La fiscal superior pide «incentivos» para denunciar casos de corrupción

La fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez, demandó ayer «incentivos» para denunciar la corrupción así como la necesidad o utilidad de que se establezcan cauces internos para su denuncia tanto en organizaciones públicas como en empresas.

Rodríguez se expresó así durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2017 donde se refirió a los casos de corrupción, en los que es difícil dar datos concretos porque primero habría que definir en qué delitos «encaja» su definición, para los que reivindicó una mejora de su detección, algo que ahora considera que se dificulta por una «defectuosa» legislación.

Para ello, propuso el establecimiento de determinados «incentivos» para denunciar conductas que sean posibles casos de corrupción, sobre todo para aquellas personas que han participado de manera «no relevante» en estos hechos y pueden aportar pruebas. Como ejemplo de ello puso ciertos «privilegios» o «rebajas de penas» como ocurre en otros países, algo que puede ser «muy importante» para avanzar en las investigaciones, según recoge Europa Press.

La fiscal superior consideró «muy necesario o útil» que dentro de las organizaciones y las empresas se establezcan cauces que permitan «canalizar» denuncias y romper así «códigos de silencio» que hacen que estos casos no afloren. De la misma forma, reclamó una mayor colaboración institucional entre administraciones, más intercambio de información y equipos conjuntos para la investigación y el despacho de asuntos, que podría dar «frutos importantes».

Rodríguez incidió en que los casos de corrupción tienen como características comunes su «complejidad» y duración en el tiempo, que a veces es de años o décadas en lo que se tramita, lo que es algo «tremendo» porque en ocasiones tiene consecuencias «totalmente indeseables» para la credibilidad de las administración de justicia.

Además, apuntó que el tiempo que pasa permite deshacerse de pruebas, de los beneficios obtenidos de esta forma, la prescripción de delitos, la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas o juicios paralelos, lo cual genera «insatisfacción, frustración» y asombro de los ciudadanos porque «la solución no llega».

Reformas ineficaces

En este marco, la fiscal superior de Castilla y León aseveró que las reformas llevadas a cabo en 2015 no han sido «eficaces» ni han tenido el efecto esperado en el tiempo de tramitación y «es más», agregó, han «cargado más de trabajo» a la Fiscalía, que no dirige la investigación y por lo tanto no gestiona el control de los tiempos. Rodríguez censuró que además de problemas «cotidianos», haya una «sobredimensión» de la fase de instrucción, que debería ser para recopilar indicios y pruebas para el juicio oral y algunas de estas cuestiones se han trasladado a la instrucción que provocan problemas que hacen imposibles avanzar como el cuestionamiento «constante» de los acto.

La fiscal superior consideró que hasta que el poder legislativo y los gobiernos no modifiquen la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo que se refiere al proceso penal éste no será «ágil, moderno» ni contará con tiempos «prudenciales».