Intento ‘in extremis’ para catalogar el San Juan de la Cruz y evitar tirarlo

En un intento casi a la desesperada para evitar el derribo del antiguo colegio San Juan de la Cruz, el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, anunció ayer el inicio de los trámites para la catalogación del edificio, un mecanismo para proteger el inmueble de la piqueta. Con la catalogación del edificio como de interés general para la comunidad no se conseguirá el objetivo perseguido de devolver el colegio al barrio de La Rondilla, el fin último de una batalla que dura ya 17 años, pero el concejal de Urbanismo pretende que al menos la Seguridad Social, que abrirá un centro de atención ciudadana en el lugar que ocupa el centro, se vea obligada a mantener el inmueble.

Sería, de conseguirlo, una victoria pírrica para el concejal, que hizo del San Juan de la Cruz una de sus cruzadas ya en la oposición y ahora la mantiene en el equipo de gobierno municipal como responsable de Urbanismo. La cuestión es si hay margen para esta maniobra ‘in extremis’, casi agónica.

La licencia de demolición solicitada por la Seguridad Social vuelve hoy a la junta de gobierno del Ayuntamiento y todo indica que, esta vez sí, se aprobará. Ya estuvo en el orden del día hace dos semanas, pero se aparcó en un último intento por negociar un posible intercambio por otra parcela, pese a que la Seguridad Social ya había dejado claro que no había nada que hablar y que lo que quiere es tener la licencia y tirar el edificio para construir allí una oficina de atención que dará cobertura a 140.000 habitantes de la zona centro-norte de la ciudad.

Pero ese último intento terminó ayer en fracaso. Ni la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, ni el secretario de Estado de la Seguridad Social, el vallisoletano Tomás Burgos, recibieron a Saravia en su viaje a Madrid para plantear, de nuevo, un intercambio del colegio por otra parcela.

Un viaje condenado al fracaso después del duro comunicado hecho público por el Gobierno el pasado jueves, en el que volvía a dejar claro que no había nada que negociar y que retrasar más la licencia de demolición suponía «un quebranto» para los planes de abrir la nueva oficina de la Seguridad Social y un perjuicio para los ciudadanos.

Pero incluso así, el concejal, al que acompañó la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Rondilla, Carmen Quintero, confesó que esperaba ser recibido «por alguien». Si no por la ministra ni por Tomás Burgos, al que dirigió duras críticas por su comportamiento «con el barrio de La Rondilla», al menos sí por algún responsable de sus equipos.

Pero según el relato del concejal, su visita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social no pasó del arco de seguridad que se encuentra en la recepción del edificio. Allí, una representante del despacho de Tomás Burgos les comunicó que ni la ministra ni el secretario de Estado les recibiría.

Pese a que Saravia llegó a desplegar el mapa que llevaba preparado para mostrar la ubicación de las parcelas alternativas que proponía a cambio de recuperar el San Juan de la Cruz para el barrio, la ‘mensajera’ del Ministerio aclaró que no era la interlocutora a la que debían dirigirse.

Terminaba así la última posibilidad de intentar lo que ya parecía, antes del viaje a Madrid, imposible. El concejal arremetió contra la ministra «por incumplir su palabra de negociar», pero sobre todo contra Burgos. «Un diputado de Valladolid no puede comportarse con el barrio de esta manera», dijo Saravia.

También la Asociación de Vecinos de La Rondilla tachó de «indignante» el trato recibido en el Ministerio. «Estos son nuestros gobernantes, los que nos representan y están al servicio del pueblo. Ni siquiera Tomas Burgos, que se presenta como diputado del PP por Valladolid, fue capaz de bajar a recibirnos», lamentó la asociación en un comunicado.

Antes de conocerse el desenlace del viaje a Madrid, el alcalde, Óscar Puente, fue muy claro y dijo que si el encuentro no daba ningún fruto «no hay que dilatar más» la concesión de la licencia de demolición. Todo apunta a que ese día ha llegado y es hoy.

Una catalogación que deberá aprobar la Junta

Será la Junta de Castilla y León, en concreto Patrimonio, la que tenga la última palabra para aprobar la catalogación del San Juan de la Cruz que planteará el concejal de Urbanismo. Lo que Saravia propondrá hoy es un decreto para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, ahora en proceso de revisión, que incluya la catalogación del edificio. La idea del concejal es que la aprobación inicial vaya al próximo pleno, el del mes de junio, para luego elevar la petición a la Junta. Saravia considera que la aprobación inicial paraliza la demolición, aunque la cuestión es si llegará a tiempo para evitar el derribo si, como parece, la junta de gobierno concede hoy la licencia. La Seguridad Social anunció en el comunicado que hizo público el pasado jueves que su intención es empezar «de inmediato» una vez que el Ayuntamiento conceda la autorización para derribar el edificio, declarado en ruina económica. Esta declaración implica que la rehabilitación del inmueble supera el 50% de su valor. Saravia aclaró que pese a que pueda parecer una respuesta tras el desplante de ayer en Madrid, la posibilidad de solicitar la catalogación para el antiguo colegio «ya estaba prevista en la moción que se aprobó el pasado mes de febrero» y se desempolva ahora «a la vista de cómo están las cosas». Es decir, de lo inevitable de aprobar la licencia de demolición solicitada por la Seguridad Social. El edificio que está previsto en el antiguo colegio costará 6 millones de euros.