Cinco años de la Ley de Eutanasia en Valladolid: 12 realizadas y los sanitarios objetores de conciencia, en aumento

Atrapados en el laberinto de una enfermedad con un sufrimiento insoportable y constante. Alrededor de una quincena de personas cada año en los últimos cinco toma la determinación de solicitar la prestación de la ayuda para morir en Castilla y León y reciben la autorización para llevarlo a cabo. Una quincena de finales escogidos envueltos en un sufrimiento existencial.

Castilla y León realiza 15 eutanasias en el último ejercicio (2025) y, cuando se cumplen cinco años de la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que entró en vigor el 21 de junio de 2021, en Castilla y León se han realizado más de medio centenar de prestaciones de ayuda a morir (53), mientras los sanitarios objetores de conciencia en esta materia van en aumento, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad a este periódico.

En este lustro se ha practicado la eutanasia a doce pacientes en Valladolid, la provincia con más efectuadas, seguida de Salamanca y León.

Suben los objetores

A la par que los ciudadanos tienen a su disposición este derecho tan determinante, a los sanitarios también los ampara el de la objeción de conciencia y, en apenas un año, el número de profesionales que se declaran objetores ante esta prestación aumentó significativamente en la Comunidad.

Crecen un 18,8% de mayo de 2025 al mismo mes del presente año los profesionales que manifiestan su negativa a participar en el proceso de ayuda a morir.

Sanidad contabiliza ya 1.432 registros. La gran mayoría de las declaraciones pertenece a médicos (1.037) por 379 enfermeras y 16 farmacéuticos.

El presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de regulación de la eutanasia en Castilla y León, Francisco Vara, recalca que es un recurso «para casos sufrimiento existencial, insoportable». Vara señala que se trata «de una ley muy garantista», asegura que la Comunidad «va en cabeza» en algunos aspectos y que la Comisión aplica la ley con rigurosidad.

En los cinco años en los que se ha involucrado en esta comisión que preside, asegura que ha aprendido a no juzgar: «No estamos para juzgar, sino para comprobar que se cumple la ley. En el interior de la comisión hay gente diferente que no piensa lo mismo. Cumplimos la ley y defendemos los derechos del paciente por encima de todo», subraya.

En su experiencia ante una realidad tan delicada, Vara ha adquirido otras enseñanzas también: «Huir de nuestras opiniones personales es muy importante. Hay que descartar el corazón y ser objetivo» .

Invita además a no dejarse llevar por los casos más mediáticos que , pese a ser sobrecogedores, no representan a todos los pacientes ni una realidad tan compleja como la que envuelve a la eutanasia: «La prensa no es la mejor bibliografía porque refleja los casos más extremos. Por otro lado, hay que huir de todo lo que llega de la literatura de los países lejanos: siempre nos fijamos en los Países Bajos en esto y somos muy distintos idiosincráticamente», comenta. Pero, sobre todo, sabe que «nada es blanco o negro y todo tiene colores».

Eso sí, precisa que «la eutanasia debe ser la última opción». «Me dedico a Paliativos y sabemos que nunca podemos aliviar todo el sufrimiento, por eso este es un último recurso que a una población con intenso sufrimiento le tranquiliza que esté ahí».

En el último año, Sanidad ha registrado 38 peticiones en Castilla y León y se han realizado apenas una quincena de ellas. Esto puede obedecer a varios motivos: desde que sean rechazadas por incumplir algunos requisitos que establece la normativa a que algún proceso estuviera concedido y se llevara a cabo a principios de este 2026, o incluso, aunque en mucha menor medida, a que el paciente se haya retractado.

Sobre si existe algún caso en el que el usuario se echa atrás tras presentar la primera solicitud, el presidente de la Comisión señala que «en Castilla y León no somos perfectos, pero tenemos unos cuidados paliativos integrales, en lo físico y en lo psicológico, y muchos pacientes cuando pasan a este servicio se encuentran mejor y sí hay pacientes que desisten de la prestación», apunta. Aunque son pocos. En 2024, el último con información publicada a este respecto y según los datos de la Consejería, tres personas cambiaron de idea tras su petición.

Desde el respeto máximo por quien decide optar por la objeción, el presidente de la Comisión opina que esta decisión no siempre tiene que ver con los principios personas, sino más «con la carga de trabajo». «Hay algunos profesionales que no lo hacen por principios o moral, sino por la sobrecarga de trabajo. Estoy seguro», asegura.

Por ello, propone que se «compense ese trabajo» que se desarrolla en un proceso tan intenso como el de la prestación de la ayuda a morir. «A los que se involucren habría que quitarles algo de carga laboral para que puedan dedicar su tiempo. La Consejería lo entiende y está en ello», comenta.

Vara se muestra muy claro sobre el efecto de que haya profesionales objetores. «Sí afecta y puede retrasar el proceso. En Castilla y León somos estrictos y los plazos se cumplen, y normalmente algunos incluso antes de lo marcado, pero si hay dificultad en encontrar médicos responsable esto retrasa el inicio y hay sitios más difíciles que otros», indica.

Requisitos

Para el acceso a esta prestación existen unos requisitos estipulados en la normativa. El principal, «sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, certificada por el médico/médica responsable», según recoge el Ministerio y puede consultar cualquier ciudadano en su página web. Y por enfermedad grave e incurable se entiende «la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva».

Pero hay más condiciones para garantizar todo el proceso: el paciente «debe haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que nos sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas».

Otra cuestión indispensable pasa por «tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses».