Presentadas ya 259 peticiones para la devolución del impuesto de plusvalía

El Ayuntamiento ya tiene sobre la mesa 259 reclamaciones de devolución del impuesto de plusvalía, el que se liquida por el incremento de la venta de terrenos, y se prepara para recibir más. Son las recogidas desde el pasado 1 de enero, incluidas aquí, por lo tanto, algunas presentadas antes de que el Tribunal Constitucional dictará sentencia que trae de cabeza a los ayuntamientos.

El grueso de las peticiones presentadas hasta ahora corresponde a dos empresas promotoras, que reclaman el importe que pagaron por la venta de parcelas al ser menor el dinero obtenido que el precio pagado en su momento por la compra de los terrenos.

Y es en este detalle en el que hace hincapié el concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato: sólo se tiene derecho a devolución por las ventas de terrenos con pérdida de valor, pero aquí no están incluidas viviendas ni inmuebles.

Desde que el Constitucional anulara el pasado 11 de mayo el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, de nombre impronunciable en su abreviatura, IIVTNU, no está claro el proceso a seguir para resolver las reclamaciones. Gato tiene claro «lo que no se puede hacer», es decir cobrar el impuesto cuando el precio de la venta del terreno sea inferior al que se pagó en la compra.

Pero no está concretado «cómo se acredita» la pérdida de valor en la venta. ¿Será necesaria una tasación del terreno antes y después de la operación? «Son dos valores que hay que comprobar y existe una gran indefinición», afirma el concejal de Hacienda.

Entre los aspectos que todavía hay que aclarar está si la medida tiene carácter retroactivo o sólo afecta a las transacciones realizadas a partir de la sentencia.

Hay otra cosa clara. Con el fallo del Tribunal Constitucional los ayuntamientos ingresarán menos por este impuesto, una mala noticia para las ya endeudadas arcas municipales:unas más y otras menos.

Está por ver de qué manera afecta a la previsión de ingresos de 6 millones de euros que el Ayuntamiento de Valladolid tiene presupuestados para este año por el impuesto de plusvalía, pero todo apunta a que esta cantidad sufrirá un buen mordisco.

De hecho la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, ya ha solicitado al Gobierno el estudio de alguna medida que sirva para compensar esta pérdida de ingresos, una batalla que se presenta difícil.

Gato recuerda que, además de esta petición, la FEMP espera que el Ministerio de Hacienda modifique la Ley de Haciendas Locales y especifique cuál debe ser el procedimiento a seguir por los ayuntamientos para resolver las reclamaciones.

El Ayuntamiento, por su parte, trasladó ayer al Consejo Económico Administrativo, como órgano asesor municipal, la elaboración de un informe sobre los pasos a seguir.

De las presentadas hasta ahora, 21 están enviadas al Consejo Económico y otras tres al Juzgado de lo Contencioso.

En su sentencia, el Constitucional considera que este impuesto vulnera el principio según el cual el ciudadano debe contribuir «de acuerdo a su capacidad económica». Por contra, con la normativa actual, sostiene el máximo intérprete de la Constitución, el mero hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo tiempo obliga al pago del impuesto, incluso si no se ha producido un incremento de su valor o, por el contrario, lo que hay es un descenso. Es en este último caso en el que el propietario está exento del pago del impuesto tras la sentencia.

Por ahora, y a la espera de noticias sobre la aplicación del fallo del Constitucional, el concejal de Hacienda apela a la «prudencia», aunque consciente de que llegarán más reclamaciones.