La Fiscalía de Valladolid pide 45 años de cárcel a un clan familiar por explotar temporeros inmigrantes en Medina

La Fiscalía Provincial de Valladolid solicita 45 años de cárcel  a un clan familiar por  explotación laboral de trabajadores temporeros agrícolas de origen rumanos en la localidad vallisoletana de Medina del Campo y sus proximidades. La fiscalía atribuye a cuatro miembros de una familia, que responden a las inicialaes V.c.U., L.G.U, C.U, Y G.U.,  la "captación de personas" en situación de vulnerabilidad económica y social para trasladarlas a España y emplearlas en el campo "de manera abusiva", según el Ministerio Público. La Fiscalía reclama 36 años de prisión para V. C.U., siete para  L. G.U., y uno, tanto para C. U. comp para G. U.

La actividad investigada se habría prolongado "desde finales de 2017 hasta el primer trimestre de 2020". Al frente de la organización se situa V.C.U., a quien atribuye el control del proceso, desde "la captación" de los trabajadores en Rumanía hasta su "traslado", alojamiento y contratación. Él acusado era el principal beneficiario de la actividad y se encargaba de organizar los grupos de jornaleros necesarios para prestar servicios en distintas explotaciones agrícolas, Según figura el escrito.

Los trabajadores procedían de "zonas deprimidas de Rumanía" y presentaban "graves problemas económicos, sociales y escasa formación cultural". Una vez llegaban a Medina del Campo, eran alojados en viviendas vinculadas a los acusados y trasladados diariamente hasta los lugares de trabajo. La Fiscalía sostiene que eran contratados verbalmente, "sin contrato ni alta en la Seguridad Social", y que sus condiciones dependían "de las necesidades" de los empresarios agrícolas y de la organización dirigida por V.C.U.

Las jornadas comenzaban "a primera hora de la mañana" y se prolongaban "hasta la puesta del sol", con una duración "de entre nueve y doce horas diarias". Los temporeros percibían "5,50 euros por hora trabajada", aunque debían "abonar tres euros por el combustible consumido" para desplazarse hasta el lugar detrabajo. Además trabajaban "sin descanso ni vacaciones" y que los gastos de "alojamiento, transporte y los anticipos para comprar comida" generaban deudas que les impedían disponer de los ingresos obtenidos, recoge el escrito.

Entre los temporeros figura un trabajadores , a quien V.C.U. habría "vuelto a captar en 2017" después de que hubiera sobrevivido por su cuenta en una "situación de penuria". El hombre residía en un apartamento compartido con cerca de 20 personas, por el que "pagaba 100 euros al mes". Durante el tiempo que trabajó para el acusado, hasta noviembre de 2019, únicamente habría recibido "pequeñas cantidades para comprar comida".

La "pareja sentimental" del anterior, quien se trasladó desde "otro punto de España" hasta Medina del Campo en la "primavera de 2018". Ambos calcularon que "la deuda acumulada por el trabajo realizado y no percibido ascendía a 10.000 euros". La Fiscalía recoge asimismo el caso de otra pareja de ciudadanos rumanos a quienes V.C.U. habría pagado "los billetes de viaje desde su país". Una vez instalados en una "vivienda compartida con otras cinco personas", abonaban 150 euros mensuales. Cuando reclamaron el dinero que se les adeudaba, el acusado les habría expulsado del domicilio y les habría indicado que no podían marcharse "cuando quisieran", sino cuando "él lo decidiera".

La acusación también señala la participación de L.G.U., esposa de V.C.U., a quien atribuye la colaboración en la contratación de trabajadores y en la gestión de la actividad. Junto a ellos aparecen C.U. y G.U., a quienes se atribuyen funciones relacionadas con la dirección de cuadrillas, el control de los jornaleros y su traslado hasta los lugares de trabajo. Según el escrito, el número de trabajadores movilizados diariamente "superaba los 80".

La investigación policial se inició a raíz de una comparecencia realizada el 18 de noviembre de 2019 ante la UCRIF Central de Madrid. Tras la denuncia los agentes intervinieron las comunicaciones telefónicas de V.C.U. y L.G.U. La Fiscalía sostiene que las conversaciones revelaron un importante movimiento de temporeros empleados en labores agrícolas y controlados por ambos acusados. V.C.U. se encargaba de contratar con los empresarios y organizar los jornaleros necesarios, mientras que L.G.U. colaboraba en la gestión.

El análisis de los movimientos bancarios vinculados a los acusados, entre los que figuran ingresos por servicios agrícolas, transferencias y reintegros de efectivo. Tras la denuncia, L.G.U. constituyó el 5 de diciembre de 2019 la mercantil Servicios Agrícolas Liliana SL, de la que figuraba como administradora única y que, según la Fiscalía, no tenía trabajadores dados de alta, recoge también el escrito El Ministerio Público señala que el matrimonio había otorgado días antes escritura de capitulaciones postnupciales para establecer la separación de bienes.

La investigación patrimonial permitió examinar las operaciones económicas relacionadas con la actividad. La Fiscalía cifra en 136.324,70 euros la cantidad de procedencia ilícita que habría sido introducida en el tráfico legal mediante los mecanismos descritos en el escrito. El documento también recoge la adquisición de diversos vehículos vinculados a V.C.U. y L.G.U., cuyo valor conjunto alcanza los 160.376 euros y que, según la acusación, habrían sido comprados con los beneficios de la actividad.

El 9 de marzo de 2020, "a las 07:00 horas", se practicaron tres entradas y registros autorizados judicialmente en inmuebles relacionados con los acusados. En una de las diligencias, desarrollada en la "urbanización La Aceitera", en Medina del Campo, se intervinieron "cuadernos" con anotaciones, documentación bancaria, contratos de arrendamiento, facturas, sellos y dispositivos electrónicos, entre otros efectos relacionados con la investigación.

La Fiscalía ha formulado sus conclusiones provisionales contra V.C.U., L.G.U., C.U. y G.U. y solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Valladolid. Para V.G.U., también relacionado con la investigación, interesa el sobreseimiento provisional de la causa hasta que sea localizado. El escrito recoge además la petición de indemnizaciones para las víctimas por los daños morales sufridos. Las responsabilidades penales deberán determinarse durante el juicio.