El caso ataúdes de Valladolid llega a juicio tras 7 años: 23 acusados, 239 testigos y más de 30 sesiones

La Audiencia Provincial de Valladolid se prepara para acoger el juicio de uno de los casos más mediáticos de los últimos años, el conocido como caso ataúdes, que salió a la luz en enero de 2019 a través de la conocida como 'Operación Ignis' contra la funeraria El Salvador. Ahora, 7 años después, arranca un proceso en el que hay acusadas 23 personas y por el que pasarán 17 peritos y 239 testigos durante los aproximadamente tres meses que se prolongará.

Según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el comienzo del juicio del caso ataúdes está fijado para el 2 de marzo con las cuestiones previas y posibles conformidades. Será una semana después, el 9 de marzo, cuando comiencen las declaraciones de los testigos y que se prolongarán durante 21 sesiones, la última prevista para el 29 de abril.

El mes de mayo, por tanto, se reserva para la declaración de los peritos, en tres sesiones, mientras que las seis siguientes quedan reservadas a la declaración de los acusados. En junio, por consiguiente, se llevarán a cabo las conclusiones de las partes y la última palabra de los acusados.

Se da la circunstancia de que en este caso, dos de los tres magistrados que componen el tribunal ya estuvieron presentes en otro mediático procedimiento, el de la trama eólica, siendo uno de ellos incluso el que ejerció de presidente en el litigio contra ex altos cargos de la Junta de Castilla y León.

La presunta acción delictiva de la funeraria El Salvador que se pretende aclarar en el caso de los ataúdes habría consistido en el 'cambiazo' de ataúdes por otros más baratos, en los procesos de cremación, en el periodo comprendido entre 1995 y 2015. En su escrito de calificación provisional, de 363 páginas, el fiscal imputa diversos cargos como constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de estafa; delito continuado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capital y delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Según el fiscal del caso, Funeraria Castellana y Parque El Salvador habría obtenido ganancias ilícitas igual al valor total de los elementos retirados para su posterior nueva venta: por una parte, 3.667.711,95 euros correspondientes a los ataúdes de los que fueron desposeídos 5.973 difuntos y, por otra parte, 381.056,14 euros en el caso de los 3.174 motivos florales recuperados por los trabajadores de las empresas. Del total de 4.048.768,09 euros no consta que se haya beneficiado directamente ninguno de los trabajadores implicados en tales operaciones.

Eso sí, la estrategia ideada por el propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso —ya fallecido—, a juicio del fiscal, requería de la necesaria colaboración de los diferentes empleados: de los trabajadores que realizaban los traslados de los fallecidos desde el tanatorio hasta el horno crematorio del cementerio y, posteriormente, llevaban los ataúdes de vuelta al tanatorio, y también de los empleados encargados de la propia incineración, pues estos tenían que participar directamente en los cambios de los ataúdes, siendo auxiliados por los conductores o por el personal que trabajaba en el cementerio. En el escrito de calificación se hace referencia a que la actividad presuntamente delictiva de los investigados habría afectado a un total de 6.055 difuntos.

Morchón, que en aquellos días contaba 75 años de edad, permaneció en la cárcel hasta que garantizó una fianza hipotecaria de 800.000 euros, mientras que sus hijos, que también llegaron a permanecer presos, recuperaron igualmente con anterioridad la libertad una vez abonadas fianzas hipotecarias por valor de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente.