El inspector del caso Ataúdes: «El cambio de los féretros era conocido por los trabajadores de El Salvador»

El inspector encargado de la investigación del caso ataúdes declaró este lunes en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial para dejar claro que el entramado delictivo no pudo hacerlo una sola persona y que se trataba de una acción colectiva «que necesitaba infraestructura». A través de algunos testimonios de los que habló y que fueron recabados en la investigación policial, de la que dio cuenta, quedó claro, a su entender, que el modus operandi era conocido por los trabajadores del Grupo El Salvador, que no recibían gratificación por ello y que lo hacían obedeciendo instrucciones de la empresa, sin discutirlas ante el temor de perder su puesto de trabajo.

El policía instructor de la investigación fue este lunes el primero de los 239 testigos y 17 peritos que terminarán compareciendo ante el tribunal a lo largo y ancho de 35 sesiones, en un macrojuicio con 23 acusados que se prolongará hasta el 9 de junio. El instructor relató cómo comenzó la investigación, a partir de una denuncia de extorsión en agosto de 2017 por parte de la empresa, que desconocía la ingente documentación que guardaba en su domicilio el extorsionador, Justo Martín, ya fallecido. Se trataba de un ex empleado que, en desacuerdo con la jubilación que iba a cobrar, exigía al Grupo El Salvador que le «pagara su parte» bajo amenaza de que si no lo hacía desvelaría «lo que había estado haciendo» durante 20 años para la empresa.

Ese fue el hilo del que empezó a tirar la investigación policial. Con dos cartas de extorsión, procedió a la detención de Justo, que se avino a que registraran su casa, en compañía de su abogado. La policía encontró una tercera carta de extorsión, preparada para enviar, pero lo más importante: se llevó decenas de archivadores, fotografías, negativos, y un USB con numerosa información. 

A través de 450 fotografías, 44 vídeos y miles de anotaciones, la investigación pudo ir construyendo el relato. «A principio pensábamos que estábamos investigando una extorsión, después vimos que el investigado podría haber realizado otros delitos, cuando comenzamos a examinar las fotos de los cadáveres, y más adelante, en marzo del año siguiente, ya teníamos claro que todo el entramado familiar que participaba en el Grupo El Salvador podía estar involucrado», explicó el agente.

Precisamente a la falta de orden judicial de ese primer registro pretende agarrarse la defensa para esgrimir fallos en el procedimiento e indefensión por parte de sus clientes para el ejercicio del derecho a la defensa. Por eso solicitaron, en la primera sesión del juicio, la nulidad de la causa. Sus interrogatorios se dirigieron en la mañana de este lunes a intentar socabar el trabajo de los investigadores, en un ejercicio reiterativo que condujo a numerosos momentos de tensión entre el presidente del tribunal y los letrados.

El instructor de la Policía Nacional aseguró que la estafa del 'cambiazo' de ataúdes en las incineraciones en la Funeraria El Salvador no pudo ser la obra solitaria de un empleado, sino que exigía necesariamente la participación de varios trabajadores y una infraestructura y logística concretas. El hallazgo de miles de pruebas gráficas y documentales en su domicilio acreditaron, según el agente, la sustitución fraudulenta de 5.984 ataúdes. Pero no se quedaba ahí el fraude, ya que otros elementos como las flores enviadas para los difuntos también terminaban siendo sustraídas y vueltas a vender.

El inspector detalló que la logística delictiva consistía en simular las incineraciones en el tanatorio principal para trasladar después los cuerpos al cementerio de Santovenia, donde se realizaba el cambio por cajas de menor calidad o simples plataformas de madera, un proceso que requiere una fuerza física, aseguró el agente, imposibles de asumir por un solo individuo, ya que en el crematorio del cementerio de Santovenia no había grúa ni carriles para manipular los cadáveres, como sí los hay en el tanatorio. 

Esta práctica macabra, que se habría extendido incluso a las cremaciones infantiles a partir del año 2000, habría permitido a la empresa recuperar los ataúdes de alta gama para volver a introducirlos en el circuito comercial como material de reciclaje, engañando sistemáticamente a las familias que no podían presenciar el momento de la cremación.

Con la realización de estos actos se producía el enriquecimiento de los titulares de la empresa. Un enriquecimiento que queda reflejado en informes de Vigilancia Aduanera que acreditan que la entidad compraba muchos menos ataúdes de los que habría necesitado para efectuar todas las cremaciones registradas. También se habría manipulado la contabilidad para intentar de ocultar ese descuadre entre lo féretros adquiridos y los suministrados. Las pruebas documentan 20 años de práctica de este modus operandi: los documentos del empleado ya fallecido regfleja un periodo comprendido entre 1995 y 2015.

El instructor relató también que una vez que se practicaron las primeras detenciones y el caso se hizo público, una antigua trabajadora del tanatorio se puso en contacto con la investigación para declarar que ella, al igual que numerosos trabajadores de la empresa, estaba al tanto del procedimiento que se seguía con los ataúdes. Era un procedimiento tan natural en la empresa que ella misma había relatado como, al ser contratada, la dirección le explicó que había que retirar los féretros de alta gama «porque los barnices que contenían eran perjudiciales» en el momento de la cremación. Así, relató que la empresas llamaba «ataúdes de reciclaje» a los de menor calidad, que se quemaban, y los buenos los almacenaban e un garaje para posteriormente volverlos a llevar al tanatorio.

La gravedad del caso y la conciencia de la impunidad mantenida durante años quedó reflejada en las escuchas telefónicas de la investigación, donde uno de los miembros de la familia propietaria admitía la trascendencia de la operación policial al calificarla como una «pillada monumental». Una «pillada» que ha llevado al banquilo a 23 investigados por delitos de constitución y pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, delito contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. 

La Fiscalía solicita condenas por un total que supera los 200 años de cárcel por el supuesto fraude cometido entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento. Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel.

Tras la declaración del instructor de la investigación estaba previsto este miércoles que se sucedieran los testimonios de otros siete agentes, dos de ellos de la Policía Municipal, que intervinieron en los registros. El juicio continúa este martes con más testificales.