Carnero se escuda en el informe jurídico para mantener las multas de la ZBE: "No creo en ella, pero soy respetuoso con la legalidad"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, confirmó este miércoles que el Ayuntamiento seguirá imponiendo multas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una decisión que justifica al amparo de un informe de la Secretaría General del Consistorio, fechado hora y media antes de la rueda de prensa, pese a que la medida contradice el compromiso que su partido, el PP, y sus socios de Gobierno, VOX, adquirieron en el pleno del pasado 30 de marzo.

Escudado en la legalidad y la "absoluta responsabilidad", dio un giro de timón que tensa su pacto de gobierno: "No creo en absoluto en la Zona de Bajas Emisiones, pero soy respetuoso con la legalidad vigente y el orden establecido".

La polémica surge después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León anulara la ordenanza de la ZBE por un defecto formal. Tras la sentencia, PP y VOX aprobaron una moción para iniciar los trámites para suspender el régimen sancionador "en aplicación de un principio de cautela y prudencia". 

Sin embargo, el regidor desveló que el informe jurídico solicitado a raíz de esa moción es inequívoco al señalar que "no existe amparo legal para suspender los procedimientos sancionadores", ya que la sentencia no es firme. Carnero fue tajante: "En mi vida política no me he apartado de lo que dice un informe técnico. Si alguno se quiere apartar, allá él. Yo no me voy a apartar".

El informe interno de los servicios jurídicos concluye, además, que "no procede suspender el régimen sancionador previsto en la ordenanza actualmente vigente" y tampoco "se aconseja introducir modificaciones en la práctica administrativa que se sigue hasta ahora". Asimismo, el regidor advirtió que suspender las multas no serviría de nada, ya que "entraría en aplicación directa la Ley de Tráfico, que establece que cuando se incumple, se comete una infracción muy grave".

Esta marcha atrás ha provocado una "quiebra de confianza" en su socia de gobierno y teniente de alcalde, Irene Carvajal (VOX), quien este martes criticó duramente el cambio de postura. Preguntado sobre si teme una posible ruptura del pacto, Carnero respondió: "He contestado muchas veces a los temores y ¿saben qué? No temo nada en esta vida". El alcalde insistió en que su actuación se mueve "en el terreno de las realidades jurídicas, no en el de los deseos", aunque confesó que le gustaría no tener que aplicar las sanciones.

Al mismo tiempo que se aferra a la ordenanza actual, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha el camino hacia su sustitución. La Concejalía de Tráfico y Movilidad, cuyo concejal Alberto Gutiérrez Alberca compareció junto al alcalde, ha iniciado este miércoles la redacción de una nueva normativa con la publicación de la consulta pública previa, que estará abierta hasta el 31 de mayo. Carnero no quiso adelantar detalles sobre plazos o contenidos, pero sí deslizó que la futura ZBE será "acorde a la nueva realidad" y podría tomar como referencia los modelos de Madrid o Zaragoza, buscando ser más "equilibrada y eficaz".

Para garantizar la continuidad legal, el Consistorio seguirá una doble estrategia: recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la anulación de la ordenanza actual para que se mantenga en vigor mientras se tramita la nueva. "Lo que no podemos es aprobar esa nueva ordenanza sin tener vigente la actual, porque la ley exige que tengamos una", precisó. Sin embargo, las posibilidades de que la alegación prospere son pocas, el Supremo no está admitiendo a trámite estos recursos y el pasado martes tumbó el del Ayuntamiento de Madrid.

Esta decisión también busca proteger las arcas municipales, ya que, según el alcalde, no mantener una ZBE efectiva pondría "en riesgo total y absoluto" las ayudas recibidas y futuras en materia de movilidad y transporte urbano, que son "sagradas". No obstante, lanzó un reto a todos los grupos políticos, "incluidos los de la oposición", para que presenten "un informe jurídico contradictorio" que avale la suspensión de las multas. "Ya verán cómo no lo aportan", remachó. 

Desde que la justicia tumbara la ordenanza de movilidad, se imponen unas 50 sanciones diarias, y el 70% de los infractores son de fuera de Valladolid, según informó el Ayuntamiento, que también indicó que desde la entrada en vigor de la normativa se han impuesto alrededor de 18.000 multas. La tramitación de la nueva ordenanza puede durar un año o más, y en mayo de 2027 se celebrarán las elecciones municipales.