Nueva ley de cooperativas para ser más competitivos
CASTILLA Y LEÓN tiene ya nueva Ley de Cooperativas, que nace en las Cortes con el consenso de todos los grupos. Esa es sin ningún género de dudas es la primera gran noticia de esta nueva norma, el que una vez más desde Castilla y León se demuestre que cuando se trata de asuntos de Comunidad casi siempre el pacto se hace posible.
La segunda gran noticia pasa porque la normativa reduce trámites, amplía el capital social, rebaja el número de socios y apuesta por el sector agroalimentario para fijar población, lo que en un territorio como el de Castilla y León, donde la sangría poblacional es el problema más grave, resulta fundamental.
Cambios importantes sobre el papel que sirven tambíen para justificar ese respaldo mayoritario a una reforma participativa que cuenta con el apoyo de la Unión regional de Cooperativas de Castilla y León (Urcacyl), de los sindicatos y al menos de Asaja, la principal organización agraria de la Comunidad autónoma.
A partir de su entrada en vigor, los emprendedores de la llamada economía social podrán constituir cooperativas con solo dos socios, uno menos que hasta ahora, lo que facilitará su creación y mitigará situaciones que se han venido produciendo en algunas sociedades al acabar con menos de tres integrantes por jubilación o baja de alguno. Se trata de una medida reclamada por el sector y que ya está vigente en otras comunidades autónomas y a la que podrán acojerse las que ya funcionan.
Las nuevas cooperativas que se crearán a partir de ahora lo harán con más solvencia financiera, lo que sin duda contribuirá a evitar faltas de liquidez.
El texto normativo concede un plazo de dos años para que las cooperativas adapten sus estatutos a la ley. El acuerdo de adaptación de estatutos deberá adoptarse en una asamblea general, «siendo suficiente el voto a favor de más de la mitad de los socios presentes y representados». Al respecto, la disposición transitoria segunda del texto aprobado ayer establece que «cualquier consejero o socio» esté legitimado para solicitar del consejo rector la convocatoria de esa asamblea, y si en dos meses no se celebrar, «podrán solicitarla al juez». El texto es contundente al respecto. Si en dos años no se registran los nuevos estatutos, la cooperativa estará incursa en causa de disolución.
En definitiva una Ley de Cooperativas bien articulada, con la que se busca fomentar e impulsar ese cooperativismo que permita ser más competitivos. Y esque todo pasa por ese gran reto de aumentar la competitividad, lo que debe traer consigoo una mayor generación de empleo. De no lograrse, la nueva ley será papel mojado con buenas intenciones.