Los okupas de Arroyo continúan con los enganches ilegales y los vecinos denuncian "abandono institucional"

«Arroyovereda necesita recuperar la legalidad, la seguridad y la convivencia». Con esta proclama se alzan los vecinos del bloque de viviendas okupado de Arroyo de la Encomienda, en una nueva denuncia desatada tras la eliminación de «múltiples enganches ilegales» a los suministros de luz y gas del edificio, sin ser la primera intervención de este tipo que se producen en la urbanización. Es por ello que reclaman «una solución estructural y definitiva» para poner fin a «una problemática que se viene prolongando en el tiempo»

Agentes de la Policía Local de Arroyo y de la Guardia Civil volvieron a atravesar las puertas de ‘Arroyovereda’ como lo habían hecho ocho meses atrás. El motivo era prácticamente el mismo: buscar los enganches ilegales a los suministros que habían sido realizados por los okupas presentes en el edificio. Entonces, en aquel mes de octubre se descubrieron 15 conexiones fraudulentas, dos de ellas de luz y trece de agua. Diez días antes se habían detectado otras 17, todas ellas al agua. Tras una nueva operación el número ayer se amplió, con hasta 20 enlaces ilegales, todos ellos en viviendas propiedad de la Sareb, según confirmó Ical.

De la veintena de ‘pinchazos’, los técnicos descubrieron 15 de agua y cinco de electricidad. Además, había otros siete casos en los que había impago reiterado de facturas. Un reparto que coincide con los «múltiples enganches ilegales» denunciados por la comunidad de vecinos de ‘Arroyovereda’, que pusieron en conocimiento la nueva actuación policial a través de un comunicado del que se hizo eco este periódico.

«En el día de hoy se ha realizado una nueva actuación para proceder a la eliminación de múltiples enganches ilegales lo que vuelve a poner de manifiesto que no nos encontramos ante hechos aislados, sino ante una conducta reiterada de incumplimiento de la legalidad que genera un grave perjuicio económico, material y moral al resto de vecinos que cumplen con sus obligaciones», se afirma en la nota, considerando la repetición de estos hechos como una «evidencia una situación de absoluta anormalidad y de permanente desafío a las normas básicas de convivencia, seguridad y legalidad».

«Hartazgo» es la sensación que trasladan desde ‘Arroyovereda’ tras la «situación insostenible» que se ve reflejada con la intervención policial de ayer. Pero para sus vecinos legítimos el problema va más allá del uso ilegal de los suministros, con consecuencias de una «ocupación irregular» que afectan a su vida diaria, como ejemplifican desde el punto visto material con el «deterioro de las zonas comunes» y «daños en instalaciones», mientras que definen una convivencia marcada por la «inseguridad» y la «tensión vecinal». Es por ello, que consideran que existe «una sensación creciente de abandono institucional».

«Cada enganche ilegal representa un nuevo incumplimiento de la ley, un nuevo riesgo para la seguridad de las personas y de los edificios, y una nueva carga para quienes sí pagan sus cuotas, cumplen sus obligaciones y respetan las normas de convivencia. La comunidad considera especialmente grave que, tras sucesivas intervenciones, los enganches ilegales vuelvan a reproducirse. Esta reincidencia demuestra que las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes y que resulta imprescindible una actuación coordinada, firme y definitiva por parte de todas las administraciones y entidades implicadas», continúa el comunicado.

Al respecto, los agentes, según confirmó Ical desde el Ayuntamiento de Arroyo, investigan a los moradores de las viviendas enganchadas por la presunta comisión de un delito de defraudación de fluido. Algunos de ellos son inquilinos con contrato de ‘alquiler Sareb’ y en los que la comisión de un delito conllevaría la cancelación del mismo y el correspondiente desahucio, según la propia sociedad estatal.

Ante la existencia de una «dinámica organizada» de okupación y «aprovechamiento irregular de inmuebles y suministros», los vecinos de ‘Arroyovereda’ solicitan que se investigue «hasta el final» la posible existencia de responsabilidades penales, civiles y administrativas derivadas de estos hechos.

«Los vecinos legítimos de Arroyovereda no pueden seguir viviendo en una situación de indefensión. No es aceptable que quienes respetan la ley sean quienes soporten las consecuencias económicas, sociales y personales de quienes la incumplen de forma reiterada», manifiestan desde la comunidad de propietarios, que agradece «la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como de los técnicos de las empresas suministradoras», pero insiste en que «las intervenciones puntuales no bastan si no van acompañadas de una solución estructural y definitiva».

«Arroyovereda necesita recuperar la legalidad, la seguridad y la convivencia. Los vecinos no piden privilegios; exigen algo tan básico como poder vivir en sus viviendas con tranquilidad, respeto y protección efectiva frente a quienes incumplen reiteradamente la ley», concluyen.