La batalla contra la despoblación se escribirá en femenino

Todos asumimos, a día de hoy, que la despoblación es el principal problema que tiene y debe afrontar Castilla y León. Pero sigue resultando difícil hacer ver que es sólo una cara de un poliédrico asunto de Estado: el reto demográfico. Sufrimos una peligrosa tendencia a que la mayor parte del territorio se convierta en un desierto poblacional salpicado por unos pocos núcleos urbanos con un descomunal e irrecusable poder de atracción que acaba convirtiéndolos en conurbaciones muy poco habitables.

Es un modelo que no resiste ningún análisis positivo pero que no parece preocupar al conjunto de la sociedad. Su arista más punzante, por ser la cara visible, es el desolador panorama de presente y de futuro que se despliega ante muchos de nuestros núcleos rurales, pero afecta a toda la sociedad española.

A todas las provincias de Castilla y León les interesa el debate que plantea desde estas páginas El Mundo de Castilla y León por su ruralidad y por su demografía pero es un debate abierto a todos los territorios, a todas las personas porque afecta a su forma de vida.

En los tiempos de los grandes éxodos de la población rural hacia las ciudades que tienen perfectamente delimitados y estudiados la Historia y la Geografía Humana, las grandes urbes eran un lugar para la esperanza de encontrar una vida mejor. Los hombres y las mujeres del campo sabían que necesitaban a las ciudades.

En estos tiempos de emigración pertinaz pero silenciosa, deberíamos ser capaces de hacer ver a la población urbana que también necesita al medio rural y que nuestros pueblos son ahora ese lugar de oportunidades que no se encuentran en las grandes urbes, a poco que se sepa explotar los recursos que el campo ofrece.

Con todo, no debe pensarse, en los albores de este tercer milenio, que la relación entre lo rural y lo urbano es excluyente. La educación, la cultura, el ocio, la forma de vida que ofrecen, muchas veces como pura entelequia, nuestras grandes ciudades hacen que la imagen de la metrópoli como forma de vida esté mejor vista que la del pueblo. Pero en la actualidad, los habitantes de las urbes pueden ser hombres y mujeres rurales y viceversa casi a la carta. Se dan las condiciones tecnológicas y de transporte para que así sea. Es una oportunidad que Castilla y León no puede dejar pasar.

Si el equilibrio es armonía, uniformidad, igualdad, cualquier desequilibrio es insolidario. La despoblación rompe el equilibrio entre población y territorio y pone en riesgo la importancia de los espacios para conformar hábitats que estructuren con criterios racionales los estados entendidos, al modo de la Convención de Montevideo, como espacios que poseen una población permanente, un territorio definido y un Gobierno que es capaz de mantener control efectivo sobre el territorio correspondiente y de conducir relaciones internacionales con otros estados.

Y si saco a colación la definición de este tratado internacional de 1933 es porque quiero poner el foco en la necesidad de que los gobiernos, además de preservar la unidad del territorio, sean capaces de arbitrar fórmulas que lo vertebren para evitar los desequilibrios. Porque mantener control efectivo sobre el territorio también debe ser esto.

La Unión Europea ha entendido la magnitud del problema. El Parlamento Europeo aprobó hace unos días un reglamento por el que la despoblación se convierte en un criterio a la hora de repartir los fondos de cohesión del periodo 2021-2027. Mucho tuvo que ver en la esencia de este texto nuestra eurodiputada Iratxe García que conoce, como castellana y leonesa que es, el calado del asunto.

Los retos demográficos y las necesidades específicas de las áreas y regiones más afectadas por el cambio demográfico se han convertido en una prioridad. Los fondos estructurales persiguen la cohesión como herramienta básica para conseguir la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos y ciudadanas independientemente del lugar en el que vivan.

En nuestro caso, el de Castilla y León, una de las comunidades autónomas más grandes de Europa con casi 95.000 kilómetros cuadrados, con más municipios (2.248), que más habitantes pierde y una de las más envejecidas, hay que aplicar ya, con urgencia, políticas que frenen la sangría demográfica, que fijen población, que den oportunidades dentro de nuestros ámbitos rurales a los jóvenes y a las mujeres, que eviten que la Nada se apodere de la inmensa mayoría del espacio que ocupamos.

Si Europa sabe que tiene un problema, España también sabe que no puede dejar abandonado a su suerte al 70 por ciento de su territorio. Por eso, el Gobierno al que represento en Castilla y León dejó muy claro su compromiso con la estrategia frente al reto demográfico que requiere para su desarrollo un pacto de Estado y que debe bajar de una vez por todas del limbo político al teatro de los hechos contantes y sonantes.

Sabemos que los planteamientos que recoja esta estrategia, que será presentada muy pronto, debe mirar al futuro con una proyección a largo plazo. Debe comprometer en el proyecto a todos los actores públicos y llamar a todos a hacerse cargo de sus responsabilidades en esta materia en una estrategia común. Tiene obligatoriamente que incorporar en esta misión a la sociedad civil y especialmente a los agentes económicos y sociales. Y tiene que articular medidas concretas a través de planes de acción que expresen en términos tangibles la naturaleza de este compromiso.

En definitiva, tejiendo un pacto de Estado que perfile un proyecto de país, que necesitará de ajustes permanentes, además de un sistema de gestión a distintos niveles en el que las entidades locales asuman el protagonismo que corresponde a su vocación política de gobiernos de proximidad.

Y ese pacto de Estado, que debe partir de un reconocimiento minucioso de la naturaleza y el grado en que los diferentes riesgos demográficos afectan a cada territorio descendiendo a la escala local, implica el reconocimiento de la igualdad constitucional de derechos de toda la ciudadanía, con independencia del lugar de residencia.

Poniendo en el centro de nuestra atención a las personas que viven en el medio rural, debemos reconocer también el derecho de todos los territorios al pleno desarrollo de sus potencialidades. Este derecho es el de su ciudadanía, sus organizaciones sociales e instituciones locales.

Eso significa actividad económica, significa empleo, significa acceso a la red y a los servicios e infraestructuras públicas en condiciones de igualdad, pero con la calidad de vida y la profundidad moral que permiten las relaciones humanas en primera persona y la interacción con la naturaleza en el medio rural.

Esa es, a mi juicio, la visión positiva y optimista que necesita el medio rural para ser atractivo para vivir. Un espacio a escala humana conectado con el mundo y comprometido con su sostenibilidad. Con igualdad de oportunidades y de derechos, pero con más calidad de vida que cualquier otra opción de residencia.

Y termino con una consideración esencial para que podamos revertir la situación. En Castilla y León, sólo una de cada cuatro mujeres reside en el medio rural, y sólo el 16% de las niñas viven en un pueblo. Si no conseguimos que la mujer permanezca en el ámbito rural no ganaremos la batalla a la despoblación. La masculinización de nuestros municipios de escasa población es un hecho. El futuro de nuestros pueblos se escribirá en femenino o no se escribirá.