La Audiencia Nacional deniega el regreso del jefe de los GEAS de Valladolid acusado de malversación

Tres años después de su detención por supuesta malversación y falsificación documental, el sargento primero F.P.G., quien fuera jefe de los GEAS de la Guardia Civil de Valladolid y también de Castilla y León, seguirá suspendido de empleo y sueldo a la espera de ser juzgado por jurado en la Audiencia Provincial (AP) de Valladolid.

Así lo ha acordado en una reciente sentencia la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional (AN), al ratificar la resolución del Ministerio de Defensa de suspensión de funciones mientras se resuelve su situación judicial, ya que está encausado en calidad de presunto autor de un delito de malversación y otro de falsedad en documento oficial y mercantil. La sentencia es susceptible de recurso de casación ante la misma sala.

En concreto, la condena es por presuntas irregularidades con facturas de combustible en connivencia con empresarios de estaciones de servicio mediante repostajes ficticios, tal y como recoge el auto de procesamiento del Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid de fecha 7 de mayo de 2024. Un órgano que aún no ha concluido la instrucción del caso, según han informado esta semana fuentes del TSJ de Castilla y León.

Desde que fue detenido a finales de 2022 por agentes de la Guardia Civil de asuntos internos de Madrid, –como lo sucedió con Luis Fernández, el jefe antidroga de la Policía Nacional de Valladolid– cuando este suboficial de la Benemérita ocupaba el puesto de jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la XII Zona de Castilla y León, este sargento primero ha batallado para revertir su suspensión de empleo y sueldo.

Una decisión acordada el 18 de diciembre de 2024 por la Subsecretaría del Ministerio de Defensa, por delegación de la ministra Margarita Robles, en base al procedimiento del Tribunal del Jurado 1/2024 que le abrió Instrucción 5 de Valladolid.

El mando de los GEAS inicialmente recurrió ante el Juzgado Central de lo Contencioso 2, pero, tras un juicio celebrado en abril de 2025, este órgano desestimó su demanda. La siguiente apelación ha sido ante la AN, con el mismo resultado y además con condena en costas. Y lo ha hecho atendiendo a la especial «gravedad» de los hechos imputados.

26.500 euros presuntamente defraudados

El juzgado de Instrucción 5 sostiene su imputación «por realizar desde el año 2013 hasta el año 2022, de común acuerdo con otro agente del Instituto Armado, prevaliéndose de su condición de agente de la autoridad y guiado con ánimo de lucro ilícito, diversas operaciones fraudulentas, falsificando facturas y diligencias de conformidad de recepción de productos, para obtener dinero en metálico mediante repostajes ficticios realizados con cargo a las tarjetas de combustible», apunta.

Unas tarjetas que la Administración le facilitaba para realizar los repostajes de los equipos específicos adjudicados al GEAS de Valladolid, así como en la compra y facturación de material fungible y servicios en cierto establecimiento, con el fin de destinarlo a fines propios y distintos de los autorizados, «y todo ello con un importe defraudado de 26.504,27 euros», señala el auto de la jueza.

La investigación del Servicio de Información de la Guardia Civil de Castilla León, que luego cayó en manos de Asuntos Internos de Madrid, arrancó en el año 2021 por irregularidades en el repostaje de combustible para los vehículos y maquinaria de los buzos del GEAS. Los investigadores también tenían sospechas sobre los gastos en material fungible para las operaciones de los buzos.

Tras diez años de investigación, la dinámica de los guardias que fueron investigados sería la de fingir, presuntamente, repostajes de combustible, pagarlos con las tarjetas bancarias que tenían asignadas por la Guardia Civil y recibir una cantidad de dinero en metálico similar a lo repostado que le daban los encargados de las gasolineras que actuaban en connivencia con los guardias.

De hecho, el medio OKDiario citó que el auto de Instrucción 5 de Valladolid incluía además, al menos en la fecha de dictar el auto de procesamiento, en mayo de 2024, la investigación por malversación sobre un coronel jefe de los Geas de ámbito nacional, dos guardias civiles y cinco gerentes de gasolineras y comercios de deportes.

Igualmente, acusaron a sus compañeros del GEAS de Valladolid, especialmente al citado suboficial, de recibir dinero en metálico por parte de los gerentes de las gasolineras «como si fuera el cajero de un banco», según dichos gerentes. Entre las supuestas compras hinchadas o falsas de combustible para la Guardia Civil y el dinero recibido en metálico, los investigadores estimaron que se defraudaron y percibieron más de 60.000 euros.

Respecto al material fungible (aceite de motores de las lanchas o piezas del equipo de buceo) los investigadores creen que el suboficial jefe de la Unidad del GEAS de Castilla y León pagaba con dinero del Ministerio, siempre en los mismos establecimientos deportivos, materiales y productos que no recibía distrayendo presuntamente el dinero a su favor y al de los gerentes de esos comercios.

Muchas de esas facturas de las compras supuestamente falsas, se enviaban para su firma a la Unidad Actividades Subacuáticas. Una vez allí, según el citado diario, las compras falsas del suboficial recibían el visto bueno del máximo mando, el coronel jefe ahora investigado y su homólogo anterior.

Precisamente, se le investiga por un delito de falsedad documental por la firmas de esas facturas provenientes de Valladolid y de un delito de malversación por no controlar lo que estaban haciendo sus subordinados.

El suboficial investigado, en su recurso, alegó la falta de concurrencia en el caso del presupuesto de imputación o procesamiento del recurrente en el seno del proceso penal seguido, que podía extraerse del mencionado auto de 7 de mayo de 2024, y ello sin atender tampoco la alegación de invalidez o insuficiencia de las diligencias de instrucción practicadas para alcanzar la concurrencia en el supuesto de indicios racionales de la comisión delictiva, suficientes a tales efectos, sin requerirse su consideración como hechos probados.

Se da la circunstancia de que el agente tiene una carrera jalonada de reconocimientos en su profesión de como buzo de la Benemérita. Participó en las labores de rastreo y recuperación de los cuerpos sin vida de los dos ocupantes del ultraligero accidentado en Villamarciel (Valladolid) entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, y cuenta en su haber con distintas condecoraciones, como en 2013 cuando recibió la medalla en su categoría de bronce con distintivo azul por su intervención en el dispositivo que entre los días 4 y 20 de abril de aquel año colaboró en el rescate del mirobrigense Darío Toribio en el Pozo de los Humos, en Salamanca.