AUTOVÍA DEL DUERO
La Junta y la Diputación emiten informes favorables para la apertura parcial de la A-11 en Valladolid
Ambas administraciones exigen ampliar la seguridad en las carreteras de su titularidad que asumirán más tráfico por el enlace de la actual N-122 con la autovía

Tramo de la autovía A-11 en la provincia de Valladolid, a la espera de su apertura provisional
Luz a final del túnel para la apertura del tramo vallisoletano de la Autovía del Duero A-11, que ya vislumbra en el horizonte su puesta en marcha provisional. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha recibido por fin los informes favorables de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Valladolid, administraciones titulares de las dos carreteras secundarias que se ocuparan y para las que marcan unas exigencias de seguridad vinculadas a su aprobación.
Tanto el Ejecutivo autonómico como la institución provincial de Valladolid han emitido los correspondientes informes, a los que ha tenido acceso este periódico, en los que autorizan la apertura provisional de la A-11 en el tramo que discurre entre Valbuena de Duero y Tudela de Duero. En realidad no autorizan la apertura de la autovía en sí misma, sino la ocupación de las carreteras, una provincial y una autonómica, que se ocuparán por encima de su capacidad por este motivo.
Castilla y León
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Y autorizan esa ocupación de las carreteras de su titularidad aunque, eso sí, marcando unas «medidas de mejora de la seguridad vial» que afectan tanto a la VA-101, que forma parte de la red autonómica; como a la VP-3001, responsabilidad de la administración provincial, y que asumirán un volumen de tráfico superior al habitual como parte del enlace que deberán recorrer los conductores entre la actual N-122 y la nueva Autovía del Duero.
Con este visto bueno de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Valladolid, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya tiene vía libre para llevar a cabo la apertura provisional de este tramo, de 31 kilómetros en dirección a Valladolid y 26 hacia Peñafiel. De hecho, la autovía podría estar operativa en las próximas semanas «a lo largo del próximo mes», tal y como avanzó ayer en propio Óscar Puente a través de una publicación en su perfil de la red social X.
Todo ello, eso sí, siempre que se cumplan los requisitos que establecen tanto la Junta como la Diputación, especialmente esta primera administración, para garantizar la seguridad a pesar del notable aumento del flujo de tráfico previsto. De hecho, algunas de estas condiciones que recoge el informe de la Junta figuraban ya entre las medidas especiales planteadas por la Jefatura Provincial de Tráfico, y entre las que figura la limitación del paso de vehículos pesados tanto por la VP-3001 como por la VA-101, y que deberán circular por el trazado de la actual N-122. Tan solo los camiones que forman parte del tráfico local podrán utilizar las rutas de la red inferior, y así deberá estar señalizado en la mencionada carretera nacional antes del cruce con la VA-101 en Peñafiel.
Es también el informe elaborado por el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación digital de la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid el que, además de recordar las recomendaciones de la policía, incluye las medidas «destinadas a mejorar las condiciones de seguridad y explotación en el conjunto del corredor afectado y en particular en las carreteras VA-101 y VP-3001» del informe elaborado por la Demarcación de Carreteras del Estado de Castilla y León Occidental.
En esencia, el informe elaborado por la Junta viene a ser una recopilación de los anteriores elaborados por diferentes organismos y que marcaban las condiciones que debían producirse para que la apertura provisional de la A-11 en Valladolid fuera viable. Además, incorpora unas estimaciones de cómo el trasvase de tráfico desde la N-122 hacia las carreteras de la red autonómica y provincial puede multiplicar el volumen que asumirán, lo que a su vez ha motivado la redacción de esas medidas de seguridad de las que se hacen eco los informes.
Pero en su parte final, el documento elaborado por la Junta de Castilla y León sí incluye sus propias «medidas correctoras» para complementar a las planteadas con anterioridad. Entre ellas señala la limitación de giros a la izquierda en la VA-101, en el acceso a Curiel de Duero, la instalación de un paso de peatones con semáforo de tipo pulsador a la demanda en el acceso al IES Conde Lucanor en Peñafiel, la obligación de mantenimiento de la señalización excepcional, la reparación de los daños en el pavimento que puedan producirse por el incremento del tráfico, la obligación de restituir la señalización a su estado inicial y que toda obra o actuación en la VA-101 deberá ser autorizada por el titular de esta.
Tras la emisión de estos informes, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene el camino despejado para cumplir con sus planes de abril de manera provisional la A-11 en Valladolid, ahora que sabe que podrá contar con los enlaces de las carreteras de titularidad provincial y autonómica. Queda pendiente, eso sí, que la infraestructura se ponga en marcha de forma definitiva, pero para ello aún queda tiempo.
Cuando los dos tramos proyectados entren en servicio de forma completa, sumarán un recorrido de 34 kilómetros, fruto de una inversión total de 233 millones de euros. La intervención entre Tudela y Quintanilla se distribuye en dos segmentos: el Olivares–Tudela, de 20,2 kilómetros de longitud, y el Quintanilla–Olivares, de 14,5 kilómetros. Las obras se iniciaron en el primero el 3 de diciembre de 2019, siendo ministro de Fomento José Luis Ábalos, con un presupuesto total de 79,1 millones. La segunda intervención se inició el 28 de octubre de 2020, con un presupuesto de 97,9 millones. Los distintos modificados han incrementado la consignación inicial a lo largo de los mandatos de dos ministros más: Raquel Sánchez y Óscar Puente.
La primera fecha prevista de conclusión del tramo Tudela de Duero-Olivares de Duero, adjudicado en septiembre de 2019, venció en diciembre de 2022 (las obras se iniciaron el 3 de diciembre de 2019). El tramo anexo se adjudicó en junio de 2020, el Olivares–Quintanilla de Arriba. Tenía también un periodo de ejecución de tres años, pero ya han pasado casi seis años desde la contratación.