El Gobierno contempla los primeros 130 millones para las cuencas mineras

El Gobierno dio ayer luz verde a la Estrategia de Transición Justa que contempla para los Convenios de Transición urgentes 130 millones en líneas de ayuda para el marco 2019-2021. Para aquellas comarcas donde la transición energética y ecológica pueda suponer «dificultades» para la actividad económica y las empresas, el Gobierno propondrá la firma de un acuerdo de Transición Justa, informa Ical.

Este convenio articulará un plan de acción orientado a generar proyectos integrales de desarrollo territorial que garanticen el empleo a medio y largo plazo, y dinamicen la transición hacia un nuevo escenario productivo.

Para el apoyo técnico a la elaboración e implementación de los Convenios de Transición Justa, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) se transformará en el Instituto de Transición Justa que reforzará y ampliará su espectro a más zonas en transición y a más sectores de actividad.

Estos convenios animarán y canalizarán la participación de los diferentes actores implicados: empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales así como las distintas Administraciones, donde las entidades locales están llamadas a desempeñar un papel fundamental. Este planteamiento permite la combinación de participación social y profesionalización del proceso.

Como apoyo financiero, ofrecerán acceso «asistido y ágil» a líneas de apoyo de la Administración General del Estado (AGE), asistencia técnica para ventanas de financiación europea, priorización en líneas de ayudas existentes a través de puntuación adicional -tras la valoración de su idoneidad por parte del Ministerio de Hacienda y de Trabajo, Migraciones y Seguridad- o herramientas de política energética, como las subastas específicas de energías renovables.

Para gestionar los desafíos a corto plazo que el Ministerio asumió tras su creación como son el cierre de minas de carbón, el cese de la actividad de las centrales térmicas de carbón que no han realizado inversiones requeridas por la Unión Europea, o las centrales nucleares sin planes de reconversión (Garoña y Zorita), la Estrategia de Transición Justa incorpora un Plan de Acción Urgente 2019-2021.

El Plan se marca garantizar a los trabajadores que pierdan su empleo en empresas mineras que cierren, compensaciones adecuadas, como prejubilaciones o bajas indemnizadas; mantener a corto plazo el empleo en las comarcas mineras a través del Plan de Restauración de Minas y del Plan de Energías Renovables y Eficiencia Energética y otras estrategias a desarrollar con los municipios mineros, y ofrecer la implementación de Convenios de Transición.

Una parte importante del Plan de Acción Urgente está ya en marcha. «En pocos meses se ha salido al rescate de los territorios», destacó el Gobierno que se refirió al acuerdo minero alcanzado con sindicatos y la patronal en octubre de 2018. Este acuerdo ha sido convalidado como Real Decreto Ley 15/2018.

Por otro lado se ha agilizado la concesión de subvenciones para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón del marco 2013-2018 y extensión de fecha límite para el reconocimiento de las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2023, por un total de 134 millones de euros. La dotación de los Planes de Restauración y Energías Renovables y Eficiencia Energética 2019-2023 es de 158,4 millones de euros.

Además, el Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con el que el Gobierno pretende prohibir la venta de coches y vehículos comerciales ligeros que emitan dióxido de carbono (CO2) en 2040.

Este anteproyecto normativo forma parte de un paquete de enegía y clima al que dio luz verde el Consejo de Ministros, junto con el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la Estrategia de Transición Justa.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ese paquete es «una combinación de anhelo y realidad» que se alinea con los compromisos adquiridos por España con la UE.

Asimismo, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima aprobado este viernes por el Gobierno contempla que la potencia nuclear instalada en España alcance los tres gigavatios (GW) en 2030, lo que supone una rebaja del 60% con respecto a la situación actual, en la que hay instalados 7,4 gW nucleares.

Del Olmo contra el plan de los coches de combustión

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, criticó ayer con dureza el «plan de aniquilación del vehículo de combustión» que presentó ayer el Gobierno en el Consejo de Ministros, y aseguró que «tiene unas lagunas enormes». Tras recordar que se han convocado elecciones generales el 28 de abril, señaló que desconoce «si este plan es un gesto o es vender humo del que contamina, porque está claro que no va a salir adelante». «Hacer un plan hasta 2050 en estos momentos a mí me parece que es reírse de los españoles. ¿Qué piensan, que el Congreso no se va a disolver?», cuestionó. Del Olmo subrayó que el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez pretende prohibir en 2040 la venta de vehículos de combustión, incluidos los híbridos, sin haber hablado antes con el sector. «No sé si están preparadas ahora mismo todas las ensambladoras de automóviles para que en el año 2040 se acabe de un plumazo con este tipo de vehículos. Las empresas del sector hacen planes industriales a diez años, no de la noche a la mañana, y si en el año 2040 está prohibido por ley vender coches de combustión, en 2030 no habrá un euro de inversión. Castilla y León somos una comunidad productora de automóviles, de piezas y de industria auxiliar relacionada con el automóvil, y este es un anuncio muy malo, muy poco reflexionado y nada dialogado con el sector», sentenció. En su opinión, habría que poner en marcha un plan de eficiencia de edificios y de las industrias. «Tiene que haber un plan de consumo responsable, de eficiencia energética, una renovación de las fuentes de consumo energético en las propias viviendas, pero esa decisión que el Gobierno va a presentar puede perjudicar gravemente a la industria del automóvil en España», lamentó. Por otro lado, se refirió a la transición energética de la economía, y recordó que la UE recomendaba que antes de tomar cualquier decisión de cierre de la minería o las térmicas había que hacer un plan de diversificación y de recolocación de las personas.