Igualdad de trato con la deuda para todas las autonomías
EL DEBATE sobre la futura financiación autonómica podría estar servido en menos tiempo del previsto, a tenor de algunas iniciativas que plantean miembros del Comité del Expertos. A falta de una reunión, la próxima semana, para concluir su dictamen, el informe puede abrir el melón del enfrentamiento entre las comunidades autónomas.
El pasado enero, seis gobiernos autonómicos trasladaron al Ministerio de Hacienda su propuesta de que el nuevo modelo de financiación contemple la condonación de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que han recibido. El Gobierno creó este instrumento financiero en 2012, en un momento en que muchas autonomías tenían cerrados los mercados. A él se acogieron, entre otras, Andalucía, Murcia, Aragón, Canarias Baleares y la Comunidad Valenciana, que argumentaban su petición en que era un modo de compensarles por la deuda generada por la infrafinanciación que dicen padecer. No fue el caso de Castilla y León, que siguió financiándose fuera, y más adelante, optó por acogerse a la denominada Facilidad Financiera, puesta en marcha por el Gobierno para las comunidades cumplidoras.
La propuesta formulada por las mencionadas autonomías no había tenido más recorrido hasta ahora, cuando algunos miembros de la Comisión de Expertos creada por el Gobierno para definir el nuevo modelo de financiación han asumido esta petición.
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, salió ayer al paso de esta posibilidad, reclamando al Gobierno que, en caso de que decida condonar la deuda a las comunidades autónomas más endeudadas, establezca en el nuevo modelo de financiación un fondo para compensar a las que sí han hecho los deberes en esta materia. De no ser así, Del Olmo planteó que si se acuerda perdonar la deuda a las autonomías con mayor endeudamiento, la posición del Ejecutivo autonómico será que se la perdonen a todas las comunidades, independientemente de con quién esté contraída esa deuda.
Bien es cierto que la presentación del informe de los expertos sobre el nuevo modelo de financiación es un primer paso. A partir del documento, hay que abrir un periodo de negociación política y de debate con la vista puesta en que el modelo entre en vigor en enero del próximo año. Ahí es donde Castilla y León tiene que hacer valer su posición –consensuada además entre los grupos políticos– y exigir igualdad de trato entre las comunidades autónomas. El argumento que exponen las regiones endeudadas no es válido por cuanto no son las únicas que están infrafinanciadas. También lo estaba y lo está Castilla y León, y sin embargo, se ajustó el cinturón.