Hernández dice ahora que trató de parar la compra del parque de Portillo por «excesiva»

La ex viceconsejera de Economía de la Junta y ex máxima responsable de Gesturcal, Begoña Hernández, investigada en el ‘Caso ADE’ por presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude, aseguró ayer ante el juez que investiga el la compra con supuesto sobrecoste de la ‘Perla Negra’, el alquiler de la sede en la Junta en Bruselas yel fallido polígono industrial de Portillo, que trató de paralizar la compra de los terrenos de éste último terreno industrial ya que entendió que, en época de crisis, era una operación «excesiva» por el riesgo financiero que conllevaba.

La revelación de Hernández, que ahora trabaja en una consultora en Madrid, fue sorpresiva, ya que, hasta la fecha, la ex viceconsejera nunca había hecho pública sus reticencias a dar el visto bueno al Parque Empresarial de Portillo, que ha resultado un doble fiasco, porque 10 años después no ha llegado a construirse y menos aún a comercializarse, y porque fue una operación «ruinosa» para la Junta.

Este apelativo lo utilizó hace dos años el testigo Jesús Carlón, ex delegado de Gesturcal en Burgos y Palencia, ante el mismo juez que ayer interrogó a Hernández. Carlón señaló que ADEParques –nacida de la fusión en 2008 de Gesturcal y Parques Empresariales de Castilla y León– compró el terreno de 145 hectáreas de Portillo por 28,6 millones, cifra reconocida por el consejero Villanueva en las Cortes.

Y Carlón añadió algo más:la Junta pagó a 20 euros el metro de suelo de Portillo, cuando los precios habituales en aquella época eran de tres euros el metro. Un informe de la Policía cuantificó en 25 millones el beneficio de los intermediarios.

Por todo ello la ex viceconsejera trató ayer de levantar un dique ante esta nefasta operación. Su abogado, Jesús Gómez Escolar, explicó a la salida de la declaración por espacio de dos horas y diez minutos, que la operación de Portillo la conoció Hernández cuando «ya estaba realizada», pero ello no fue óbice para que manifestara su oposición a la misma.

Riesgo financiero

«Consideró que era económicamente una operación muy complicada para la sociedad e intentó que se reconsiderara. Era desacertada y por eso pidió que se parara», indicó el letrado de la que fue número dos de Villanueva entre 2007 y 2015 y que dio relevo en este puesto a Rafael Delgado, viceconsejero desde el año 2003 a 2007.

Escolar precisó que la entonces máxima representante de Gesturcal tuvo un papel de corte «profesional» en su condición de presidenta de esta sociedad para la promoción de suelo industrial. En el consejo, según Escolar, Hernández se encargaba de dirigir los debates, comprobar el cumplimiento de todos los trámites administrativos precisos e «intentar reconducir una la operación como la de Portillo que le parecía excesiva desde el punto de vista financiero, porque en aquella época de crisis, la sociedad podría no estar en condiciones de asumir las obligaciones contraídas», recalcó su letrado.

En una declaración en la que tuvo que responder a preguntas del juez de Instrucción 2, encargado del caso, César Gil Margareto, de la fiscal jefe Esther Pérez; las otras dos acusaciones (Junta y PSOE) y una decena de abogados de otros investigados, la ex viceconsejera justificó la compra de la ‘Perla Negra’, porque suponía un desembolso razonable y liberaba de futuros cuantiosos gastos de alquiler.

Tasación más barata

«Se hizo de acuerdo con la tasación pericial, la de Inmoseguros, que era la más barata de todas», recordó Gómez Escolar, sin mencionar que había otras dos de Tinsa y Alia que rebajaban el precio a 41 y 39 millones, respectivamente.

La versión de Hernández entró en colisión absoluta con la declaración de Rafael Delgado que testificó a continuación por espacio de casi tres horas. Un Delgado que solo quiso trasladar a la prensa que acudía a dar la «otra versión», esa versión distinta a la «oficial» que, a su juicio, ha orquestado la Junta para las declaraciones de los cargos y ex altos cargos que han sido llamados a declarar.

Una por una, replicó las explicaciones de Hernández y empezó por Portillo. «Es falso que tratara de pararlo», replicó su abogado, Eleuterio Gordaliza. «Hernández fue la que negoció la adquisición con los miembros de Gesturcal o ADEParques e informó al Consejo de Administración con carácter previo a la adquisición del parque», censuró.

Según explicó, el parque fue una decisión que partió de Villanueva y que incluso se recogió en una propuesta de trabajo de la Junta de Castilla y León de 2008. «El mandato era adquirir al año siguiente 2.000 hectáreas de terreno e invertir 137 millones de euros», debido a la crisis económica e industrial. Ochenta de las hectáreas serían destinadas a grandes compañías industriales atendiendo a su ubicación y a que existía un asentamiento previo de otras empresas en Portillo.

El defensor prosiguió para ‘desmontar’ a Hernández en el caso del edificio de la ‘Perla’. «La compraventa de Arroyo fue consensuada por todas las partes: la Consejería de Economía y todas las instrucciones se reciben por parte del consejero Tomás Villanueva como no cabe otra posibilidad», indicó. Según el letrado, Hernández participó en la toma de decisiones y en la distribución de interior del edificio porque «venía de ADEFinanciación y al edificio llegaron otros centros de actividad», recordó.

Cadena de mando

El abogado de Delgado aseguró que la ‘cadena de mando’ hacía imposible que se tomaran de abajo a arriba decisiones de tanta cuantía económica y Delgado era el número 3 desde 2007, como secretario general y más en funciones de asesor.

«Ella dice ahora que no tenía facultades ejecutivas y que desconoce todo. Que llega tarde a la compra del edificio ‘Perla Negra’ y que no sabe nada de la compra del parque empresarial de Portillo, del mismo modo que desconoce la relación mercantil con Unifica (la empresa que realizó el equipamiento de la ‘Perla’), pero resulta que en la comparecencia en Cortes del 31 de 3 marzo de 2009, que es amplia y pública, dice la verdad», aseguró Gordaliza.

En esta comparecencia justifica desde el inicio la compraventa de la ‘Perla’ y cuantifica el beneficio a la hora de ahorrar alquileres. Hernández lo cifró en 2.176.000 euros anuales por el traslado de direcciones generales y sociedades que ocupaban 8.165 metros cuadrados en espacios en régimen de alquiler.

Gordaliza mostró una indignación aún mayor porque Hernández afirmó que Delgado le había preparado aquella comparecencia parlamentaria, «algo que es absolutamente falso», puntualizó. «La idea de Begoña es la misma que la de todos de la Junta al testificar: Delgado lo hacía todo desde el punto de vista intelectual y material. Es imposible porque sobraría todo el mundo», concluyó.