficio. En la misma tónica que el miércoles, todos negaron haber entregado regalos o dádivas al agente, aunque sí admitieron algunos de ellos haber participado en comidas o capeas taurina en las que estaban presentes mandos de la Benemérita.

Fuentes judiciales indicaron que la instrucción de esta causa seguirá en septiembre, aunque no precisaron si el magistrado José María Crespo citará finalmente a los mandos de la Comandancia.

Petición de archivo

Todo ello porque el agente ha mantenido que todas las actuaciones se enmarcan dentro de sus cometidos en la Comandancia de Guardia Civil ya que lleva, entre otros apartados, las relaciones externas, y recalcó que todo se hizo con conocimiento de sus mandos.

Otra cuestión a resolver es la petición de archivo que ha cursado la defensa de J.C.C.D. respecto al primer procedimiento, el de la ‘Operación Rosado’ por blanqueo y narcotráfico, que podría resolverse en los próximos días. En este ‘choque’ de cuerpos policiales, activado por la Policía Nacional cuando pinchó el teléfono del guardia civil, con consecuencias presuntamente penales, no ha faltado la voz de un abogado defensor de uno de los 19 investigados, que achaca las grabaciones al conflicto y la rivalidad entre ambos cuerpos, «con personas que no tienen nada que ver por el medio», se quejó. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno se remitieron a la toma de posesión de Helena Caballero la próxima semana para obtener una respuesta informativa sobre el tema.