La Audiencia rechaza la nulidad de la causa de la trama eólica y pospone a la sentencia la prescripción

El tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid, que juzga la trama eólica, desechó este martes, en la resolución de las cuestiones previas, la nulidad del proceso, que habían pedido el día anterior las defensas de los acusados en aplicación de la doctrina jurídica del 'árbol envenenado'. También desechó valorar la prescripción de los delitos, que había sido argumentada también por todos los letrados defensores, y deja el pronunciamiento de las mismas para la sentencia.

Por otro lado, el presidente del tribunal obliga a unificar las acusaciones particulares de los ex socios de Ider, José María Grau Oses, Juan Francisco Grau Oses, María Francisca Rivera Lacoma, NR33 SL,  Enersol SL, José María Campos Delgado y María del Mar Redondo Castro, que en un principio acudieron como acusaciones separadas pero con el mismo escrito de acusación, y ahora intentaban presentarse como tres acusaciones separadas. Según el presidente del tribunal esto ralentizaría el proceso y asigna al letrado Alcantud la representación de esas seis acusaciones, junto a otras dos personas que se añadieron en la primera sesión de las cuestiones previas. El tribunal pospone hasta el principio del juicio la decisión sobre la conveniencias de las pruebas periciales presentadas a última hora. 

Respecto a la prescripción, el tribunal lo considera «una cuestión compleja, pues se trata de delitos continuados, y en algún caso de delitos permanentes». Además, «la participación de los partícipes no se puede ver desligada de los autores principales de los hechos». Para resolver la prescripción en las cuestiones previas, habría sido necesario que concurriera «de forma diáfana los presupuestos fácticos y jurídicos de la prescripción», es decir, «cuando no existe ninguna duda». No es el caso de las expuestas por las defensas, según el tribunal. «Las partes deben tener la oportunidad de defender su calificación de forma contradictoria en el juicio oral», apuntó el presidente del tribunal.

Por otro lado, consideró legítimas la reclamaciones de responsabilidad civil, que algunas partes habían considerado «tardías» por haberse iniciado «con los escritos de acusación y la apertura del juicio oral». Dentro del proceso penal «muchas veces nos olvidamos de la pretensión de carácter civil, que en muchas ocasiones es tanto o más importante que la pretensión penal», apuntó el magistrado. «No es tardío que llegue al proceso cuando llega». Además, consideró que no es necesario citar a los responsables civiles subsidiarios en el auto de imputación.

«Juicio político»

El presidente del tribunal rechazó la petición de la defensa de Rafael Delgado de incluir en la causa las intervenciones en las Cortes de Castilla y León del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, y de la exconsejera de Economía, Begoña Hernández, en las que explicaban cómo sería el desarrollo de la implantación de la energía eólica en la Comunidad, y aseguró que no permitirá ningún «juicio político» en declaraciones que recogió Ical.

Después de dos jornadas a cuestiones previas, el juicio no continuará hasta el próximo 6 de octubre, a partir de las 10 horas, con una jornada en la que comenzarán a declarar los testigos.

En el juicio, que se prolongará hasta finales enero de 2026 a lo largo de 43 sesiones, se sientan en el banquillo 14 acusados, entre los que se encuentran tres exaltos cargos de la Junta y once empresarios. Los acusados por la Fiscalía Anticorrupción, para los que se reclaman 138 años de cárcel, son Rafael Delgado Núñez, Jesús Rodríguez Recio, Alberto Esgueva Gutiérrez, Francisco Esgueva Gutiérrez, Germán José Martín Giraldo, César Hernández Chico, María del Mar Moreno Fernández, Patricio Llorente Muñoz, Alejandro Llorente Muñoz, Miguel Ángel Llorente Muñoz, Ricardo Bravo Sayas, Rafael Icaza de la Sota, Pedro Barriuso Otaola y Andrés Martín de Paz.

La supuesta trama tiene su origen en la decisión de la Junta de Castilla y León de favorecer la entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos para obtener las licencias correspondientes. El fiscal recoge que el exconsejero de Economía, Tomas Villanueva, y Delgado, establecieron en 2003 un modelo para manejar las licencias eólicas, por la que dejaron al margen de la tramitación a los servicios territoriales de la Junta. Así, obligaban presuntamente a que las grandes empresas se aliaran con pequeñas compañías de la Comunidad. 

La estrategia suponía exigir a los promotores interesados permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenazas de no obtener la autorización. Después, pequeñas compañías compraban participaciones a precios bajos y, una vez logrado el permiso e inflada su valía, las revendían por mucho más.

«Reconocimiento implícito»

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, pidió este martes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que “asuma responsabilidades” ante la “mayor trama de corrupción a nivel nacional”, como definió a la trama eólica, cuyo juicio comenzó ayer. Martínez aseguró que la petición de prescripción de los delitos que hicieron ayer los acusados, en la primera sesión del juicio, supone “un reconocimiento implícito” de la comisión de estos hechos por parte de personas que, como recordó el secretario general socialista en la Comunidad, “son compañeros importantes del señor Feijóo y el señor Mañueco”.

Ante esta situación, Carlos Martínez acusó al presidente de la Junta de “esconderse” y estar “oculto” y, por ello, le puso “en busca y captura” para dar “una recompensa a quien sea capaz de arrancar una sola asunción de responsabilidades” por parte de Mañueco como “el máximo responsable” de un caso que cifra en 800 millones de euros las sanciones y que “han sido usurpados a los vecinos de Castilla y León”.

“Mañueco tiene que dar la cara, rendir cuentas y asumir responsabilidades”, apuntó Martínez, que se dirigió al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para preguntarle si “dada la incapacidad e inoperancia” de la que acusó a Mañueco para “presentar cuentas, responder a los incendios que han asolado la Comunidad o asumir responsabilidades por la corrupción”, se trata de “su mejor candidato electoral”.

Ante el impacto que pueda tener este caso en los próximos comicios autonómicos, Martínez aseguró en declaraciones recogidas por Ical confiar “mucho” en la ciudadanía de Castilla y León porque “es suficientemente inteligente para saber quién es el responsable de la situación que estamos atravesando después de 40 años de gobierno de la derecha y de los casos de corrupción que están asolando la Comunidad igual que los incendios”.