Diario de Valladolid

EDITORIAL

Necesaria reforma del Fondo de Compensación Interterritorial

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EL FONDO de Compensación Interterritorial (FCI), un instrumento recogido en la Constitución Española para corregir los desequilibrios entre comunidades, es uno de los elementos del modelo de financiación autonómica que revela la necesidad de reformar un sistema a todas luces ineficiente. Así se desprende no solo de su evolución y su cuantía –cuestionados por el grupo de expertos encargados de diseñar el nuevo modelo–, sino también de unos criterios de reparto que, en el caso de Castilla y León, penalizan a esta comunidad.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública mantiene inalterado este fondo para los presupuestos de 2018, con 432,4 millones de euros, según informó ayer el director general de Planificación Económica y Estadística, Jesús Sánchez Fernández, en la reunión del Comité de Inversiones Públicas. Se trata, por tanto, de la misma cuantía asignada para el Fondo de Compensación Interterritorial en los ejercicios de 2016 y 2017. El importe se distribuye entre las diez comunidades que cuentan con menor renta por habitante, más las ciudades autonómas de Ceuta y Melilla. Así, junto con Castilla y León figuran Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, la Comunidad Valenciana y Murcia.

El reparto no es uniforme ni similar cada año, ya que está en función de diversos parámetros. Y, en esta batalla, Castilla y León sale perdiendo en la asignación para el próximo año, que será de 18,76 millones de euros, frente a los 19,35 millones que recibe en este ejercicio, según informó ayer Sánchez Fernández. Por tanto, un 3% menos de fondos que se derivan de la evolución de diversas variables. La más importante es la de población relativa, que representa el 88% del total y pondera la de cada comunidad en relación con el conjunto de las autonomías beneficiarias del fondo. Dado que Castilla y León ha perdido más población que ninguna otra –de hecho, ha tocado suelo en la serie histórica–, esta circunstancia es claramente desfavorable. Consecuencia de ello, por otra parte, es el aumento de la renta por habitante, otra variable que se contempla, junto con la tasa de paro, que en Castilla y León es mejor que en otras comunidades.

Sobre estas premisas, el reparto viene a corroborar que el fondo no corrige desequilibrios, sino al contrario, y deberá ser revisado a fondo en el debate sobre el nuevo modelo. De otro lado, los expertos encargados de diseñarlo ya apuntan que la dotación del FCI debe incrementarse de forma significativa. Un argumento de peso si se observa que, en 1991, superaba el 0,21% del PIB y, en 2016, se situó en el mínimo histórico del 0,04%.

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