Piden que los exjugadores entren en prisión dado el «riesgo de fuga» por la alta condena

La vista en la que la Audiencia Provincial decidirá si los exjugadores de la Arandina deben ingresar o no en prisión de forma inmediata tendrá lugar el próximo miércoles, 18 de diciembre, a las diez de la mañana. A esa hora están convocados tanto los abogados de la defensa como los de la acusación particular y popular y el Ministerio Fiscal. Durante esa sesión se resolverá la petición de las defensas de que puedan aguardar en su casa hasta que finalice el proceso, que probablemente llegará al Tribunal Supremo.

Por el contrario, son las acusaciones y la fiscalía quienes han instando la celebración de esta vista en la que intentarán lograr que el tribunal decrete el ingreso en prisión. «En nuestra opinión, ante penas tan elevadas como las de este caso hay un evidente riesgo de fuga», afirma Luis Antonio Calvo, el abogado de la Fundación Clara Campoamor, que actúa en la causa como acusación popular, en la que el magistrado ha condenado a cada uno de los tres exfutbolistas a 38 años de prisión por un delito de agresión sexual a una menor y otros dos de cooperación necesaria. Calvo ya era partidario de que los tres jugadores ahora condenados hubieran esperado el juicio en prisión preventiva, precisamente por la cuantía de las penas de cárcel que solicitaban las acusaciones y la fiscalía, por lo que tras la sentencia, insistirá ante el juez en su inmediato ingreso en prisión.

Para la defensa, sin embargo, esta medida sería muy injusta. «Los chicos han cumplido de forma escrupulosa todas las medidas cautelares que les han impuesto», recuerda el abogado de Víctor Rodríguez ‘Viti’, Rafael Uriarte.

La decisión no solo afecta a los condenados, también al propio proceso. Según explica el letrado, Luis Antonio Calvo, si los jugadores ingresan en prisión, el procedimiento sería considerado ‘prioritario’ por lo que el paso, primero, por el Tribunal Superior de Justicia y después por el Tribunal Supremo –si llega- podría producirse en un tiempo aproximado de un año. Sin embargo, si los condenados obtienen la libertad provisional, el proceso podría superar los tres años.

Desde que se conoció la sentencia el jueves, en Aranda de Duero no se habla de otra cosa. Hay opiniones para todos los gustos pero la mayoría coincide en destacar lo elevado de la pena. «Matar sale más barato», señalaba ayer una vecina que vive en la misma calle donde se cometieron los hechos enjuiciados mientras ponía como ejemplo el caso de José Bretón, al que la Audiencia Provincial de Córdoba condenó en 2015 a cuarenta años de cárcel por el asesinato de sus dos hijos pequeños. «Es una barbaridad», apuntaba esta vecina que insiste en no dar a conocer su nombre. En el lado opuesto, para otra vecina, la ley hace bien al proteger a una niña que no había cumplido los dieciséis años.

La división social es un hecho y al igual que sucedió en la instrucción judicial, la tensión se plasmará en concentraciones. La primera tendrá lugar esta tarde en la plaza mayor de Aranda en apoyo a Raúl Calvo, Víctor Rodríguez ‘Viti’ y Carlos Cuadrado ‘Lucho’. «Aquí se ha pasado de la presunción de inocencia a la presunción de culpabilidad. Ellos son inocentes y no nos cansaremos de repetirlo. Es una sentencia cogida con pinzas, sin ninguna prueba y vamos a seguir luchando», garantiza a este periódico la amiga de Viti y Lucho, Sara González, sin perder de vista otras sentencias donde en casos de asesinato, los tribunales han sido mucho más leves. «Con este tipo de sentencias se perjudica a las mujeres y se envía un peligroso mensaje», lamenta.

También en este sentido se ha manifestado en las redes sociales el exentrenador de la Arandina Club de Futbol, Javier Álvarez de los Mozos: «Os creo. Os quiero».

En el plano judicial, los abogados de la defensa ultiman ya los recursos para elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. «Estamos confiados en que se reconduzca todo», afirma el abogado de Víctor Rodríguez, Rafael Uriarte, preocupado porque con esta resolución «tan desorbitada» se crea una inseguridad jurídica y se abre la puerta a las denuncias falsas. «Aquí no hay una sola prueba, solo se ha tenido en cuenta el testimonio de una chica que ha cambiado de versión hasta cuatro veces», lamenta al recordar que los móviles sí tuvieron actividad en esa hora y que el único testigo presencial –conocido como el ‘cuarto jugador’-, aseguró que coincidió todo el tiempo con la estancia de la niña en el piso de la calle San Francisco (menos diez minutos que se fue a una habitación) y que allí «ni vio ni escuchó nada extraño». «Confiamos en el Tribunal Superior de Justicia», insiste.