La Policía ve ilegal la mayoría de los puestos del mercadillo

Agentes de la Policía Municipal de Medina del Campo aseguran que no pueden exigir el cumplimiento de la legalidad en los mercadillos dominicales. Son tantas las situaciones de irregularidad entre los comerciantes instalados –con el consentimiento del Ayuntamiento, apuntan–, que cuando se produce un conflicto no pueden actuar: «La ley se ha de aplicar a todos los infractores, y no a unos sí y a otros no», refleja un agente en el resumen de partes de servicio del pasado 19 de octubre.

Ese día, ante una orden directa del responsable de los mercadillos, Antonio San José, el policía se puso en contacto con el oficial de guardia, quien le respondió que más de la mitad de los vendedores están instalados «de manera totalmente irregular». El parte concluye: «Mientras la mayoría de los comerciantes se encuentren de manera ilegal con el consentimiento de la propia Administración esta Policía no podrá intervenir para exigir un cumplimiento parcial de la norma».

Algunos clanes de comerciantes ven tan impotente a la Policía local que imponen su ley y no permiten instalarse a otros nuevos, o les piden hasta 200 euros por asentarse en el que consideran «su territorio», según detalla una damnificada en una denuncia presentada ante los municipales de fecha 9 de noviembre.

Esta vendedora, de siglas C.C.C, cuenta cómo para instalar su puesto en el mercadillo presentó en el Ayuntamiento toda la documentación exigida: una solicitud normalizada, el alta en autónomos de la Seguridad Social y la documentación de estar al corriente de pago de impuestos, entre otros papeles.

Quince días después, ante la falta de respuesta, acudió al Ayuntamiento, según explica la propia C.C.C. en su denuncia. Allí se entrevistó con la alcaldesa, Teresa López, quien le dio permiso de forma verbal.

Al domingo siguiente fue a instalar su puesto en el lugar que le detalló la regidora, pero otros comerciantes, pertenecientes a un clan de etnia gitana conocido en la villa, tenían ocupado el lugar con diversos vehículos y no se lo permitieron. Entonces se desencadenó la intervención de la Policía municipal, que nada pudo hacer para desalojar: «No procede a no permitir la instalación de este puesto ya que la situación de presunta irregularidad de gran parte de los puestos es similar», dicen los agentes en el parte de servicios.

El conflicto se prolongó en domingos sucesivos hasta el 9 de noviembre, cuando se personó en el lugar la Policía y comenzó a inspeccionar los puestos. Sólo revisó 20 de los más de 150 que forman parte del rastro, y sancionó a 14 de ellos (el 70%) por «ejercer la venta ambulante en un recinto municipal careciendo de la obligada autorización administrativa, no haber realizado el pago previo de la tasa municipal, no estar dados de alta como autónomos y en la Seguridad Social».

Teresa López confirmó ayer a este periódico que dio permiso a la comerciante de forma verbal. La alcaldesa apunta que la situación del mercadillo es «de transitoriedad», y que los servicios jurídicos municipales «ya están elaborando una nueva ordenanza».