El caso ataúdes de Valladolid llega a juicio con la petición de 206 años de cárcel: 35 sesiones y 242 testigos

El caso ataúdes, que investiga el supuesto cambiazo de féretros en la funeraria El Salvador de Valladolid, llega a juicio. El amplio listado de vistas orales se prolongará durante cuatro meses desde el 2 de marzo de 2026, día en que se plantearán las cuestiones previas, hasta el 9 de junio siguiente con las últimas conclusiones de las partes. En total se celebrarán 35 sesiones en las que prestarán su declaración 242 testigos y 14 peritos. Todo ello con el objetivo de determinar la responsabilidad de 24 acusados que se reparten unas peticiones de penas que suman nada menos que 206 años de cárcel.

La agenda del macrojuicio, que tiene su origen en la 'Operación Ignis' destapada el 31 de enero de 2009 por la Policía Nacional y relacionada con el supuesto fraude en el Grupo Funerario El Salvador, se ha sustanciado con la diligencia de ordenación dictada el pasado jueves por la letrada de la Administración de Justicia, Silvia Santana, y conocida este martes.

La presunta acción delictiva de la funeraria que se pretende aclarar en el caso de los ataúdes habría consistido en el 'cambiazo' de ataúdes por otros más baratos, en los procesos de cremación, en el periodo comprendido entre 1995 y 2015. En su escrito de calificación provisional, de 363 páginas, el fiscal imputa diversos cargos como constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de estafa; delito continuado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capital y delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Las penas más duras las solicita el Ministerio público para mujer del empresario funerario fallecido, María del Rosario VL, y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario MV, con veinte años de cárcel para cada uno de ellos , junto con su inhabilitación para la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por espacio de tres décadas y el pago de multas por importe de 12 millones de euros.

El calendario de sesiones se abre el 2 de marzo de 2026 con la primera vista de cuestiones previas, y continúa el 9, para las declaraciones testificales de ocho agentes de policía. Ese mismo mes se suceden las vistas los días 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de marzo, con espacio para entre cinco y nueve testigos cada una. Todas las del juicio comienzan a las 9,30 de la mañana.

Ya en el mes de abril las sesiones serán los días 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 27, 28 y 29, con sesiones maratonianas para entre diez y 19 testigos cada una. En mayo las vistas se han convocado los días 4 (con 11 declaraciones testificales); 5 (con tres declaraciones testificales y periciales); 11, 18 y 19 (con 14 declaraciones periciales) y 20, 25, 26 y 27 (con las declaraciones de los acusados).

Por último, en el mes de junio, las dos primeras vistas, los días 1 y 2, se dedicarán a las últimas declaraciones de los acusados, cuatro por día, mientras las cuatro últimas, los días 3, 4, 8 y 9, se dedicarán a las conclusiones de las partes.

Según el fiscal del caso, Funeraria Castellana y Parque El Salvador habría obtenido ganancias ilícitas igual al valor total de los elementos retirados para su posterior nueva venta: por una parte, 3.667.711,95 euros correspondientes a los ataúdes de los que fueron desposeídos 5.973 difuntos y, por otra parte, 381.056,14 euros en el caso de los 3.174 motivos florales recuperados por los trabajadores de las empresas, según resume Europa Press. Del total de 4.048.768,09 euros no consta que se haya beneficiado directamente ninguno de los trabajadores implicados en tales operaciones.

Eso sí, la estrategia ideada por el propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso —ya fallecido—, a juicio del fiscal, requería de la necesaria colaboración de los diferentes empleados: de los trabajadores que realizaban los traslados de los fallecidos desde el tanatorio hasta el horno crematorio del cementerio y, posteriormente, llevaban los ataúdes de vuelta al tanatorio, y también de los empleados encargados de la propia incineración, pues estos tenían que participar directamente en los cambios de los ataúdes, siendo auxiliados por los conductores o por el personal que trabajaba en el cementerio. En el escrito de calificación se hace referencia a que la actividad presuntamente delictiva de los investigados habría afectado a un total de 6.055 difuntos.

Morchón, que en aquellos días contaba 75 años de edad, permaneció en la cárcel hasta que garantizó una fianza hipotecaria de 800.000 euros, mientras que sus hijos, que también llegaron a permanecer presos, recuperaron igualmente con anterioridad la libertad una vez abonadas fianzas hipotecarias por valor de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente.