Valladolid Alta Velocidad avanza hacia la disolución con una deuda de 600 millones pendiente de asignar

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) encara un futuro que apunta a su disolución, un escenario de consecuencias imprevisibles para el desarrollo urbano de la ciudad. La entidad, participada por el Ministerio de Transportes, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, presenta una situación financiera insostenible, ya que dispone de una tesorería superior a los 100 millones de euros, pero soporta una deuda de 412,7 millones con sus socios mayoritarios, Adif y Renfe. Además, si se pone punto y final a esta asociación, a este pasivo «se incorporarán los 190 millones aportados por los socios», añaden fuentes consultadas por este periódico.

Este abismo financiero y el bloqueo político total entre el Gobierno central y el Consistorio han activado la cuenta atrás para un desenlace que, salvo un giro inesperado, se dirimirá en los juzgados de lo Mercantil. La decisión de llevar la sociedad al punto de no retorno se fraguó en el último Consejo de Administración, donde la falta de acuerdo para avanzar en los pasos de integración ferroviaria en la zona de Ariza evidenció una ruptura insalvable.

El origen de la deuda millonaria se remonta al fallido soterramiento del conocido como Plan Rogers, un proyecto de la etapa del exalcalde Francisco Javier León de la Riva que nunca llegó a ejecutarse pero que generó una deuda insostenible. Para evitar la quiebra, Adif y Renfe rescataron a la SVAV al asumir su deuda bancaria mediante préstamos participativos. Hoy, ese pasivo, reflejado en las cuentas de la sociedad como deudas con empresas del grupo a corto plazo, asciende a 412.757.571 euros. Frente a esta cifra, la entidad presenta unas pérdidas acumuladas que, solo en el ejercicio de 2024, alcanzaron los 68,5 millones de euros, dejando su patrimonio neto con un déficit superior a los 151 millones de euros.

Los fondos en tesorería, que se sitúan exactamente en 100.275.356 euros, provienen de las aportaciones que los socios han realizado conforme al convenio de 2017 y su adenda de 2022. Sin embargo, la armonía en los pagos se rompió este año, lo que ha precipitado la crisis. El Ayuntamiento de Valladolid decidió de forma unilateral aportar solo 1,23 millones de los 11 comprometidos para 2024, un decreto que la SVAV –gracias al voto de calidad del presidente designado por el Ministerio de Transportes– ha acordado impugnar ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Las propias cuentas de la sociedad reflejan en su memoria que el préstamo participativo del Consistorio para 2024, por valor de 11.075.000 euros, «no está suscrito ni desembolsado».

La disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad no sería un mero trámite administrativo, sino un seísmo con réplicas directas sobre el futuro de Valladolid. El principal activo que tiene la SVAV para sufragar su deuda es la venta de los suelos liberados por el ferrocarril, valorados por la sociedad en unos 331 millones de euros. Sin embargo, estos terrenos clave, como los de los antiguos talleres de Farnesio o los de Argales, todavía no han sido cedidos formalmente por Renfe y Adif. El convenio de 2017 es taxativo al respecto: la cesión está condicionada a que todos los accionistas estén al corriente de pago. El incumplimiento del Ayuntamiento abre la puerta a que las empresas estatales se reserven la facultad de no aportar dichos solares y comercializarlos por su cuenta, dejando a la SVAV sin su principal fuente de ingresos y con más de 300 millones de deuda pendiente.

Esta situación aboca a un reparto del pasivo restante que determinaría un juez, con el Ayuntamiento y la Junta expuestos a asumir una parte sustancial en función de su participación del 25% cada uno. Las consecuencias van más allá de lo económico. Proyectos de permeabilidad urbana ya aprobados, como los pasos de Arco de Ladrillo y los tres del entorno de Ariza, con un presupuesto conjunto cercano a los 50 millones de euros, caducarán si no se ejecutan a tiempo. Su futura disolución implicaría comenzar todo el procedimiento administrativo desde cero. Asimismo, la construcción de una nueva estación de autobuses, un proyecto valorado en casi 30 millones de euros y vinculado a la financiación a través de la SVAV, quedaría en el aire. La actual rehabilitación de la vieja terminal por parte de la Junta se interpreta como una señal de que el proyecto de la nueva intermodal se aleja definitivamente. 

El conflicto de fondo reside en dos visiones antagónicas sobre el futuro ferroviario. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defiende el modelo de integración firmado en 2017, mientras que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, insiste en retomar el soterramiento. Esta discrepancia ha paralizado la toma de decisiones, llevando al Ministerio a concluir que la sociedad ha perdido su objeto social. «Ni soterramiento, ni integración; hasta aquí hemos llegado», sentenció Puente tras el último Consejo de Administración –celebrado el pasado lunes–, al anunciar que denunciará el convenio por incumplimiento.

Mientras la batalla legal se prepara, Adif avanza en sus proyectos estratégicos, como la Variante de Mercancías y la nueva estación de trenes, obras que discurren al margen del convenio y que refuerzan el papel de Valladolid como nudo logístico del Corredor Atlántico, con o sin Sociedad Valladolid Alta Velocidad.