CCOO alerta de que la nueva norma de incapacidad temporal define a los empleados como "defraudadores"

Comisiones Obreras alertó de que las modificaciones introducidas en el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, que entró en vigor en septiembre, para la norma de incapacidad temporal, define a todos los trabajadores como “defraudadores”.

“No se puede permitir, porque ha frenado el número de bajas laborales”, comentó el secretario de Salud Laboral y Seguridad Social de CCOO en Castilla y León, Mariano Sanz, quien consideró que es consecuencia del posible temor del trabajador.

En este sentido, el sindicato desarrolla una campaña para informar de este real decreto en todas las provincias de la Comunidad porque asume el desconocimiento de la sociedad ante los nuevos plazos de presentación de bajas. CCOO reconoce que la incapacidad temporal en España supone 2.800 millones de euros anuales y que el absentismo afecta a la empresa, pero pidió atención también “para la salud laboral”.

Sanz señaló que el 42% de las reclamaciones laborales que recibe la asesoría del sindicato se corresponden con mutuas y bajas. De hecho, desde el año 2000 han gestionado 14.697 consultas relacionadas con esta materia. “Y es una pequeña parte del total, porque muchas las desconocemos porque no se quejan”, sostuvo.

A su juicio, cuando un trabajador acude al médico piensa que el proceso de baja concluye y a veces ocurre lo contrario y se observan “altas prematuras” que conducen a otra baja “porque no se ha curado bien al principio”. Por ello, Sanz pidió a los trabajadores que cuando tengan un problema común de salud y sospechen que pueda estar motivado por la actividad de su empleo lo comuniquen.

Todos estos datos se abordaron durante la jornada que CCOO celebró en la sede del Consejo Económico y Social (CES) en Valladolid, dirigida a delegados que trataron las modificaciones introducidas en el real decreto, por el que regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración, disposición que sustituye y deroga las disposiciones reglamentarias que regulaban hasta ahora estos aspectos. El objetivo de la norma es establecer una nueva forma de expedición de los partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta; y homologar la emisión y tramitación de tales partes, con independencia de la causa que originó la situación de incapacidad temporal.

A la jornada asistieron representantes de la Sociedad Castellana y Leonesa de Médicos de Familia y Comunitaria que, según detalló Mariano Sanz, “son los primeros que presentan la baja”; también de la Inspección Médica de la Consejería de Sanidad, que recibe la solicitud y tiene un plazo de cinco días para decidir; de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo en Castilla y León, nacidas en el año 1900 y que desarrollan su labor desde los años 80 “con más funciones y el control del cien por cien de las contingencias comunes en todas las empresas”. Incluso, gestionan las prestaciones por embarazo y lactancia, cuidado por hijos y desempleo de autónomos, entre otros. Posiblemente, la Ley de Mutuas se apruebe antes de fin de año.

Por último, en la jornada también participó una representante del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que “se pueden decir que son los jefes de las mutuas”.