Un agente señala al jefe de un clan familiar rumano como "cabecilla" para explotar temporeros en Medina

Un agente de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), con sede en Madrid, ha señalado este lunes "claramente" al ciudadano de origen rumano Vasile C.U. como el "cabecilla" del clan desarticulado en 2020 dedicado, presuntamente, a la explotación laboral de compatriotas en labores agrícolas en la zona de Medina del Campo.

El aludido, además de su entonces esposa, Liliana G.U, y otros dos supuestos colaboradores, Constantin U. y Gheorghe U, comparten desde este lunes banquillo en la Audiencia de Valladolid para responder por delitos que en el caso del primero podrían suponerle una condena global de hasta 45 años -se le imputan trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y grupo criminal- y que a su expareja podrían reportarle una condena de siete años, frente al año de privación de libertad que el fiscal del caso pide para los otros dos encausados por su colaboración.

En la primera jornada de la vista, centrada exclusivamente en el testimonio de los agentes de la Policía Nacional que participaron en la denominada 'Operación Botella', el responsable de la UCRIF que dirigió la misma ha comparecido por videoconferencia para explicar que las pesquisas se iniciaron en 2019 a raíz de la denuncia que en Madrid interpusieron dos supuestas víctimas de origen rumano, Dumitru y su esposa, quienes aseguraron haber sido víctimas de una organización que les sometió a duras condiciones laborales por trabajos agrícolas, con jornadas de sol a sol, mínimas remuneraciones y hospedados en condiciones insalubres, sin suministros, en viviendas que les proporcionó el principal encausado.

El jefe de la investigación, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha señalado "claramente" a Vasile como la persona que ejercía de líder de la organización, dedicado a captar a compatriotas en su país de origen, financiar su llegada a España en autobús y luego, una vez en Valladolid, apretar las clavijas a los recién llegados para que saldaran la deuda. Su esposa, Liliana, asumía estas funciones y "tomaba las riendas" cuando su marido se desplazaba hasta Rumanía, mientras que Constantin y Gheorghe, los otros dos acusados, se encargaban de controlar los trabajos agrícolas a pie de campo y del traslado de las víctimas desde una gasolinera, utilizada como punto de partida al que acudían los operarios antes de ser conducidos hasta los tajos.

La denuncia inicial se tradujo en la investigación correspondiente, compuesta por 'pinchazos telefónicos' y seguimientos que concluyeron en marzo de 2020 en la práctica de distintos registros domiciliarios en los que se incautaron cuadernos, sellos de empresas -la policía sostiene que son mercantiles "pantalla"- y 21.000 euros en metálico, un dinero que Vasile aseguró que lo acababa de sacar ese día para pagar a sus operarios, "aunque las comprobaciones constatan que por aquellas fechas no tenía ninguna empresa dada de alta", ha apostillado el policía.

De entre la documentación obtenida, la UCRIF también pudo certificar que Vasile percibía de los empresarios que contrataban sus servicios a razón de 20 euros por hora trabajada, mientras que lo que pagaba a sus operarios, en situación irregular y sin estar dados de alta en la Seguridad Social, oscilaba entre los 3 y los 5,5 euros, aunque el responsable de la UCRIF no ha podido precisar la cantidad concreta. Pero además, por el traslado diario a los tajos, Vasile cobraba a los trabajadores otros 3 euros y entre 100 y 150 euros mensuales por su alojamiento en viviendas que el acusado les proporcionaba y donde, según ha mantenido el testigo policial, las víctimas vivían "hacinadas", sin suministros, en condiciones "insalubres".

A lo largo de su testifical, el coordinador de la operación policial también ha recordado que el denunciante de los hechos, Dumitru, figuraba como trabajador autónomo a quien Vasile había hecho figurar como responsable de una de estas empresas "pantalla" y como titular de una cuenta corriente que, sin embargo, la víctima no manejaba sino que era utilizada por el supuesto "cabecilla" para extraer de ella el dinero que los empresarios contratantes le transferían por los servicios agrícolas prestados.

Durante esta primera jornada, a la que mañana sigue una segunda con el testimonio de más testigos, a la espera de que los cuatro acusados testifiquen en último lugar, las defensas han invocado ante el tribunal numerosas nulidades cometidas a lo largo de la instrucción del proceso -por la misma han pasado hasta siete instructores-, desde irregularidades en la cadena de custodia de las grabaciones telefónicas, hasta la aprobación de diligencias complementarias que obligaron a dos de los acusados a tener que declarar por blanqueo de capitales, pese a que tal delito no figurara de inicio en el auto de procesamiento.

Las alegaciones, que incluyen, en caso de condena, la aplicación como muy cualificada de la atenuante de dilaciones indebidas, así como reproches por la extemporalidad de un recurso de reforma interpuesto por el fiscal del caso en su día, no han provocado la suspensión del juicio debido a que el tribunal ha anunciado que resolverá las mismas en ejecución de sentencia.