Diario de Valladolid

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El terrible accidente ferroviario en Urda (Toledo) ha dinamitado la campaña a las elecciones generales del próximo día 29 de noviembre. Es el segundo percance en las vías de nuestro país en nueve meses. Es una verdadera tragedia. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? La Alta Velocidad ha sido uno de los emblemas que han posicionado a España entre las economías más avanzadas del mundo. La puntualidad, la comodidad, el buen servicio y el acortamiento de distancia entre ciudades lejanas han sido un baluarte del transporte español. En un periodo corto de tiempo esta perspectiva colectiva se ha ido al traste. Las razones por las que se han producido estos aciagos hechos, que se han llevado por delante y han sesgado la vida de ciento quince personas (se dice pronto), son multifactoriales y vienen de hace tiempo. El deterioro de las vías férreas y sus sistemas de seguridad han saltado por los aires.

Hagamos un poco de historia. A principios del año 2000, la gestión de las infraestructuras ferroviarias se separó de la administración de Renfe. Pocos años después, por imposición europea, se liberalizó el transporte de manera que confluyen compañías que compiten con Renfe en la prestación de servicio por lo que se hizo necesaria la coordinación entre empresas públicas y privadas. A todo esto, hay que añadir la externalización de los servicios de mantenimiento y su insuficiente inversión, así como una política de personal en los centros de control que está en entredicho, como hemos podido comprobar. Quizás el modelo que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo no sea el más idóneo. Lo que es un hecho incontestable es que no ha funcionado y que la peor parte se la llevan los usuarios que confiando en el sistema, han salido apaleados. Quedan lejanos aquellos días en los que el tren, a pesar de salir y llegar tarde, eran mayormente seguros. Las infraestructuras ferroviarias españolas, tal y como están planteadas y mantenidas, son insostenibles. Uno de los pilares sobre el que se asienta el mundo y que, desde hace tiempo, se ha tratado de transmitir a los poderes públicos europeos y españoles es el principio de sostenibilidad. Pues bien, es necesario, entre otros ámbitos, su real incorporación y ejecución a la gestión de las políticas públicas, aunque no venda tanto como las grandes inauguraciones. El mantenimiento, aunque no se vea, es esencial.

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