Hernández y Tobalina declararán como investigados en el caso Itevelesa

La que fuera viceconsejera de Economía entre 2007 y 2015, Begoña Hernández, y el actual director general de Industria y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, tendrán que declarar en sede judicial, en calidad de investigados, por presunta prevaricación administrativa como consecuencia de la modificación unilateral de las tarifas concertadas con Itevelesa para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Castilla y León.

Así lo ha acordado la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, que, a través de un auto que revoca el sobreseimiento del Juzgado de Instrucción número 6 dictado el día 16 de diciembre de 2016 respecto de la querella presentada contra los dos citados y el ya fallecido exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, por parte de la sociedad patrimonial Amitjugoett A.B., informa Europa Press.

La querellante, con sede en Suecia, en su condición de accionista en Itelevesa al 14,6%, situaba a los tres querellados como principales responsables del perjuicio económico derivado de la modificación a la baja de las tarifas por el servicio de ITV que prestaba Itevelesa, con pérdidas cifradas en un total de 36 millones de euros.

Entre dicha operadora y la Junta se formalizaron una serie de contratos a partir del año 1989 en virtud de los cuales la primera recibió la adjudicación de la explotación de las estaciones para la realización de la ITV, todo ello conforme a unas determinadas cláusulas y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Estado.

La adjudicataria había realizado un estudio previo de los márgenes de explotación y de las previsiones de rentabilidad que podía reportarle la explotación de tales concesiones, aunque admitiendo el principio de «riesgo y ventura» inherente a los contratos de concesión administrativa.

Pues bien, la querella sostiene que por resoluciones de 2 de julio de 2012, 3 de diciembre de 2013 y 10 de abril de 2014, todas ellas firmadas por el entonces director general de Industria e Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía y Empleo, Carlos Martín Tobalina, se acordó mantener las tarifas para los años indicados, lo que, según la querellante, perjudicaba claramente sus intereses.

Los correspondientes recursos de Itevelesa fueron desestimados en alzada por resoluciones firmadas por Begoña Hernández, entonces viceconsejera de Economía, si bien los posteriores recursos de la afectada fueron estimados por la jurisdicción contencioso-administrativa.

La querella implicaba también al entonces máximo responsable de la cartera de Economía, el fallecido Tomás Villanueva, por modificar unilateralmente, a través de una orden de 7 de octubre de 2014, los contratos de concesión del servicio de ITV, aplicando a los mismos una rebaja de un 20% en las tarifas y modificando el sistema de actualización de las mismas, que pasó a ser discrecional por parte de la Junta.

Dicha actuación, a juicio de la concesionaria, supuso un grave perjuicio para sus intereses, cifrado en más de 36 millones de euros, y fue adoptada contraviniendo la normativa, de ahí que la acción civil derivada del delito la dirija la querellante a la Junta de Castilla y León.

Conversaciones

Además, la acusación particular ha aportado un nuevo escrito a la causa relativo a la grabación de unas conversaciones donde se alude a posibles motivos que podrían explicar el cambio de criterio de «los responsables de tomar las decisiones que afectan a Itevelesa», lo que abriría la posible comisión de otros delitos que no han sido valorados por el instructor.

Los hechos denunciados, de comprobarse que son ciertos y fueron adoptados únicamente para perjudicar a Itevelesa y las empresas que directa o indirectamente participaban en dicha sociedad, constituirían, a juicio de la Audiencia de Valladolid, delitos de prevaricación administrativa u otros que pudieran aparecer a lo largo de la instrucción. Por todo ello, la Audiencia Provincial solicita al Juzgado de Instrucción 6 que tome declaración como investigados a Hernández y Martín Tobalina «a fin de que, dentro de su legítimo derecho de defensa, puedan dar explicación de los hechos que se les atribuyen.