Un testigo de la trama eólica niega el 'pelotazo' de empresas por la venta de acciones a Iberdrola Renovables

Nueva vista en el macrojuicio de las eólicas, en la que un testigo niega beneficios irregulares en la venta de determinadas acciones. El responsable de Iberdrola Renovables entre junio de 1996 y 2025, Xavier Viteli Solaum, ha negado este lunes que la sociedad San Cayetano Wind del empresario Alberto Esgueva y la denominada Villardefrades Eólica de Andrés Martín de Paz, el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003, obtuvieran un 'pelotazo' por la reventa de sus acciones a la hidroeléctrica tras apartarse de la promoción de distintos parques eólicos en Castilla y León y, por contra, ha apuntado que lo pagado a ambas mercantiles, más de 47 millones en el primer caso y 4.200.000 en el segundo, se ajustaba al "precio de mercado".

La declaración del citado testigo, en el 'macrojuicio' por la denominada 'trama eólica' que sienta en el banquillo de la Audiencia de Valladolid a trece personas, entre altos cargos de la Junta y empresarios por la supuesta percepción de mordidas por más de 80 millones, ha sido a propuesta de las defensas de tres exaltos mandos de Iberdrola también encausados, Ricardo Bravo, Rafael Icaza y Pedro Barriuso, y ha servido para tratar de justificar las distintas operaciones que la citada compañía fraguó en la época investigada San Cayetano, a través de la sociedad vehículo Energía Global Castellana; Villardefrades Eólica, del citado Martín de Paz, y Cannon Power.

Xavier Viteli, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha negado que desde altas instancias de la Junta la compañía a la que representaba recibiera presiones para incorporar en la promoción de parques eólicos a socios locales como los anteriores, sino que tal práctica era parte del ADN de la compañía en Castilla y León y otras comunidades autónomas porque "era algo que ayudaba, por supuesto, a la hora de generar confianza en el entorno donde se iba a operar", en referencia a que los 'partners' incorporados en su accionariado facilitaba la tramitación con las administraciones y aportaban financiación.

"Prácticamente, todos los promotores buscaban este tipo de alianzas...y era habitual que estos socios ni siquiera estuvieran vinculados en el sector eólico", ha justificado Viteli, quien en ese contexto ha recordado el contrato suscrito en diciembre de 2004 con Grupo San Cayetano, a través de Energía Global Castellana, participada al 60 por ciento por Iberdola y en un 40 por el 'partner' local, para la promoción de distintos parques eólicos, acuerdo que, como así ha reiterado, no fue una imposición de la Junta.

Aunque San Cayetano aportó 24.000 euros por su entrada en la sociedad, el exresponsable de Iberdrola ha asegurado que dicha mercantil también se comprometió con la deuda que ascendía a 13 millones, al tiempo que ha precisado que a posteriori, en 2007, la hidroeléctrica recompró ese 40 por ciento de las acciones a un precio--en la causa figuran más de 47 millones--que "era absolutamente de mercado, incluso un diez por ciento inferior a la media. El escenario es que el socio quería vender y nosotros queríamos comprar, pero ese precio no fue impuesto por alquien de fuera y esa cantidad establecida se ajustaba a la estrategia de la empresa y las ratios de la operación eran atractivos".

San Cayetano habría ganado el doble

En este último sentido, el testigo ha insistido en que la operación de recompra de acciones fue muy ventajosa para Iberdrola porque la puesta en marcha de los parques eólicos proyectados dieron en quince años beneficios por importe de 500 millones de euros. "Si San Cayetano no se hubiera apartado habría sacado el doble de la cantidad pagada por sus acciones, aunque también es cierto que tendría que haber invertido 250 millones".

En el mismo escenario ha situado el testigo el acuerdo para la promoción de parques con el también encausado Andrés Martín de Paz, quien, a través de la sociedad Villardefrades Eólica, y merced a un convenio en enero de 2005 puso a disposición de Iberdrola un terreno para este cometido y entró en la operación con la adquisición de un 20 por ciento de las acciones. Aunque la operación no fraguó, dado que el emplazamiento no era el idóneo, Viteli ha indicado que Iberdrola compensó a Martín de Paz con 150.000 euros por haber mantenido la parcela durante un tiempo en favor de la hidroeléctrica.

El propietario del terreno, al igual que en el caso anterior, decidió finalmente revender sus acciones a Iberdrola porque, como así ha justificado el testigo, la promoción de tres parques parques proyectados, con una potencia de 100 megavatios, habría supuesto un desembolso económico global por importe de 125 millones, de los cuales Martín de Paz tendría que haber aportado 25, liquidez que el testigo supone que no contaba el acusado.

En este caso, el precio por ese 20 por ciento de acciones pagado a Martín de Paz fue de 4.200.000 euros, una cantidad que, al igual que en la operación anterior, Viteli ha sostenido que "estaba en la media, incluso por debajo de lo pagado a San Cayetano", al tiempo que ha calificado el acuerdo de muy beneficioso para Iberdrola debido a la rentabilidad obtenida con la explotación de los tres parques promovidos.

A lo largo de su declaración, el ya exalto cargo de Iberdrola, además de avalar la idoneidad y rentabilidad de los negocios mantenidos con ambas sociedades, a excepción de la compra de proyectos a Cannon Power porque los mismos se hallaban en una fase muy inicial y no llegaron a materializarse, ha minimizado también la participación en todas estas operaciones de su predecesor en el cargo, el también acusado Pedro Barriuso, así como de los también 'inquilinos' del banquillo Ricardo Bravo y Rafael Icaza, tras advertir de que el segundo de ellos, delegado institucional en Castilla y León, tenía un "papel muy limitado" porque los precios fijados respondían a una "fórmula absolutamente mecánica", y el tercero de ellos, centrado exclusivamente en la parte económica, "se limitaba a comprobar que la operación tenía sentido, era rentable y firmaba los acuerdos por normativa de la compañía".